Miles de opositores al régimen venezolano de Nicolás Maduro han acudido este sábado a la concentración convocada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para exigir de nuevo la destitución de los miembros del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y protestar por la inhabilitación del gobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski en Caracas y otra decena de ciudades.
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el opositor Julio Borges, ha llamado a las naciones del Caribe a unirse a la «presión democrática» internacional para que se celebren elecciones generales en su país y el Gobierno libere a los disidentes. «Nuestro llamado a todos los Gobiernos de la región, los gobiernos del Caribe (…) y los que están en posiciones todavía observando lo que sucede en Venezuela (…) Hay una crisis humanitaria», dijo Borges tras reunirse con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.
La decisión adoptada en la noche del miércoles por el Tribunal Supremo de Venezuela anunciado su decisión de asumir las competencias de la Asamblea Nacional, ha provocado una avalancha de críticas dentro y fuera del país; una medida insólita calificada por la oposición de «golpe de Estado» o «autogolpe» orquestado por el presidente Nicolás Maduro.
Los venezolanos han salido a la calle indignados por la decisión sin precedentes adoptada en la noche del miércoles por el Tribunal Supremo de asumir los poderes de la Asamblea Nacional por cometer «desacato», por considerarla un «golpe de Estado».
En una decisión sin precedentes, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha anunciado su intención de asumir las competencias del Parlamento, controlado por los opositores al régimen de Maduro, alegando la persistencia del «desacato»
Un juez estadounidense ha convertido este miércoles en indefinido el hasta ahora bloqueo temporal que regía sobre el segundo veto migratorio, con el que el presidente Donald Trump pretendía prohibir la entrada a ciudadanos de seis países de mayoría musulmana y a refugiados.
El opositor ruso Alexei Navalny ha sido detenido por la policía en una manifestación contra la corrupción que ha reunido a varios miles de personas en el centro de Moscú, según ha anunciado su portavoz Kira Yarmych en Twitter.
Los legisladores filipinos y el gobierno han criticado este viernes al Parlamento Europeo por inmiscuirse en sus asuntos, tras la aprobación de una resolución el día anterior en la que se pide al gobierno de Manila que modifique la polémica guerra contra las drogas emprendida por el presidente Rodrigo Duterte y persiga a los narcotraficantes en vez de a los consumidores.
Leila de Lima, una de las personas más beligerantes contra la polémica política antidrogas emprendida por el presidente de Filipinas, ha sido detenida este viernes acusada de narcotráfico. La senadora del Partido Liberal y abogada ha anunciado que seguirá luchando contra el «sociópata asesino en serie», en alusión a Rodrigo Duterte.
Los precios máximos alcanzados estos días ponen en cuestión el sistema de formación de los precios de la luz y exigen, según la oposición, que el Gobierno adopte medidas urgentes para evitar que los precios de la electricidad se sigan disparando y explique el funcionamiento del sistema eléctrico español. Tras su declaración del miércoles, el ministro ha modificado su discurso y ha anunciado la adopción de medidas, al tiempo que ha intentado rebajar la alarma social, asegurando que «en la medida en que las renovables mejoren, los precios de la electricidad y del gas se irán reduciendo», ha dicho en una rueda de prensa celebrada en la sede del ministerio. Ha anunciado también que el Gobierno va a tomar medidas para aumentar la oferta de gas. «Estamos actuando sobre el mercado del gas, que es donde está habiendo más subidas, y lograr así que bajen los precios de la electricidad producida con gas» que es la que ha disparado el recibo.
Desde la oposición, el Partido Socialista ha exigido la comparecencia urgente de Nadal en el Congreso. «Que venga a dar explicaciones y asuma su responsabilidad, y diga exactamente qué es lo que este Gobierno va a hacer para evitar la subida de la luz», ha anunciado la portavoz socialista de Energía, Pilar Lucio. El PSOE quiere que el ministro «explique cómo funciona el sector eléctrico, no que haga un comentario de la situación desgraciada que todos conocemos de la subida de la luz».
