Franquiciados de Carrefour organizan una protesta ante la sede central de la empresa

Los franquiciados que acusan a Carrefour de estafa pasan a la acción. La treintena de afectados por las condiciones abusivas que, aseguran, les impone la multinacional, preparan un acto en la sede central de la empresa, ubicada en la calle Campezo, en el Polígono de las Mercedes de Madrid. La protesta tendrá lugar en las próximas semanas. Estiman que en la movilización participarán un millar de personas, ya que esperan la asistencia de los empleados de los negocios que se sienten perjudicados.

«Tengo 120 trabajadores a mi cargo. Están contentos conmigo porque saben los esfuerzos que hago para pagarles todos los meses y las injusticias a las que nos vemos sometidos por Carrefour. También irán a Madrid», explica un empresario con una decena de franquicias repartidas por la península.

Este franquiciado, de origen manchego, afirma que van a luchar para que Carrefour sea responsable subsidiario de las pérdidas. «El personal no tiene culpa de nada y cuando los locales cierran se quedan en el limbo, no cobran y tienen que acudir al Fogasa (Fondo de Garantía Salarial), por lo que pagan todos los españoles». Por eso, insiste, los empleados están dispuestos a ir a la protesta.

«Carrefour nos estafa»

En estos momentos se ultiman los detalles. Entre las cuestiones que se debate, la posibilidad de fletar autobuses. Los preparativos corren a cargo de varios de los franquiciados que han creado una plataforma para denunciar su situación. Se quejan de que sus negocios no alcanzan la rentabilidad que les prometió Carrefour, que pierden dinero y que la empresa no cumple con su parte del trato, lo cual supone «una estafa».

Ese escenario les ha llevado a estudiar la interposición una demanda conjunta, aunque están a la espera de poder sumar más franquiciados a la causa. Estiman que podrían alcanzar un centenar de afectados en España. Algunos de ellos ya han denunciado de forma individual. Andrea García, de García-Lázaro Abogados, lleva cuatro demandas en las que pide diferentes indemnizaciones para sus clientes, perjudicados por «las condiciones abusivas» que les obligó a firmar Carrefour.

«Cada vez son más los damnificados que desean interponer una denuncia. No pueden hacerlo porque están tan endeudados que no pueden asumir los gastos que genera la demanda», reconoce García a THE OBJECTIVE. Es el caso de un franquiciado en Madrid desde hace seis años. En ese tiempo afirma haber acumulado 109.000 euros en pérdidas. Sigue adelante gracias al apoyo económico de su familia y a nuevos préstamos, ya que no puede resolver el contrato de forma unilateral.

De hacerlo tendría que indemnizar a Carrefour por incumplir una de las cláusulas. Es justo lo que le ha sucedido a un empresario sevillano. La multinacional le reclama 500.000 euros por dejar la franquicia y abrir otro supermercado en su lugar. Un juez ha determinado recientemente que, en caso de no pagar esa cantidad, embarguen los bienes de sus hermanas, que avalaron la operación.

Evitar la ruina

Uno de los miembros de la plataforma sostiene que el camino judicial no será fácil, ya que la empresa cuenta «con buenos abogados, dinero y tiempo» para contrarrestar los litigios. Relata que hace apenas dos meses ya se archivó «por falta de pruebas» un caso por vía penal. El matrimonio afectado ha tenido que mudarse en varias ocasiones, la última a Castellón, «para evitar la ruina».

Desde Carrefour han declinado hacer declaraciones. Los franquiciados afectados se quejan de que la multinacional les señale siempre como los culpables de que el negocio vaya mal. «Hace informes constantes sobre el mal funcionamiento del local. Cuanto hablas con otros afectados te das cuenta de que te han engañado», reconoce un empresario madrileño con siete trabajadores a su cargo.

Hasta en eso se siente estafado, ya que el plan de negocio establecía dos empleados menos, condiciones en las que «no se puede abrir las horas ni los días que exigen». Otro franquiciado señala directamente al plan de negocio. En su opinión, Carrefour prevé un escenario que, en el mejor de los casos, solo se cumple en el 20% de las ocasiones. «No digo que el plan se cumpla en su totalidad, pero que el 80% de los establecimientos estén por debajo de las previsiones supone una estafa en toda regla».