El Gobierno admite que no vigila el destino del dinero público en empresas como SAPA o Indra

El Gobierno reconoce que no supervisa el uso del dinero público que canaliza hacia empresas en las que participa a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Este reconocimiento se recoge en una respuesta parlamentaria en la que el Ejecutivo delimita funciones. Además, descarta tener conocimiento sobre las relaciones empresariales derivadas de operaciones financiadas con recursos públicos. La respuesta del Ejecutivo tiene lugar en un contexto de intervencionismo en empresas y de escrutinio sobre el control de fondos y sus posibles derivadas de corrupción.

La aclaración del Gobierno llega tras una batería de preguntas registradas en el Congreso por diputados de Vox, a las que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, que ponen el foco en la relación entre Indra, SAPA Placencia y Servinabar. El origen de la iniciativa se sitúa en un préstamo público de 47 millones de euros concedido a SAPA a través de instrumentos estatales, así como en las informaciones que apuntan a posibles pagos posteriores de esta compañía a terceros.

En concreto, los diputados preguntaban si la SEPI tenía conocimiento de las reuniones o vínculos entre estas empresas, si había investigado las relaciones entre SAPA y Servinabar y si existía algún tipo de control sobre el destino de los fondos públicos concedidos. También solicitaban aclaraciones sobre el papel del Estado en la gobernanza de Indra, empresa en la que participa a través de la SEPI.

Indra, Servinabar, SAPA y Cerdán

Servinabar aparece en el centro de la polémica como sociedad vinculada a entornos políticos y empresariales, entre ellos el de Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE. Las preguntas parlamentarias trataban de esclarecer si existía algún tipo de relación directa o indirecta entre esta compañía y SAPA o Indra, y si esas conexiones habían sido conocidas o evaluadas por los organismos públicos con presencia en estas empresas.

La respuesta del Ejecutivo evita entrar en el fondo de esas relaciones sin confirmar ni desmentir los vínculos planteados. Sin embargo, sí establece un marco claro sobre el alcance de su actuación. En primer lugar, señala que en Indra son sus directivos los responsables del gobierno de la compañía, mientras que los accionistas —incluida la SEPI— ejercen sus derechos en el consejo de administración conforme a sus intereses.

A partir de ahí, admite que la SEPI no tiene conocimiento ni le corresponde conocer las reuniones que puedan mantener las empresas entre sí. Este reconocimiento implica que el organismo que representa al Estado en el capital de compañías estratégicas no dispone de información sobre sus relaciones empresariales ni sobre los contactos que puedan establecer con terceros.

Empresas participadas por la SEPI

Además, el Ejecutivo afirma que ni la SEPI ni la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Sepides) tienen competencia para investigar las relaciones económicas entre SAPA y Servinabar. Tampoco les corresponde indagar en posibles vínculos financieros o comerciales entre ambas sociedades.

En relación con el préstamo concedido a SAPA, el Gobierno señala que la financiación se otorgó conforme a la normativa del fondo correspondiente y a los procedimientos establecidos. Sin embargo, introduce una precisión relevante: el seguimiento del uso de los fondos no es responsabilidad de la SEPI. Esta función, indica, recae en el Ministerio de Industria y Turismo y en los instrumentos asociados al fondo, mientras que la SEPI no supervisa ni gestiona esos recursos.

La SEPI participa en empresas como Indra y está presente en sus órganos de decisión, pero no controla sus relaciones ni dispone de información sobre sus interacciones con otras compañías, según el Gobierno. Mientras, Sepides interviene en la canalización de fondos, pero no investiga los vínculos empresariales derivados de esas operaciones. Y el Ministerio competente mantiene la titularidad de los instrumentos financieros, sin que el sistema permita un seguimiento integral del recorrido del dinero.

Inversión en sectores sensibles

Según la respuesta, una vez concedida la financiación pública, el flujo de fondos a través de las empresas queda fuera de la supervisión de los organismos que representan al Estado. Las relaciones entre compañías, incluidos posibles pagos a terceros como Servinabar, no forman parte del ámbito de control reconocido por el Ejecutivo.

El caso adquiere especial relevancia por el perfil de las empresas implicadas. Indra opera en sectores estratégicos vinculados a la defensa y la tecnología, mientras que SAPA desarrolla actividad industrial en el ámbito militar. En este contexto, la ausencia de información sobre sus relaciones empresariales y sobre el uso final de los fondos públicos introduce un elemento de opacidad en un ámbito especialmente sensible. Pese a ello, el Gobierno mantiene que no le corresponde investigar ni conocer esos extremos.

La conclusión que se desprende de la respuesta parlamentaria es que el Estado participa, cada vez más; financia y está presente en empresas estratégicas sin disponer de mecanismos efectivos para supervisar sus relaciones ni seguir el recorrido del dinero público. La propia respuesta del Gobierno confirma que estas conexiones —como las planteadas entre SAPA y Servinabar— quedan fuera de su ámbito de control, lo que deja sin respuesta las dudas sobre el uso de fondos públicos y evidencia un vacío de supervisión en compañías clave.