Mientras, la ola de frío ha seguido intensificándose este jueves, sobre todo en el este de España con intensas nevadas, provocando el aislamiento de la ciudad malagueña de Ronda, donde se han suspendido las clases. También ha sido necesario interrumpir el tráfico en Alicante, en las autovías A-31, a su paso por Villena, y la A-7, en Alcoy, a causa de la intensa nieve y la aparición de placas de hielo, según ha informado la Dirección General de Tráfico.
Mboko cree que el sexo es un arma poderosa para conseguir que los hombres reacios a registrarse como votantes lo hagan. El registro comenzó este lunes y durará hasta el próximo 17 de febrero. El marido de la diputada no sufrirá este boicot pues, según explica el diario Standard, ya ha sido registrado como votante. Las peticiones de boicots al sexo son comunes en Kenia, donde en 2009 mujeres activistas mantuvieron una huelga de una semana sin sexo para que el entonces presidente y el primer ministro se reconciliaran.
Uhuru Kenyatta, presidente de Kenia, busca una segunda legislatura, pero se espera que sea desafiado por un candidato apoyado por una alianza de partidos de la oposición, incluido el partido de Mboko, el Movimiento Democrático Naranja. La diputada ha explicado que esta alianza tiene más posibilidades de ganar las elecciones si se registra como votantes un gran número de sus simpatizantes.
La diputada y presidenta de la Comisión de Asuntos de la Familia y la Mujer de la Cámara, Yelena Mizulina, quien introdujo la propuesta, cree que la gente no debería ser encarcelada o considerada criminal “por una bofetada”. Además, afirma que “en la cultura familiar rusa las relaciones padre-hijo se construyen en torno al poder de la autoridad del padre”, y añade que “las leyes deben apoyar esa tradición familiar”. Si se aprueba la propuesta, la primera ofensa no sería considerada criminal, y el castigo se limitaría a una multa o a servicios comunitarios. Sin embargo, si la agresión se repitiera, sí se consideraría un acto criminal y podría acarrear penas de cárcel.
Los datos sobre violencia doméstica en Rusia son muy limitados, pero según las estadísticas que maneja el Gobierno, 36.000 mujeres son agredidas por sus parejas cada año y otros 26.000 niños por sus padres. Hasta ahora, pegar sin consecuencias a hijos, esposa, hermanos y otros parientes era condenable con hasta dos años de prisión. Para entrar en vigor, la medida deberá ser aprobada una segunda vez.
En su primera reacción a la acción legislativa del lunes, el mandatario ha afirmado que es un «manifiesto golpista y nulo», que incita a la violencia y da vía libre para echarle del poder por cualquier medio, incluida una intervención extranjera. «Soy el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el jefe de gobierno y el jefe de Estado por mandato del pueblo, y con el pueblo seguiré defendiendo la paz», ha declarado en la radio y la televisión.
El Legislativo, donde la oposición cuenta con mayoría, declaró al presidente en «abandono del cargo» por incumplir con sus funciones en medio de una grave crisis política y económica, motivo por el cual solicitó la convocatoria de elecciones. «Dicen ellos que abandono de cargo y hay 10 millones de estudiantes», se defendió Maduro, quien se puso a enumerar las inversiones de su gobierno en sectores como educación, vivienda y salud.
La decisión del Parlamento ha sido recurrida este martes por el oficialismo ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al que la oposición acusa de servir al gobierno y que ya adelantó que la Asamblea tiene facultad para destituir al presidente del país. El recurso pide, además, enjuiciar penalmente a los congresistas que aprobaron la propuesta. Maduro, por su parte, ha denunciado que la oposición, que arrasó en las elecciones legislativas de diciembre 2015, tiene «secuestrada» a la Asamblea y la utiliza para derrocarlo, por lo que ha animado al «comando anti golpe» a actuar con «firmeza» contra los opositores. «Si sabemos quiénes son los promotores de la violencia, actuemos preventivamente», alentó a los integrantes de la comisión, anunciada el domingo, sobre la que ha delegado «enteramente la lucha» contras las supuestas conspiraciones.
