Los principales sindicatos policiales denuncian el «ataque a la democracia» de la amnistía

Varios de los principales sindicatos de la Policía Nacional han reaccionado este jueves al inminente registro de la ley de amnistía, como reclaman los partidos independentistas para apoyar la investidura de Pedro Sánchez, denunciando que supone un «ataque directo a la democracia». «Menosprecio absoluto», «incongruente», «inaceptable» o «grave despropósito» son algunos de los calificativos que usan estas organizaciones representativas.

Además, han vuelto a expresar su rechazo frontal a que los policías sean incluidos como beneficiados de la norma, lo que supondría «equipararles con delincuentes que buscan romper España», y entienden que constataría que «no sirvió de nada» el trabajo de los 10.000 policías que actuaron contra el referéndum del 1-O, puesto que serían perdonados los autores de los disturbios callejeros tanto de 2017 como tras la sentencia del ‘procés’ en 2019 que provocaron heridas en agentes, tres de ellos jubilados por incapacidad.

«Si la ley de amnistía sale adelante, quedará constatado que no sirvió de nada el trabajo de los policías, los agentes heridos y los tres compañeros que resultaron jubilados por sus lesiones en los disturbios», ha apuntado el sindicato JUPOL en un comunicado en el que lamentan que a estos policías se les «arrebató su vida profesional».

«Ahora tienen que ver cómo los responsables van a ser perdonados sin consecuencia alguna», ha indicado. Además, reiteran su rechazo frontal a que los 45 policías procesados por sus actuaciones en Cataluña contra el ‘procés’ puedan ser incluidos en la ley de amnistía. «Es incongruente que el Gobierno de España equipare a los defensores de la ley, el orden y la Constitución con los delincuentes que solo buscan romper España», dicen.

Sánchez dinamita el estado de derecho

JUPOL critica al Gobierno por cerrar el pacto con los independentistas «con nocturnidad y alevosía», dando el «mayor susto de la noche de Halloween». En su opinión, el Ejecutivo –citando tanto a Pedro Sánchez como la líder de Sumar, Yolanda Díaz– «debilita las instituciones» e «insulta» con una «intolerable falta de respeto» a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

«Es una ley con la que Pedro Sánchez pretende continuar en Moncloa y que supone un ataque directo a la democracia, al Estado de Derecho, a la separación de poderes, a la igualdad entre españoles y a la propia Constitución, de los cuales la Policía Nacional ha sido siempre el garante», apuntan.

El sindicato de la Policía rechaza que se apruebe una ley que «perdona un golpe de Estado», en referencia al referéndum de octubre de 2017 y también los disturbios en 2019 en protesta por la sentencia del Tribunal Supremo. «Dinamita el actual Estado de Derecho y la división de poderes», insiste JUPOL.

«Esta ley supone un menosprecio absoluto a los 10.000 policías que se trasladaron a Cataluña en octubre de 2017 y en 2019, que acudieron a cumplir un mandato judicial y a defender la unidad de España en unas condiciones pésimas de trabajo, hacinados en barcos, expulsados de los hoteles y con una absoluta desprotección por parte de los diferentes gobiernos», concluye JUPOL.

SUP: No a equipararles con terroristas urbanos

El SUP también ha reiterado su rechazo frontal a la ley de amnistía y a la posibilidad de incluir a policías entre los beneficiados. «No queremos que nos metan en el mismo saco que terroristas urbanos, sediciosos, malversadores y personas que desobedientes a la autoridad judicial; por higiene democrática, el SUP dice no a esta amnistía», han apuntado.

Este histórico sindicato de la Policía ha expresado su «firme oposición» y recuerdan el papel que ejercieron las Fuerzas de Seguridad para frenar a «terroristas urbanos como los CDR», unos comités que ahora podrían ser amnistiados.

«Estos terroristas urbanos tenían como objetivo acabar con la vida de un policía, logrando finalmente jubilar a tres policías nacionales, los cuales nunca podrán volver a realizar una vida normal debido a las lesiones de por vida que padecen», recuerda el SUP, contrario que se «borre la responsabilidad penal de los autores de esos hechos» y que, además, ahora «el Estado les pide perdón».

«Amnistiar supone decirle al que ha cometido un delito que el Estado ha obrado mal. ¿Dónde está la justicia para estos policías? Consideramos que esta medida es un grave despropósito que atenta contra los principios fundamentales de nuestra Constitución y socava los pilares de nuestro Estado de Derecho», ha continuado, reivindicando el «trabajo incansable» de quienes tras el 1-O mantuvieron su compromiso con el Estado de Derecho.

«El intento de utilizar a la policía como herramienta para blanquear este ataque a la Constitución incluyendo a parte de los policías y excluyendo a otros es inaceptable», ha señalado el SUP, que lo que reclama es que los agentes procesados, llegados el caso, tengan un juicio «con todas las garantías como los Junqueras, Homs o Turull y así poder demostrar que actuamos conforme a derecho».

CEP: Desnaturaliza la legalidad del Estado

«Los principios fundamentales de nuestra democracia están en juego; la igualdad ante la ley, el principio de legalidad y la división de poderes son fundamentales en una sociedad democrática, y no pueden ser comprometidos en aras de objetivos políticos o partidistas. Como siempre los policías a los pies de caballos para ser utilizados de forma espuria por políticos interesados en su silla, en lugar del interés general», ha terciado el SUP.

Los principales sindicatos llevan semanas mostrando su rechazo a la ley de amnistía. Cuando la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz aseguró en agosto que la norma podría incluir a los policías, otras organizaciones como CEP ya expresaron su ‘no’ rotundo.

«No hay política más dañina para el trabajo policial que aquella que desnaturaliza el principio de legalidad de un Estado de Derecho», advirtió la CEP, para añadir su oposición a «ninguna medida que incentive la impunidad de cualquier delincuente». Además, este sindicato también se mostró preocupado por que la «presencia, instalaciones o competencias de Policía Nacional y Guardia Civil puedan ser moneda de cambio en negociaciones políticas».

Desde la Guardia Civil, varias asociaciones profesionales representativas también han criticado la amnistía al entender. Al anuncio en agosto de las negociaciones, AUGC reaccionó lamentando que dicha ley «amenace con deshacer todo el arduo trabajo realizado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en una situación tan complicada, en uno de los desafíos más grandes al Estado».

«Sentimos que estamos siendo utilizados como moneda de cambio en Cataluña», añadió AUGC, subrayando la labor policial frente a los líderes independentistas que quisieron «socavar el orden social y restringir los derechos de la ciudadanía».

JUCIL llegó a calificar de «felonía» que Pedro Sánchez defendiera ante el Comité Federal del PSOE la amnistía, lo que implicó que el Ministerio del Interior anunciara la apertura de un procedimiento por parte de la asesoría jurídica de la Guardia Civil para estudiar las posibles consecuencias legales, al entender que se había quebrantado el principio de neutralidad exigido a los integrantes del Instituto Armado.