El Congreso desbloquea ahora leyes ante el temor a la rebelión de un millón de afectados
Varios colectivos han empezado a movilizarse y amenazan con más acciones judiciales tras el apoyo del Constitucional
La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, este jueves en el pleno del Congreso de los Diputados. | Eduardo Parra (EP)
El Grupo Parlamentario Socialista ha comenzado a agilizar proposiciones de ley que permanecían bloqueadas ante el temor de que los afectados por estos retrasos, más de un millón, continúen avanzando en su protesta. Varios colectivos se han organizado para iniciar una ofensiva contra el Gobierno por este frenazo legislativo e interpretan esta medida del PSOE como una respuesta a la creación de este frente cívico, según aseguran a THE OBJECTIVE. El primer colectivo al que se ha intentado tranquilizar es el de los funcionarios de prisiones, al aprobarse este jueves en el pleno del Congreso de los Diputados la Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica el artículo ochenta de la Ley Orgánica General Penitenciaria y se reconoce, a efectos legales, el carácter de agentes de la autoridad. Una iniciativa paralizada desde abril de 2024
El «congelador» de Armengol, la expresión que utilizó el Partido Popular para denunciar el bloqueo, por parte del Gobierno, de más de cien iniciativas parlamentarias al inicio de este curso político, ante la imposibilidad de sumar apoyos parlamentarios, empieza a descongelarse. Dos han podido ser los motivos que han obligado al Grupo Socialista a tomar esta determinación. Por un lado, la sentencia del Tribunal Constitucional que dio la razón a los populares en su denuncia contra la dilatación sine die de la tramitación de iniciativas parlamentarias con el «subterfugio», según la sentencia, de prorrogar el plazo de enmiendas. Ante la imposibilidad de ser aprobadas, al romper Junts su acuerdo de investidura, Sánchez ha optado por no legislar.
El segundo motivo puede ser la denuncia que uno de los colectivos perjudicados, como es el de los afectados por la talidomida, ha presentado ante el Tribunal Supremo. Un movimiento que ha animado al sector de la peluquería y belleza, a los afectados por la talidomida, a los funcionarios de prisiones y a los perjudicados por la actual Ley de Costa, que esperan su reforma, a organizarse en un denominado Frente Cívico por la Calidad Democrática.
Este frente ha comenzado a movilizarse y la primera medida ha sido enviar un escrito a los miembros de la Mesa del Congreso de los Diputados del PSOE y Sumar, cuya mayoría es la que apoya el bloqueo de las leyes. Un documento al que ha accedido este periódico y en el que la Asociación de Víctimas de la Talidomida de España (Avite), el colectivo de funcionarios de prisiones Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM), la Alianza para la Vuelta al IVA Reducido en Imagen Personal (representada por ANEPE-IMPE) y la Asociación en Defensa Playas Norte Dénia —actuando también en representación de las Asociaciones de Costas— exigen «el cese inmediato de la concesión de prórrogas automáticas, sucesivas y carentes de motivación que mantienen en un ‘bloqueo fáctico’ e indefinido a reformas legales que afectan de manera directa a millones de ciudadanos».
Estas entidades manifiestan su «profunda preocupación institucional ante lo que consideran un abuso de los instrumentos organizativos de la Cámara». Asimismo, denuncian «la acumulación ininterrumpida de ampliaciones de plazos para enmiendas que se está utilizando de facto como un mecanismo de veto temporal indeterminado, vaciando de contenido el derecho fundamental a la participación política (artículo 23 CE) y tensionando el principio de jerarquía normativa».
El Frente Cívico señala cuatro proposiciones de ley de extraordinario impacto social que actualmente se encuentran completamente paralizadas y «congeladas en el tiempo» en la Cámara Baja: Expediente 124/000012: Proposición de Ley para la exención fiscal de las ayudas percibidas por los afectados por la talidomida; Expediente 122/000097: Proposición de Ley para la aplicación del tipo de IVA reducido del 10% al sector de la imagen personal; Expediente 124/000006: Proposición de Ley de reforma de la Ley 22/1988 de Costas y Expediente 122/000181: Proposición de Ley de protección y ordenación de núcleos urbanos tradicionales.
Por todo ello, solicitan formalmente a la Mesa del Congreso la admisión a trámite y calificación oficial de la petición registrada; la adopción inmediata de criterios resolutivos que impidan la concesión de prórrogas automáticas sin justificación objetiva, asegurando la reanudación efectiva de las proposiciones de ley afectadas; así como transparencia y motivación expresa, obligando a que cualquier futura ampliación de plazos incorpore en acta las razones organizativas estrictas que la justifiquen, tal y como exige la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
Vulneración de derechos
Igualmente reclaman «el traslado inmediato de este documento a todos los miembros de la Mesa y a las comisiones parlamentarias competentes». Finalmente, advierten, mediante un otrosí digo, de que la presente iniciativa se formula sin perjuicio de emprender cuantas acciones legales, recursos o exigencia de responsabilidades resulten procedentes en Derecho si los miembros señalados persisten en la práctica de mantener el bloqueo material de las reformas y la vulneración de los derechos constitucionales de los ciudadanos».