El exjuez Salvador Alba, en busca y captura por incumplir el plazo para entrar en prisión

El exjuez Salvador Alba está en busca y captura. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha remitido la orden este martes, después de que el antiguo magistrado incumpliera el plazo para entrar en prisión, que finalizó en la tarde del viernes. Está condenado a seis años y medio de cárcel por prevaricación, cohecho y falsedad. El exjuez también está sancionado con 18 años de inhabilitación profesional por manipular una instrucción para perjudicar a la juez Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, cuando esta era diputada de Podemos.

«Se decreta la busca, detención e ingreso en prisión de Salvador Alba», especifica el auto de dos páginas al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. El documento emitido por la Sala de lo Civil y Penal del TSJC insta a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a su localización, detención e «inmediato traslado» al centro penitenciario más próximo. Hay sospechas de que el exjuez podría haberse fugado, pero su esposa asegura que entrará en prisión este martes, aunque hace días que no sabe nada de él.

Alba presentó en los últimos días nuevas alegaciones con la intención de regatear su ingreso en la cárcel, pero han sido desestimadas. El letrado Nicolás González-Cuéllar aducía una serie de irregularidades que perjudican a su cliente. Entre ellas que la magistrada que ha dictaminado su entrada en prisión es «amiga íntima» de la dirigente de Podemos y que no es competente para decidir sobre la recusación que han interpuesto contra el presidente del órgano judicial, Juan Luis Lorenzo Bragado.

La juez de Podemos

El TSJC condenó al exjuez en septiembre de 2019 como autor de los delitos de prevaricación, cohecho y falsedad por manipular una instrucción penal para perjudicar a Rosell, que debió dejar su acta en el Congreso de los Diputados. La sentencia fue ratificada por el Tribunal Supremo en noviembre. Alba tenía 10 días para ingresar en un centro penitenciario, pero la defensa lo demoró alegando problemas de salud del magistrado.

Durante este tiempo, Alba ha recurrido a todo tipo de recursos, recusaciones y alegaciones para evitar la cárcel. Incluso ha argumentado una enfermedad para reclamar la suspensión de la condena. El antiguo magistrado paga mes a mes la multa de 12.500 euros que le fue impuesta, a pesar de que se declaró insolvente tras perder su condición de juez. El seguro con el que cuentan estos profesionales ha abonado a la víctima la indemnización de 60.000 euros a la que también fue condenado.

Los hechos se remontan a noviembre de 2015, cuando Alba toma posesión en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria para relevar a Rosell, que había solicitado una excedencia para dedicarse a la política. El condenado asumió a instrucción de la causa que atribuía al empresario Miguel Ángel Ramírez delitos contra la Hacienda Pública como administrador de la empresa Seguridad Integral Canaria (SIC), que hasta entonces había investigado la juez de Podemos.

Alba empezó a desviar el objeto de la causa. La investigación del entonces presidente de la UD Las Palmas comenzó a poner en entredicho la instrucción desarrollada por Rosell, iniciando una auténtica cruzada contra ella. Tanto, que el propio abogado de Ramírez propicia un encuentro entre este y el magistrado que lo investigaba. La reunión, que duró casi hora y media, sirvió para iniciar un conspiración que ha quedado acreditada en las grabaciones que realizó el propio empresario.

La intención del exjuez, según la sentencia, era demostrar que Rosell había intervenido en la causa a pesar de tener intereses económicos: unas supuestas relaciones comerciales entre su pareja y Ramírez. La Fiscalía llegó a abrir una investigación contra la dirigente de Podemos después de que el juzgado recibiese de forma anónima el contrato. Las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE sostienen que solo existía una copia del documento y que se encontraba en manos del entonces ministro José Manuel Soria.

Esa posible conexión, que de ser cierta habría obligado a Rosell a apartarse del caso, finalizó con dos resoluciones favorables a la juez, tanto del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC. La sentencia del Tribunal Supremo afirma que en la reunión entre el juez y el empresario se pactó introducir datos y documentos «para perjudicar el crédito o el prestigio de la anterior juez de instrucción».