El disputado voto rural: promesas y antídotos para una España que se vacía

Son casi seis millones de personas las que viven en ese concepto abstracto, de nuevo cuño, que se hace llamar la España Vaciada. Territorios con escasa densidad de población, municipios muy pequeños, envejecidos y dispersos, que adolecen de falta de servicios.

Sus habitantes escuchan promesas de futuras inversiones para atraer un voto que, en pleno siglo XXI, está tan disputado como el del señor Cayo de Miguel Delibes.

Disputado porque un escaño en el Congreso en una de las circunscripciones menos pobladas puede llegar a costar hasta un tercio menos que en las más pobladas. En las pasadas elecciones, Teruel Existe, formación política que nació de un movimiento ciudadano descontento con el «olvido» de esta provincia, paradigma de la España despoblada, logró un diputado con, exactamente, 19.761 votos. A Unidas Podemos, cada uno de sus 26 le costó 91.613 sufragios.

Según la proyección del Instituto Aragonés de Estadística, España ganará más de cuatro millones de habitantes en quince años y más de cinco hasta 2072.

Pero si se pone la lupa en el crecimiento territorializado se observa que mientras comunidades como Baleares, Murcia y Canarias incrementarían su población en un 25 %, un 16 % o un 15,5 %, respectivamente, otras regiones perderían habitantes, como Asturias (–6,7%), Extremadura (–4,8%) y Castilla y León (–4,1%).

Casi 3.400 municipios en riesgo de desaparecer

El Banco de España, en su informe anual de 2020, calcula que en España hay 3.403 municipios en riesgo de despoblación. Es decir, el 42 % del total. En ellos viven, aproximadamente, un millón de personas.

Según la Secretaría de Estado para el Reto Demográfico, en España hay 8.131 municipios, y de ellos, en 6.815 (el 83,8 %) viven menos de 5.000 personas. Es decir, que el 12% de la población española (unos 5,7 millones de personas) vive en el 83,8 % de los municipios.

Ocho de cada diez localidades menores de 5.000 habitantes ha perdido población en la última década. En el lado más extremo, Galicia es la comunidad líder en núcleos abandonados. De las 10.633 entidades sin habitantes que contabilizó el INE en su último balance, 3.954 están en las cuatro provincias gallegas.

La Xunta ha impulsado una plataforma digital para posibilitar la venta o alquiler de los inmuebles de estos lugares, acción que se suma a la iniciativa privada, como la de Galician Country Homes, idea de un británico, Mark Adkinson, afincado en la región desde hace más de cuatro décadas.

Como asunto destacado en la agenda pública, la Secretaría de Estado para el Reto Demográfico considera imprescindible desarrollar una hoja de ruta que asuma el desafío de devolver a esos territorios «un protagonismo que nunca debieron perder».

Soluciones vinculadas al territorio

Muchas instituciones tienen competencias en este empeño. Pero ¿cómo hacerlo? ¿se cuenta con la gente del territorio? ¿se atienden los desequilibrios?

La coordinadora general de la España Vaciada, Inmaculada Sáenz, alcaldesa de Nieva de Cameros (La Rioja), recuerda a Efe que llevan años demandado una normativa específica y acorde con la situación en los lugares «donde menos vida hay».

Desde «despachos sin ventanas» en las grandes ciudades se legisla sin conocer la realidad de esos territorios en los que, con gran esfuerzo presupuestario, se mantienen escuelas abiertas con tres alumnos (como Aragón, con una cincuentena con entre 3 y 6 niños, Asturias o Castilla y León) o con cuatro, como en Castilla-La Mancha.

La ausencia de médicos que atenaza a todo el Estado golpea con especial fuerza a estos territorios, pero también la de servicios bancarios.

Según la Organización de Consumidores, un 20 por ciento de los municipios españoles carece de oficina bancaria y un 42 % de los habitantes en localidades de menos de 5.000 habitantes no la tienen en su municipio. El porcentaje es especialmente elevado en Castilla y León, con un 37,6 %. En Cuenca, en Castilla-La Mancha, no hay sucursales en seis de cada diez pueblos.

