Laura Borràs recurre la condena a cuatro años y medio de prisión por fraccionar contratos

Laura Borràs se resiste a ser sancionada por fraccionar contratos para adjudicarlos a dedo, lo que puede costarle su escaño en el Parlament. La presidenta de Junts per Catalunya lleva el caso al Tribunal Supremo. Para ello ha interpuesto un recurso de casación a la sentencia que dictó a finales de marzo el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que la condenó a cuatro años y medio de prisión. La noticia ha trascendido el mismo día en el que la Junta Electoral Central se reúne para debatir si retira el escaño a la dirigente independentista.

La providencia, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, emplaza a las partes a que comparezcan ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo en el «plazo improrrogable» de 15 días. Los abogados de Borràs, Gonzalo Boye e Isabel Elbal, deberán presentar los argumentos en los que sustentan su recurso en los próximos días. La política catalana ha defendido su inocencia durante todo el proceso, por lo que pide ser absuelta.

Borràs fue condenada a cuatro años de cárcel y 13 de inhabilitación por el TSJC por fraccionar hasta 18 contratos para adjudicarlos a dedo entre 2013 y 2017, cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Los magistrados pidieron al Gobierno un indulto parcial para rebajar la pena a dos años y evitar que ingresara en prisión. Un escenario que no esquivaría la amenaza de perder su escaño en el Parlament (ya ha sido suspendida como presidenta). La Junta Electoral Central debate este jueves la posibilidad de retirárselo, algo que han solicitado PP, Ciudadanos y Vox.

El acta de Borràs

El órgano electoral podría dejar la decisión en manos de la Junta Electoral Provincial, que podría dejar visto el caso para sentencia en menos de 48 horas. Otra posibilidad es que no tome una decisión hasta que la condena a Borràs sea firme.

Todo apunta a que la presidenta del partido de Carles Puigdemont perderá su acta, como ya sucedió con los precedentes de Quim Torra y Pau Juvillà, que perdieron su condición de diputado en virtud del artículo 6.2.b de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General por lo que se conoce como una inelegibilidad sobrevenida.

Borràs ha recalcado que no dejará el Parlament, aunque lo ordena la Junta Electoral. Además, ha reclamado ser restituida como presidenta del Parlament, algo poco probable. Su partido, Junts per Catalunya, rechaza sustituirla porque supondría «aceptar una derrota», la que podría sufrir en caso de tener que negociar de nuevo el cargo. La dirigente independentista ha tildado su condena como «un atropello democrático».

La sentencia del TSJC considera que Borrás incurrió en un delito de prevaricación al otorgar al informático Isaías Herrero 18 contratos a dedo por valor de 335.000 euros para poner en marcha y mantener las webs de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). «Acordamos dividir el trabajo en varios contratos», declaró Herrero ante el tribunal. La dirigente independentista asegura que desconocía lo sucedido porque su labor al frente de la ILC fue «correcta, legal y perfectamente razonable».

Las pruebas contra ella eran contundentes. Borràs intercambió diferentes correos electrónicos con Herrero desde que llegó a la ILC en 2013. En esos emails la aún diputada daba indicaciones sobre cómo elaborar distintos presupuestos para simular varios ofertas cuando, en realidad, solo existía un único encargo. El beneficiario afirmó a los magistrados que se aprovechó de contratos encubiertos que fueron fraccionados indebidamente.

Una de las magistradas María Jesús Manzano, emitió un voto particular al considerar que la presidenta de Junts per Catalunya no cometió falsedad documental, sino que solo la indujo. En su opinión la condena de prisión a Borràs no debería superar los 21 meses y la inhabilitación que se le aplique solo tendría que afectar a cargos con facultad de contratación, por lo que podría mantener su escaño.