El interventor de Castilla-La Mancha dona al PSOE y lo incluye en su declaración de bienes
Manuel Laguna entregó 1.080 euros a los socialistas cuando el código ético prohíbe «favoritismos» a entidades públicas
Manuel Laguna (d), el día de su toma de posesión junto al consejero de Hacienda, Alfonso Ruiz Molina (i). | EP
Polémica en torno al interventor general de Castilla-La Mancha desde septiembre de 2022, Manuel Laguna, y el código ético que rige para los altos cargos del Gobierno autonómico al incluir una aportación dineraria de 1.080 euros al PSOE en su última declaración de bienes, rentas y actividades.
Laguna tiene reconocido por su cargo plena autonomía e independencia funcional respecto a los órganos del Gobierno autonómico que controla, aunque depende orgánicamente de la Consejería de Hacienda, lo que en el pasado ha generado críticas desde la oposición por su supuesta falta de independencia del poder político. La Intervención General castellanomanchega se encarga de fiscalizar los gastos, auditar el sector público de la región y dirigir la contabilidad pública, asegurando el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria.
Pese a su condición de alto cargo del Ejecutivo autonómico, con rango de viceconsejero, el trabajo del interventor general está blindado por la normativa regional, en la que se subraya que actúa con «plena autonomía e independencia funcional» a la hora de evaluar y controlar el gasto público de la comunidad autónoma. THE OBJECTIVE se puso en contacto con la oficina de Laguna para recabar una opinión suya sobre esta donación al PSOE, pero no recibió una respuesta al cierre de esta edición.
En la declaración anual como cargo público de julio del año pasado, Laguna no aclara si los 1.080 euros entregados al PSOE son una cuota como afiliado —en ese caso, de 90 euros mensuales— o una donación puntual realizada en una o varias transferencias. En todo caso, es una cifra muy por encima del dinero donado a organizaciones no gubernamentales, como los 120 euros para la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) o los 220 euros entregados a dos agencias de la ONU: Unicef y Acnur.
El interventor general firmó en 2022 una declaración de adhesión al código ético que rige para los altos cargos del Gobierno autonómico. Lo hizo el 23 de septiembre de ese año, unos días después de acceder al cargo. En ella, declaró su compromiso en cumplir «los valores, principios y pautas de conducta en él contenidos» y la «veracidad» de los datos declarados. Sin embargo, el segundo punto del epígrafe sobre la «objetividad, imparcialidad, integridad y profesionalidad en el desempeño de las actividades públicas» pone en entredicho su contribución dineraria de 1.080 euros al PSOE.
El punto 3b) del código ético para los altos cargos castellanomanchegos indica lo siguiente: «Evitarán cualquier práctica o actuación que esté afectada o que pueda levantar cualquier sospecha de favoritismo a determinadas personas o entidades públicas o privadas». Un enunciado que cuestiona el papel de Laguna, al colisionar su trabajo de control del gasto público dentro del Ejecutivo regional con esa donación al partido que gobierna con mayoría absoluta en Castilla-La Mancha.
Laguna es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, con la especialidad de Financiación, por la Universidad Complutense de Madrid y funcionario del cuerpo superior de la Junta de Castilla-La Mancha. Con anterioridad al cargo asumido en septiembre de 2022, fue jefe del servicio de Política Financiera de la Consejería de Economía y Hacienda, delegado provincial en Toledo de la Consejería de Obras Públicas y secretario general técnico de la Consejería de Obras Públicas.
Dentro de la Administración regional ha ejercido diversas responsabilidades en materia de gestión económica, contratación, presupuestos y recursos humanos. Entre 2015 y 2022, por ejemplo, prestó servicios en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) como jefe de área de Gestión Económica y Presupuestaria. Cuando se produjo su nombramiento hace tres años y medio, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, recordó que una de las prioridades del Ejecutivo autonómico desde la llegada al gobierno de Page ha sido garantizar «el máximo rigor y honestidad» en la gestión de los recursos públicos.
Un relevo polémico en 2022
El ascenso de Laguna como alto cargo durante la pasada legislatura se produjo tras la inesperada salida de Francisco Javier Martín, quien llevaba siete años en el cargo. El cese se produjo una semana después de que Ciudadanos denunciase la falta de ejecución presupuestaria por parte del Ejecutivo de Page en materia de infraestructuras hidráulicas, basándose precisamente en los datos de la Intervención General.
«Es curioso que el responsable de este servicio haya cesado tan solo unos días después», criticó la entonces portavoz naranja, Carmen Picazo, tras conocer el relevo en dicho puesto y tras constatar que «no es frecuente que un Gobierno autonómico releve a quien desempeña uno de los pocos cargos independientes que vigilan en qué se gasta el dinero». El Ejecutivo de Page recuperó un órgano de control externo, la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha, para complementar la labor fiscalizadora del interventor general.