El Gobierno pretende colar en la ley que solo el padre puede manipular a los niños
El Ministerio de Juventud e Infancia promueve la violencia vicaria mientras censura la alienación parental
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.
El Gobierno de Pedro Sánchez pretende seguir abundando en la asimetría legal entre hombres y mujeres en España a través de dos normas que se encuentran en tramitación. El anteproyecto de reforma de la ley de infancia, que pretende prohibir que se alegue síndrome de alienación parental (SAP) contra cualquiera de los progenitores, aunque generalmente se alega contra la madre, y la ley de violencia vicaria, que considera que la manipulación del hijo contra la madre es una forma de violencia de género. De este modo, si ambas salen adelante, el Ejecutivo habrá logrado colar en la legislación que solo el padre puede manipular a los niños.
Esta circunstancia ha pasado inadvertida, en la medida en que la ley de violencia vicaria se encuentra paralizada, en fase de tramitación parlamentaria, pero esta contempla la manipulación del menor por parte del padre (o expareja) como violencia vicaria si se hace con el fin de causar dolor o sufrimiento a la madre, en el marco de la violencia de género. Esta norma complementaría a la reforma de la ley de infancia, que prohíbe la referencia a la alienación parental en informes periciales por ser un concepto «seudocientífico», pese a que «violencia vicaria» sí es un concepto ideológico y acientífico, inventado por la psicóloga Sonia Vaccaro.
«Si el niño lo que dice es que su madre le manipula o que le pide que mienta, el informe que lo recoja tendrá que ser automáticamente descartado. Han fijado por ley que un niño no puede ser manipulado por su madre. ¡Es de locos! Están anteponiendo su ideología al sentido común y, a mi parecer, con un objetivo muy claro: Que el padre denunciado lo tenga mucho más difícil para probar su inocencia», lamenta Juanma Melgar, portavoz de la Fundación Para la Defensa de los Hombres Maltratados.
El mediador familiar considera «irónico que, al mismo tiempo que te presentan esta reforma, siguen promoviendo que se tenga en cuenta la violencia vicaria, dentro de la que se incluye que el padre hable mal de la madre delante del hijo […]. Es decir, al niño no le puede influir lo que le diga la madre en contra del padre, pero sí lo que diga el padre en contra de la madre […]. ¡De locos!»
A través del lenguaje, adoptando la violencia vicaria en la legislación y prohibiendo la alienación parental, el Gobierno ha abierto la puerta a que los hombres puedan ser condenados por una circunstancia que ni siquiera pueden alegar contra las madres de sus hijos para optar a la custodia compartida. Toda una asimetría legislativa.
«Que un niño se encuentre manipulado por uno de sus padres es una cuestión de hecho, y si la ley me impide acreditarlo, esa ley vulnera mi derecho a la prueba, a mi defensa y a un juicio justo (art. 24 CE y art. 6 CEDH)», sostiene Abel de Céspedes Gamero, jurista y divulgador de la Asociación Nacional de Ayuda a Víctimas de Violencia Doméstica (Anavid), que abunda: «La manipulación de un testigo se encuentra extensamente investigada en el derecho anglosajón mediante los conceptos de impeachment [impugnación de la credibilidad] y coaching [preparación y manipulación]».
El jurista critica el empeño del Ejecutivo en «regular absolutamente todo», incluso prohibiendo la realidad: «La España socialista y feminista quiere prohibirla; mejor dicho, quiere prohibir que las partes puedan alegarla y los jueces apreciarla, pero no podemos quedarnos parados con las manos en la cabeza, tenemos que reaccionar». «Los hechos no se regulan; lo que se puede regular son las consecuencias jurídicas que se desprenden de la concurrencia de los hechos», zanja Céspedes Gamero.
La Asociación de familiares de niños víctimas de sustracción internacional y desvinculación parental (Nisde) advierte de cómo esta reforma «significará que cada vez existan mayores trabas a la custodia compartida por el uso instrumental de la violencia de género, y cuando haya una sustracción internacional, bloqueará cualquier posibilidad de reacción rápida». Desde 2010, el Centro Nacional de Desaparecidos ha registrado 5.598 desapariciones por sustracción parental, pero esa realidad no preocupa al Ministerio de Juventud e Infancia de Sira Rego como para plantearse una norma que intente combatirla.