Dirigentes de oposición percibieron la decisión como un endurecimiento de la línea de Maduro para iniciar un 2017 en el que promete agravarse la crisis política y económica que sufren los venezolanos. Maduro dijo que el nuevo «comando» busca «darle paz y estabilidad al país». Junto con El Aissami, integran el grupo Diosdado Cabello, número dos del chavismo y diputado; Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa; Néstor Reverol, ministro de Interior, Justicia y Paz; y Gustavo González López, director del Servicio de Inteligencia. El pasado miércoles, en una reestructuración de su gabinete, el gobernante socialista designó vicepresidente a El Aissami, un abogado de 42 años que se define a sí mismo «radicalmente chavista».
Este lunes, la Asamblea Nacional se reúne para debatir como punto único «sobre el ejercicio constitucional del cargo de presidente de la República por parte de Nicolás Maduro Moros y la necesidad de abrir una solución electoral a la crisis», según el orden del día de la sesión prevista. El nuevo presidente del Legislativo, Julio Borges, anunció el jueves que Maduro sería declarado en «abandono del cargo», al alegar que la paralización del proceso de referendo revocatorio contra el mandato del gobernante socialista, en octubre último, había roto el orden democrático.
Si el pacto tiene éxito, sería un gran logro para la Iglesia Católica, que ha estado mediando para evitar que la República Democrática del Congo vuelva a los años de anarquía y guerra civil. El Papa Francisco ha sometido a presión tanto a Kabila como a la oposición para que llegaran a una solución pacífica que acabara con la crisis del país.
A cambio de que Kabila se quede un año más en el poder, la constitución no se podrá modificar para que este pueda quedarse durante una tercera legislatura. Además, el bloque de la oposición nombrará un primer ministro y Etienne Tshisekedi, líder de la oposición, supervisará la implementación del acuerdo. Sin embargo, Kabila aún no ha dicho nada y los partidos aún tienen que firmar el pacto, que necesita la aprobación final de todos los delegados de las negociaciones.
Policías y soldados han disparado este martes contra los activistas de la oposición, que han lanzado piedras, quemado ruedas y atacado una oficina del partido gobernante en Kinshasa, la capital del país. También se han vivido escenas de violencia en la ciudad de Lubumbashi. Las manifestaciones han sido reprimidas por una masiva presencia de seguridad, la restricción del acceso a internet y una ola de arrestos. Alrededor de 100 personas han sido detenidas durante las últimas 24 horas, según explican activistas por los derechos humanos. Añaden que otras 110 personas fueron detenidas durante los cuatro días previos al final del mandato.
En un vídeo publicado durante la noche, el líder de la oposición Etienne Tshikedi pide a los congoleños que opongan pacíficamente a un “líder ilegal, ilegítimo”, del que dijo que ha cometido traición al resistirse a dejar el Gobierno.
Por ocho votos a favor y uno en contra, el Tribunal Constitucional ha aprobado que se agilice la tramitación de las leyes que pondrán en marcha el proceso de paz una vez que el Parlamento colombiano ratificó el 30 de noviembre el acuerdo suscrito entre el Gobierno y las FARC. Así lo comunicó la presidenta del TC, María Victoria Calle, en rueda de prensa, en la que explicó que dicho mecanismo de la vía rápida, en ningún caso «sustituye la constitución actual» ya que tiene como objetivo último lograr la paz, «lo que representa un fin imperioso dentro de nuestra Constitución». Las normas que se establezcan a través de este mecanismo deben ser aprobadas por mayoría absoluta para su refrendación en cada debate en el Congreso.
El primer texto legislativo que se aprobará a través de este mecanismo será el Proyecto de Ley de Amnistía. «Esta primera ley es fundamental porque es la que da las garantías y certezas jurídicas a los integrantes de las FARC para garantizar su desarme y su desmovilización», explicó el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, encargado de presentar el citado texto.
Mientras el Tribunal Constitucional daba vía libre a este mecanismo necesario para el acuerdo de paz, el Estado Mayor de las FARC anunció en un comunicado que había expulsado de sus filas a cinco jefes por «entrar en contradicción» con la línea político-militar de la organización.
