Azcón dice que la prioridad nacional es «fácil de entender» y la vincula al arraigo

El candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha asegurado este martes que el llamado «principio de prioridad nacional», una exigencia de Vox para llegar a un acuerdo de gobierno con el PP, es «fácil de entender» y busca establecer «una asignación justa de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio».

En su discurso en la primera jornada del pleno de investidura en las Cortes de Aragón, el presidente en funciones y candidato popular a la reelección ha defendido las medidas acordadas por PP y Vox con el objetivo de que «los aragoneses no se vean postergados en el acceso a las ayudas públicas que se financian mediante sus impuestos».

«Que quienes reciban ayudas, sea cual sea su procedencia, deben acreditar, de acuerdo a distintas baremaciones, una vinculación legal, efectiva y beneficiosa con el territorio donde viven», ha explicado.

Azcón ha reconocido que «Aragón necesita seguir recibiendo de forma legal y ordenada a personas de otros países que quieran venir a contribuir con su trabajo a la creación de riqueza», que «merecen y deben recibir el apoyo de nuestro sistema», pero ha defendido luchar «con todos nuestros medios» contra la inmigración «ilegal» y «quienes busquen aprovecharse de ella».

Del mismo modo, ha pedido «que nadie busque confundir», ya que, en sus palabras, el enfoque de la «prioridad nacional» en la prestación de ayudas y servicios públicos se aplicará «cumpliendo estrictamente la legalidad y no privará a ninguna persona de una atención sanitaria y social básica».

En ese sentido, ha señalado que lo que busca este enfoque es «establecer baremos de acceso a las ayudas sociales que, respetando la ley, demuestren el arraigo territorial y la aportación al sistema de quienes la reciben, sea cual sea su nacionalidad».

En este punto, Azcón ha instado al PSOE y a la izquierda que «dejen de rasgarse las vestiduras» dado que «estos criterios llevan operativos en España desde tiempos de Felipe González» y, pese a la «crítica demagógica», también los aplican comunidades gobernadas por los socialistas «porque es lógico y es justo» que los gobiernos ayuden «a quienes tienen arraigo y contribuyen con sus impuestos».