Adrián Vázquez extendió el uso de tarjetas corporativas a toda la cúpula de Ciudadanos

El ex secretario general de Ciudadanos hasta finales de marzo, Adrián Vázquez, no solo elevó un 45% el gasto en los sobresueldos para los miembros de su Ejecutiva cuando accedió a la dirección del partido centrista a principios de 2023, sino que duplicó el límite de la tarjeta corporativa de Ciudadanos hasta los 1.000 euros mensuales. Además, extendió su uso a todos los miembros de su Comité Permanente –15 personas en total– cuando en la etapa de Inés Arrimadas solo la tenían ella y tres personas de su núcleo duro, según los documentos internos de la formación naranja a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE en exclusiva.

Ciudadanos contaba a finales de 2022 con 43 tarjetas corporate en activo. Casi todas tenían un límite, estaban repartidas entre trabajadores de la dirección nacional y secretarios autonómicos de Organización. Pero solo disponían de ella cuatro personas del Comité Permanente: Inés Arrimadas; su secretaria general, Marina Bravo; y los dos vicesecretarios generales, Daniel Pérez y Edmundo Bal. Los tres primeros tenían un tope mensual de 600 euros, mientras que la tarjeta de Bal estaba topada en 200 euros. La diferencia entre él y Pérez se debía a que este último tenía que desplazarse desde Zaragoza para asistir a reuniones y ejercer de portavoz en la capital. El resto de dirigentes, por ejemplo Begoña Villacís o Juan Marín, nunca disfrutaron de un plástico naranja.

Cuando a alguien del partido se le entregaba una de estas tarjetas, desde el departamento de Finanzas se le adjuntaban tres documentos: un protocolo de liquidación de gastos, otro sobre los gastos que se podían hacer con ella, así como un manual de Tickelia sobre el proceso de gestión de este tipo de gastos en una aplicación. Es lo que ocurrió con Adrián Vázquez en febrero del año pasado a los pocos días de su nombramiento como secretario general (ver abajo).

La nueva dirección naranja procedió a la cancelación «inmediata» de todas las tarjetas vigentes de la etapa Arrimadas –las mencionadas 43– y acordó emitir 20 nuevas para los 15 miembros de la Ejecutiva liderada por Adrián Vázquez y Patricia Guasp, así como para cinco trabajadores de los departamentos de Finanzas y Gerencia en la sede central. Tanto el secretario general como la portavoz política, así como el vicesecretario general (Mariano Fuentes) y el coordinador nacional (Carlos Pérez-Nievas), recibieron una corporate con un límite mensual de 1.000 euros. Es decir, 400 euros más del tope que tenían Arrimadas y su núcleo duro.

Para el resto de miembros del Comité Permanente, la tarjeta para gastos cubría 500 euros al mes (ver abajo). La misma cantidad que se impuso para la secretaria de dirección y los diferentes jefes de gabinete de la alta dirección. En el caso de los tres trabajadores de Gerencia, las cantidades fluctuaban entre los 500 y 1.600 euros en función de su cometido: uno de ellos se encargaba de comprar billetes de viaje de líneas low-cost cuando no era posible pagarlo «a través de la agencia». Otro empleado podía utilizar la tarjeta «para la compra de material de Makro, ferretería y reportar la furgoneta logística» y el tercero, «para hacer frente a las compras de artículos en Mercadona y pequeños artículos de material de oficina».

En el caso de los secretarios de Organización autonómicos, la decisión quedó pendiente de una ulterior propuesta del coordinador nacional, según el acta de la reunión de la Ejecutiva naranja al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. En total, las 20 tarjetas de pago sumaban 13.200 euros en conjunto si se agotaba el saldo disponible mensual (ver abajo).

Adrián Vázquez declinó responder a las preguntas de este diario, si bien desde su equipo se subraya que el aumento del dinero disponible en las tarjetas corporativas, así como la entrega generalizada a todos los miembros del Comité Permanente, se debió «a la cercanía de las elecciones municipales y autonómicas» de mayo, en la que sus dirigentes nacionales iban a tener que recorrer buena parte del territorio.