Parece que podríamos definir el canon cultural de Occidente desde dos puntos de vista: La Biblia y Los Simpson. O al menos esta fue la conclusión a la que llegué en una conversación amistosa y, como todo lo que nace desde la amistad, entusiasmada, intensa. El sustrato de nuestra civilización está en esos dos ejes, la interpretación total de lo que culturalmente somos, y desde similares miradas proféticas. Si por una parte nos garantizaron la llegada del Mesías, por otra nos aventuraron, desde la parodia, hoy convertida en desconcertante realidad, el advenimiento del nuevo presidente de los EEUU: Donald Trump.
Este acuerdo ya ha sido boicoteado por Rassemblement, la principal coalición de la oposición, que asegura que el pacto viola la Constitución. La poderosa iglesia católica del Congo también ha rechazado el acuerdo alcanzado por ambas partes. La comunidad internacional ha observado la continua agitación en este vasto estado de la África central con creciente alarma. Decenas de manifestantes y varios policías fueron asesinados y las oficinas de los principales partidos de oposición resultaron gravemente dañadas en medio del saqueo generalizado durante las protestas del pasado septiembre. La situación podría agravarse si Kabila se aferra al poder, como pretende.
Más de 100.000 personas han sido ya expulsadas o suspendidas de empleo y 37.000 han sido arrestadas desde la intentona golpista, en una persecución sin precedentes por parte del gobierno que justifica la acción como necesaria para sacar a todos los que apoyaron el golpe de los aparatos del Estado. También miles de académicos, profesores, médicos, sanitarios, funcionarios de prisiones y médicos forenses han sido apartados de sus puestos de trabajo en las últimas horas bajo el mandato de dos nuevos decretos publicados a última hora del sábado.
Después de 300 días en funciones, España deja atrás el bloqueo político. A nadie se le escapa que va a ser una difícil legislatura en la que los políticos están obligados a entenderse o no, como diría Rajoy.
La policía de Miranda, de donde es el líder opositor Henrique Capriles, confirmó la muerte del agente pero no la vinculó a los manifestantes. Después de que la Asamblea Nacional emprendiera el martes un procesamiento político contra Maduro, la oposición convocó una nueva ‘Toma de Venezuela’ el miércoles. «Este gobierno tiene que caer», gritaban miles de manifestantes, muchos de los cuales vestían de blanco y portaban banderas nacionales, que se congregaron en cerca de 50 ciudades a lo largo y ancho del país.
En su segundo debate de investidura como candidato a la Presidencia del Gobierno, el líder popular ha propuesto dialogo, diálogo y más diálogo con los partidos «a partir de ahora mismo» para «dar una solución compartida y estable a grandes retos». Entre éstos ha citado la creación de empleo, el sistema de pensiones, diálogo social, un pacto nacional por la Educación y un acuerdo sobre financiación autonómica; diálogo también para hacer de la vida política una actividad más transparente y «ejemplar». Sobre el «desafío secesionista planteado en Cataluña», Rajoy ha reiterado su posición de defender la «unidad de España», para lo cual ha dicho que espera contar con el resto de los grupos.
«Señorías, no tenemos tiempo que perder, tenemos muchos retos por delante y, además, hemos de superar los efectos del bloqueo político de estos meses y ponernos al día», ha subrayado, recordando que entre esos retos urgentes están los Presupuestos Generales del Estado para 2017 y los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública comprometidos con la Unión Europea. «Debemos asumir la necesidad de diálogo, no como peaje incómodo, sino como una oportunidad» porque «en las circunstancias que atraviesa España, ninguna consideración sobre conveniencias de partido me parece lícita», ha añadido.
Tras la intervención de Rajoy, se ha suspendido la sesión hasta el jueves a las nueve la mañana que se reanudará con el portavoz del Grupo Socialista, Antonio Hernando. Será la más esperada de las intervenciones tras la decisión del Comité Federal del PSOE de pasar del no a la abstención. Un cambio que ha provocado una profunda crisis en el partido con dimisión de su secretario general, Pedro Sánchez – que ha reaparecido este miércoles después de permanecer ausente desde primeros de mes – incluida y con la decisión de los diputados del PSC y otros de mantenerse en el no, incumpliendo los acordado por el órgano de dirección el domingo. Tras las intervenciones de los demás portavoces se celebrará la votación en la que Mariano Rajoy no logrará la mayoría absoluta necesaria para ser investido, ya que el PSOE ha anunciado que votará no. El sábado se habrá una segunda votación en la que, esta vez sí, el PSOE o al menos parte de los diputados se abstendrán facilitando que Rajoy tenga más síes que noes, como exige la Constitución.
