El Gobierno ofrece pruebas de ADN a familiares de los desaparecidos en la Guerra Civil

El Gobierno pondrá a disposición de las familias que busquen a personas desaparecidas en la Guerra Civil y la dictadura franquista pruebas de ADN para facilitar las labores de investigación de los restos que se puedan hallar en las exhumaciones de España. Así lo ha anunciado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la reunión del Consejo Territorial de Memoria Democrática, celebrada este viernes en La Palma, con representación presencial de Canarias, País Vasco y Castilla-La Mancha. El resto de comunidades ha participado de forma telemática.

En la reunión se ha aprobado por «amplísima mayoría», sin ningún voto en contra y solo dos abstenciones, el reparto de tres millones de euros entre las comunidades autónomas para exhumaciones e investigaciones, lo que ha celebrado el ministro al ser este el órgano sectorial del Gobierno que concita el mayor consenso.

Ha insistido Torres en que en el conjunto de las comunidades existe «un consenso mayoritario, amplísimo», sobre los procesos de exhumación, dignidad, reparación y no repetición, si bien con respecto a la memoria democrática «hay diferencias», como ha quedado plasmado en leyes aprobadas «en ciertas comunidades».

A diferencia de otros consejos territoriales «donde se vota en contra o se abandonan las sesiones», el de Memoria Democrática celebrado este viernes en La Palma ha estado marcado por «un tono educado, de propuestas, también correcciones, y finalmente de apoyo». Actitud que a Torres le «alegra» porque esto, ha dicho, «debería ser una obligación de cualquier demócrata que sufrimos cuatro décadas de fascismo (…) qué menos que recuperar a las personas que dieron la vida por defender la democracia, que lo hagamos de la mano las instituciones democráticas».

Respecto a las pruebas de ADN ha explicado que se harán en laboratorios repartidos por todo el país con la participación de las comunidades que, «lógicamente, si necesitan más recursos» para este cometido, el Gobierno «estará a disposición». Torres ha hecho hincapié en la urgencia de poner en marcha esta medida ya que «el tiempo no juega a favor porque hablamos de acontecimientos de hace 80, 90 años, y las generaciones se van sucediendo».

Por lo demás, ha indicado que una vez decidido el reparto de la financiación «se pone punto final al proceso administrativo y a partir de ahora los recursos llegarán a las comunidades autónomas para los proyectos ya presentados poderlos desarrollar cuanto antes y seguir avanzando en dar dignidad, justicia, verdad y reparación a las víctimas de la dictadura y la guerra».

Ha detallado que a Canarias le corresponden de ese reparto 700.000 euros para proyectos de exhumación e investigación, a los que se suma una financiación adicional para cuatro cabildos: el de La Palma, para seguir con los trabajos en Fuencaliente; el de Gran Canaria, para una tercera campaña en el Pozo de la Vuelta del Francés (Arucas); el de Tenerife, para el estudio de distintos lugares; y el de Fuerteventura, para un centro de interpretación en Tefía.

La consejera canaria de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha añadido que al Gobierno de Canarias le corresponden de ese reparto 74.000 euros, que completará con fondos propios para los proyectos en marcha y otros nuevos que tiene en cartera. Ha explicado que ese dinero irá a exhumaciones y a proyectos con asociaciones y de divulgación, y ha recalcado la importancia de la celebración del primer día de la memoria en Canarias el próximo 7 de mayo, fecha de la primera exhumación judicial de represaliados de la Guerra Civil y el franquismo, hace 32 años, en el Pino del Consuelo, en Fuencaliente.

Barreto ha coincidido con el ministro Torres en que el consenso que suele darse en el Consejo Territorial de Memoria no se da en otros, como por ejemplo el de Justicia, en el que «es muy difícil sacar algo por consenso y hay plantes donde comunidades ni siquiera acuden a las comisiones».