El expresidente de la Diputación de Valencia y del PP en la provincia Alfonso Rus ha negado este jueves la existencia de financiación ilegal en el partido provincial y ha dicho que pone "la mano en el fuego" por el expresident de la Generalitat y del partido en la Comunitat Francisco Camps.
El juez que investiga la presunta caja B del PP en la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha incorporado a esta causa las acusaciones que el exsecretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, hizo contra Francisco Camps en sus declaraciones en el juicio de la trama Gürtel.
El expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps ha afirmado este martes en el Congreso que las cuentas del PP, tanto a escala nacional como regional, "han sido siempre legales, ajustadas a derecho y revisadas por el Tribunal de Cuentas", y ha atribuido a la "estrategia de defensa" de Ricardo Costa las acusaciones contra él. Camps comparece este martes en la comisión de investigación por la supuesta financiación ilegal del PP, después de que el pasado 24 de enero el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa le acusara en el juicio de la rama valenciana de Gürtel de encargar financiar las campañas electorales de 2007 y 2008 con dinero negro procedente de empresarios.
En Valencia, con los gobiernos del PP, no se pararon en barras y la corrupción fue la norma. Se lo llevaron hasta con la visita del Papa de Roma. El juzgado de Valencia que investiga las irregularidades en los contratos con la fundación que organizó la visita a valencia del papa Benedicto XVI, en el año 2006, con la tardanza habitual, esta vez doce años después de suceder los hechos, ha citado para declarar como investigados, lo que antes era imputar, al ex presidente Francisco Camps y al obispo auxiliar de Valencia, Esteban Escudero, por los presuntos delitos de prevaricación, malversación y falsedad.
El Juzgado de Valencia que investiga las irregularidades en los contratos de la fundación que organizó la visita del papa Benedicto XVI en el año 2006 ha citado a declarar como investigados al expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps y al obispo auxiliar de Valencia, Esteban Escudero. Ambos están investigados por delitos de prevaricación, malversación y falsedad, informa EFE.
El exsecretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, ha reconocido ante el juez central de lo Penal, José María Vázquez Honrubia, que "el PP se financiaba con dinero negro y con empresarios. No hice nada por impedirlo". Además, ha señalado directamente a Francisco Camps al afirmar que era él quien "tomaba las decisiones".
Álvaro Pérez, 'El Bigotes', ha situado este viernes directamente al expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps al frente de la financiación ilegal del PP en esa región. Pérez ha asegurado que Camps obligó a las empresas de Gürtel a cobrar con dinero negro actos del PP. Por su parte, el presunto número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo, ha admitido este viernes en el juicio la financiación irregular del PP de Valencia para las campañas electorales de 2007 y 2008 mediante dinero 'b' no declarado y aportado por empresarios que tenían contratos con la Administración. Crespo y Pérez han declarado este viernes ante el fiscal pese a no haber llegado a un acuerdo con la Fiscalía.
El juez de la Audiencia Nacional José María Vázquez Honrubia ha aplazado hasta el próximo viernes el juicio sobre la presunta financiación ilegal del PP valenciano a través de la trama 'Gürtel' ante posibles nuevas revelaciones y "hechos relevantes" que podrían aportar los acusados Pablo Crespo y Álvaro Pérez, 'El Bigotes', informa EFE. Ambos están tratando de llegar a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción tras las revelaciones del cabecilla de la red, Francisco Correa.
El Juzgado Central de la Audiencia Nacional ha empezado a juzgar este lunes a los acusados por la supuesta financiación ilegal del Partido Popular (PP) de la Comunidad Valenciana, dentro de la trama Gürtel, en las elecciones locales autonómicas de 2007 y en las generales de 2008, informan varias agencias. Son 20 los acusados en este juicio. Se enfrentan a los cargos de falsificación de documento mercantil, delito contra la Hacienda Pública y delito electoral y a penas de entre seis meses y 27 años y medio de cárcel. El juicio, que lleva el magistrado José María Vázquez Honrubia, se ha iniciado con las diligencias previas.
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