En ella, el papa Francisco ha aprovechado para instar «al diálogo sincero y constructivo» entre el gobierno y la oposición con el fin de «aliviar el sufrimiento» de la gente y promover «la cohesión social», precisa en una nota la Santa Sede. Unas horas antes, un enviado del Papa se reunió por separado con delegados de la oposición y del Gobierno venezolanos para explorar la posibilidad de un diálogo que ayude a superar la grave crisis política, según ha declarado el presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup. Tras los buenos resultados de las mediaciones del Vaticano durante el deshielo de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, muchos ven esperanza en la involucración del Papa en la crisis de Venezuela.
La reunión ya ha dado sus primeros frutos: el Gobierno y la oposición de Venezuela abrirán un diálogo para intentar desencallar la grave crisis política a partir del próximo 30 de octubre, cuando está previsto que representantes del Gobierno de Nicolás Maduro y de la Mesa de la Unidad Democrática, la coalición que agrupa a los partidos opostiores, mantengan una reunión en la Isla de Margarita.
El 23 de septiembre, el gobierno de Maldivas ya recibió un aviso del Grupo Ministerial de Actuación de la Commonwealth, que le dio seis meses para solucionar algunos temas como la detención de líderes de la oposición, interferencias en el sistema judicial o la desautorización de instituciones democráticas. Era la tercera vez que el país era amenazado con la suspensión parcial o total de la pertenencia a la institución desde que el primer presidente elegido democráticamente, Mohamed Nasheed, fuera forzado a dejar el cargo. Este fue sustituido en 2013 por Abdulla Yameen en unas elecciones que se consideran dudosas.
El ministro de exteriores ha dicho que la Commonwealth se ha centrado en ellos para “incrementar su propia importancia y ventajas en la política internacional”. Una representante de la Iniciativa de Derechos Humanos de la Commonwealth opina que la decisión de expulsar al país del grupo fue “una manera de decir ‘ya no estáis comprometidos con la democracia ni con la ley’”.
… podrá establecerse un diálogo verdadero, con frutos concretos para el pueblo venezolano, mientras se preserve el esquema de negociación. Es sencillo, un país donde según la última encuesta de la UCAB 55% no se identifica ni con la oposición ni con el gobierno, no puede verse representado en un diálogo entre dos cúpulas que sólo representan el 45%.
Los hechos llamaron la atención del sindicato después de tener noticias de que había un número creciente de trabajadores públicos que estaban siendo cesados sin una razón precisa. Los propios empleados cesados acabaron descubriendo que lo único que tenían en común era haber firmado a favor del revocatorio de Maduro, comprendiendo entonces los motivos de sus despidos.
Estos ceses entre el personal público se producen un par de meses después de que el propio diputado chavista y ex presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, instara a las empresas públicas a buscar directivos que hubieran firmado el referéndum propuesto por la oposición a Maduro.
El Gobierno de Venezuela tiene ya un expediente abierto en la OIT por presunta violación sindical y Unete ha anunciado que incluirá a éste los nuevos casos de despidos relacionados con el revocatorio.
En Venezuela ha comenzado un movimiento mucho más ambicioso, mucho más trascendental, que lo es para toda América. Estamos ante una revolución democrática moderna de una sociedad crítica y articulada contra la mentira del populismo.
No toda la oposición venezolana sigue la misma estrategia. La mejor prueba de que la oposición venezolana más hábil ha renunciado a la estrategia de la tensión y de la desestabilización es Henrique Capriles.
Podemos definir la democracia como el sistema político por el que la sucesión en el poder es previsible y pacífica. En cuyo caso, Venezuela es una dictadura inestable.
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