¿Qué se podía hacer con esta tarjeta corporativa? Ciudadanos aprobó en mayo de 2018, con Albert Rivera aún de presidente, un protocolo de liquidación de gastos para explicar a sus beneficiarios qué se podía gastar y qué no. Para los gastos de locomoción o billetes de transporte, la norma general era que todos los billetes de avión, barco o tren fuesen gestionados a través de la agencia de viajes «de referencia» del partido o del grupo institucional.

Por lo tanto, el uso de la tarjeta para estos casos por parte de un beneficiario era «excepcional». «Estos gastos excepcionales, para ser liquidados deben estar justificados y ser autorizados expresamente por el superior jerárquico que deberá firmar además el justificante», precisa la formación naranja en este documento al que ha tenido acceso este periódico. Además, no se incluían los gastos derivados «de cambios de horario, anulaciones, mejoras de categorías, etc., de dichos billetes».

En cuanto a la posibilidad de llenar el depósito del coche, alquilar un vehículo o pagar peajes con la tarjeta, Ciudadanos acepta que se abonen los «gastos de repostaje, peajes de vehículos alquilados y propios derivados de viajes por necesidades de trabajo o en representación del Partido o grupo institucional». También el alquiler de vehículo reservado y pagado «de forma excepcional por el interesado» si cuenta con el visto bueno del superior jerárquico. Pero no acepta los gastos de repostaje ni de peaje cuando se trata de un desplazamiento entre la vivienda habitual y el centro de trabajo, o para asistir a un mitin «salvo cuando sea llamado a participar o asistir al mismo». La formación naranja determinó que compensaría con 0,19 euros por cada kilómetro recorrido.

Respecto a la manutención, Ciudadanos permite a los usuarios de su corporate un importe que no exceda de los 20 euros. Eso sí, cada gasto tiene que ser documentado «con el ticket detallado del restaurante, el motivo de la comida y los comensales participantes» si el beneficiario invita. En el caso de desplazamientos de larga duración, «se comunicará la política a seguir en cada caso, no superando nunca el importe de 40 euros diarios», se precisa en dicho protocolo.

Con la citada tarjeta también se puede pagar gastos de lavandería cuando esté «justificado» por la duración del viaje. Para no caer en equívocos, la formación naranja indica que «por regla general» no se puede hacer un cargo de este tipo en desplazamientos «inferiores a una semana, salvo urgencias».

La formación centrista sí veta los gastos de multas y sanciones impuestas por infracciones de tráfico cometidas durante un viaje o gestión de trabajo, así como las compras de «material de oficina, materiales, equipos, consumibles o accesorios informáticos, terminales de teléfonos móvil, o en general cualquier otro material, equipo o servicio que deba ser solicitado por otro medio ya establecido en el Partido o grupo institucional».

«Las personas implicadas deberán observar siempre los principios generales de austeridad, economía, proporcionalidad y rigor presupuestario. En el caso de gastos menores para los que hubiera dificultades para conseguir una factura, como en el caso de taxis, bastará con el recibo o documento análogo», se indica en el protocolo de liquidación de gastos con una advertencia final: «El departamento de Finanzas no recargará el saldo de la tarjeta corporate si el interesado no ha justificado los gastos de los meses anteriores».

El protocolo siempre ha sido un aviso para navegantes para los empleados, sobre todo. Con los dirigentes siempre ha habido «más manga ancha» a la hora de fiscalizar dichos gastos internamente, pero siempre ha estado la espada de Damocles del Tribunal de Cuentas, el organismo encargado de revisar cada año que no haya un uso indebido de las tarjetas. «Si estabas en campaña y gastabas más, llamabas y te renovaban el crédito. Pero yo nunca la usaba, siempre me pagaba las cosas de mi dinero», recuerda una persona que tuvo acceso a ella en tiempos de Rivera.