El juez exige 48 millones de fianza al empresario acusado de usar el Granada CF para defraudar
El italiano Gino Pozzo, exdueño del club nazarí, recurre la fianza por cuadruplicar el fraude fiscal calculado por Hacienda
Gino Pozzo, expropietario del Granada CF y dueño del Watford inglés. | Nick Potts (Contacto Photo/Europa Press)
Gino Pozzo, exdueño del Granada CF y propietario del Watford inglés, intenta evitar la fianza de 48,8 millones de euros que le ha impuesto la Audiencia Nacional antes del juicio por presunto fraude a Hacienda. El empresario italiano, acusado junto a Quique Pina de intentar utilizar el club nazarí para enriquecerse y defraudar al fisco mediante la contratación de jugadores de fútbol para el equipo andaluz, ha presentado un recurso para exigir la retirada de la fianza o su reducción a una cuarta parte de esa cantidad, tal y como solicita la Fiscalía.
En su escrito, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, Pozzo ha recurrido la decisión del juez Santiago Pedraz de imponerle una fianza que cuadruplica la cantidad que la Agencia Tributaria y la Fiscalía Anticorrupción calculan que el exsocio de Quique Pina defraudó a Hacienda mientras fue propietario del Granada CF (2009-2015). El empresario italiano considera desproporcionada la caución impuesta por el juez y solicita que se elimine esa fianza o se reduzca a los 12,5 millones de euros calculados por el Ministerio Público y la Abogacía del Estado, que representa a Hacienda en el caso, como montante total defraudado.
«Ni el Ministerio Fiscal ni la Abogacía del Estado en sus respectivos escritos de acusación interesan el afianzamiento de las eventuales responsabilidades pecuniarias por lo que, atendiendo al principio de justicia rogada, y tratándose la fianza de una medida cautelar, no debe ser impuesta si no se ha interesado por quien corresponde», indica la defensa de Pozzo en su recurso, fechado el 10 de enero, dos días después de que Pedraz dictase auto de apertura de juicio oral contra Pozzo, Pina y otras dos personas acusadas de tomar el «control» del club nazarí para lucrarse con el traspaso de jugadores y ocultar sus beneficios a Hacienda. Un caso en el que también se sentará en el banquillo como responsable civil el propio Granada CF.
El exdueño del Granada recurre
«El juez instructor no está legalmente obligado a fijar una determinada cuantía en concepto de fianza en todo caso y, en su caso, podrá requerirse su imposición únicamente en base a la solicitud efectuada por las acusaciones, habiendo de solicitar de forma expresa el perjudicado la adopción de la misma», agregan los abogados del empresario italiano. En su escrito de acusación, la Fiscalía Anticorrupción sitúa a Pozzo como autor material de los tres delitos fiscales investigados en relación al Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2013, 2014 y 2015, mientras que califica como «cooperadores necesarios» a Quique Pina y los otros dos acusados.
El Ministerio Público solicita una condena de 12 años de cárcel para los cuatro acusados por tres delitos agravados contra la Hacienda Pública. Además, según avanzó Europa Press y a pesar de lo que afirma Pozzo en su recurso para intentar eludir la fianza, la Fiscalía propone propone multas de 36,5 millones de euros para el empresario italiano y de 27,5 millones para los otros tres acusados respectivamente como cooperadores necesarios.
Anticorrupción pide que todos ellos sean condenados también, con carácter solidario y por iguales partes, a abonar a la Hacienda Pública el importe correspondiente a las cuotas no ingresadas del Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2013, 2014 y 2015. Es decir, 635.000 euros, 5,9 millones y 2,9 millones respectivamente. La Fiscalía sostiene que todos ellos «pusieron en marcha un plan criminal a largo plazo que, a partir de la toma del control del Granada en el año 2009, y mediante la ejecución de una compleja estrategia, les permitiría que las plusvalías que fuera obteniendo el club mediante el traspaso de jugadores profesionales de fútbol se transfirieran artificialmente a Luxemburgo y no tributasen en España, obteniendo así un notable lucro económico en perjuicio de la Hacienda Pública».
En su escrito, el Ministerio Público explica que «este complejo plan partía de la necesidad de acometer la toma del control del Granada cuando se encontraba en la Segunda División B» del fútbol español. Algo que que Pozzo «consiguió en el año 2009 haciendo uso de un conjunto de estructuras opacas que dificultaban su identificación como titular real de los fondos que se desembolsaron». Entre esas empresas se encuentra una sociedad luxemburguesa cuyo titular, Raffaele de la Riva, también se sentará en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional por este caso.
Un «plan criminal» para controlar el club
Ese dinero utilizado para tomar control del Granada CF tenía, según la Fiscalía, una triple finalidad. «En un primer momento, la superación de la crisis económica y el concurso de acreedores en el que se encontraba inmerso el club; luego, para simular la adquisición de los derechos sobre los jugadores profesionales de la plantilla por parte de la entidad Orange Chiffon Trading Limited; y, finalmente, para suscribir el capital social cuando la entidad se transformó en sociedad anónima deportiva», relata el escrito de acusación.
La Fiscalía destaca que el Granada atravesaba en el año 2009 «dificultades financieras que hacían peligrar su continuidad, y mediante el concurso de acreedores se buscaba por los entonces responsables del club encontrar un escenario adecuado para solventarlas y poner en marcha un nuevo proyecto deportivo económicamente viable». Sin embargo, Anticorrupción deja claro que «la realidad es que la pretendida financiación otorgada por la entidad luxemburguesa al club supuso un altísimo coste, que se puede cuantificar en términos absolutos en más de 45 millones de euros, y en términos de tipo de interés casi en un 50% anual».
El Ministerio Público subraya en su escrito los mecanismos que habrían utilizado «para ocultar al fisco español los beneficios obtenidos por los traspasos de jugadores» al tiempo que se dejó de tributar a la Hacienda Pública los «beneficios obtenidos». Algunos de esos movimientos fueron los de los futbolistas Guilherme Siqueira, Mikel Rico, Yacine Brahimi, Allan Loureiro, Jeison Murillo o Daniel Pudil.
La Fiscalía asevera que la «actuación defraudatoria llevada a cabo, principalmente, por el presidente y por el titular real del Granada, los acusados Enrique Pina y Gino Pozzo, se llevó a cabo en su provecho». Considera acreditados los indicios de que obtuvieron un «beneficio económico directamente derivado de las cuotas del Impuesto de Sociedades dejadas de ingresar, y fue posible por cuanto la sociedad no tenía instaurado entre los años 2013 y 2016 ningún medida de supervisión, vigilancia y control del comportamiento de sus directivos y subordinados jerárquicos».