Ser menos no resta derechos, insiste Sáenz, quien reclama que se adapten los servicios. La España Vaciada no quiere ser rentable, quiere que sea posible, como prometen todos los programas electorales, que todos los ciudadanos tengan derecho a vivir, y vivir bien, donde decidan hacerlo.

Poder comprar pan, tomar un vermú

Teruel Existe capitalizó el descontento de esa pequeña provincia, la segunda menos poblada de España después de Soria, y dando forma política a un movimiento ciudadano de más de veinte años consiguió un escaño en el Congreso en las elecciones de noviembre de 2019.

Después Soria Ya! logró tres procuradores en las Cortes de Castilla y León con el 43 % de los apoyos, aunque ahora prefiere no concurrir a las municipales por la dificultad de cerrar candidaturas «solventes».

Pero otras plataformas sí concurren, en candidaturas para cuatro Comunidades, trece provincias (Teruel, Huesca, Zaragoza, La Rioja, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Valladolid, Asturias, Toledo, Cuenca y Almería) y 233 municipios.

Intentarán emular a Teruel Existe que, con un único escaño en el Congreso, ha sido capaz de impulsar iniciativas como la que pretende considerar entidades de economía social a los bares, restaurantes y pequeños comercios de pueblos de menos de 200 habitantes.

Cuando se cierra un bar, el drama, aunque diferente, es parecido al que provoca el cierre de una escuela, porque ante la ausencia de servicios de ocio, cultura o restauración, el bar se erige en centro social de convivencia.

Propuestas alejadas del victimismo

Abandonar el discurso del victimismo no parece fácil, pero ya hay quienes, alentados por la pandemia, por el aire puro, por la tranquilidad o por todo un poco, deciden cambiar el asfalto por el prado y trasladarse a teletrabajar al medio rural.

Llevar a estos lugares las redes de banda ancha y 5G necesarias, objetivos que hace suyos también la Unión Europea, es una de las medidas prioritarias en la lucha contra la despoblación.

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, en su informe de Cobertura de Banda Ancha 2022, asegura que la brecha de conectividad entre zonas urbanas y rurales se está reduciendo gracias al despliegue de infraestructuras de redes fijas ultrarrápidas. La brecha era de 42 puntos porcentuales en 2018 y en 2022 se ha reducido a 18, con lo que se está cerca de cerrarla completamente en 2025.

Ante promesas y planes que se reactivan en campaña electoral, hay territorios en los que ya se bucea en soluciones imaginativas. Muchos municipios de Castilla y León o de Aragón ofrecen trabajo y vivienda asequible a familias que lleguen con niños para mantener abierta la escuela.

En Aragón, diez comarcas se han unido para lanzar el portal Ruraljob, una plataforma para dar a conocer las oportunidades de empleo en el medio rural y un pequeño pueblo antaño minero, Utrillas, premia cada nacimiento con 1.400 euros, un queso y un pan, para hacer bueno el refrán de que los hijos nacen con uno debajo del brazo.

La Junta de Castilla y León, ante el problema de la vivienda, ha habilitado una normativa que permite vender como tales locales comerciales; Pescuza (Cáceres), donde la mayoría de sus 150 habitantes son octogenarios, se ha convertido en una residencia para los mayores, que se mantienen en sus casas con servicios, o Burguillos (Badajoz) ha abierto una residencia universitaria para dar cobijo a quien quiera hacer sus trabajos de fin de grado o de máster en la tranquilidad del medio rural.

En Asturias ya hay un plan autonómico para que la perspectiva demográfica se introduzca en todas las políticas públicas y plantea una clasificación de los concejos en función de su demografía, con el fin de establecer beneficios fiscales.

Castilla-La Mancha aprobó una ley que da ventajas fiscales a residentes de zonas despobladas, con deducciones para adquisición o rehabilitación de vivienda y en el impuesto de transmisiones, y con ayudas directas para captación de emprendedores y talento.