iDental, radiografía de una estafa anunciada

Cuando una persona acude con un problema de salud a un profesional sanitario lo último que imagina es que le puedan estafar o incluso atentar contra su bienestar. Si acudimos al ginecólogo y nos recomienda un determinado tratamiento lo cumpliremos porque consideraremos que es lo mejor para nuestro sistema reproductor. Igual si acudimos al oculista y nos aconsejan usar gafas, aún sabiendo el coste que ello conlleva, o si vamos al dentista por un dolor de muelas y nos sugieren una extracción y unos nuevos implantes.

Es el caso de Asunción Gutiérrez, que acudió a una clínica de iDental por un dolor en los molares y acabó con todos los dientes extraídos, una infección que aún le perdura y 6.000 euros menos con una hipoteca bancaria por un servicio que nunca recibió. «Son médicos, ellos sabrán», pensó. Ahora, no puede comer y ha pasado de pesar 58 kilos a 48 en menos de cinco mes.

Independientemente de ser un servicio público o privado, el deber de los profesionales de la salud es velar por el paciente, y en consecuencia, respetar la vida humana, la dignidad de la persona y el cuidado de la salud del individuo anteponiendo esto a cualquier otra conveniencia.

Sin embargo, algo está fallando, en concreto, en el ámbito dental. Si primero fueron Vitaldent y Funnydent con miles de personas afectadas y la cúpula entre rejas, ahora el caso iDental llega para sacudir, una vez más, al sector sanitario y perfilarse como uno de los mayores escándalos sanitarios de la historia de España.

Alrededor de 400.000 personas, según datos aportados por AFECADE, la Plataforma de Afectados de Cadenas Dentales, se han visto afectadas por el cierre de las 24 clínicas en 14 comunidades autónomas de iDental. La cadena ha dejado a miles de personas con sus tratamientos incompletos, pese a haberlos pagado previa hipoteca bancaria, y a otros miles de afectados con graves problemas dentales por mala praxis. Pacientes que soñaban con solucionar todos sus problemas bucodentales a buen precio y que ahora están viviendo una auténtica pesadilla. 

«En cinco meses he perdido 10 kilos porque no puedo comer»

Asunción Gutiérrez, de 54 años, acudió en septiembre de 2017 a esta clínica low cost por dolor en los molares superiores e inferiores. «Me dijeron que me tenían que quitar todos los dientes porque se me movían, sólo me dejaron los cinco centrales de abajo. Sin embargo, yo no notaba movimiento en ninguna pieza, sólo dolor en las muelas», cuenta a The Objective la afectada, que además sufre fibromialgia, cervicobraquialgia y tiene varias hernias de disco cervical. «Yo les entregué todos mis informes médicos, sabían mis riesgos».

Pero en febrero y marzo de 2018, a Asunción le extrajeron todas las piezas, le hicieron un injerto de hueso en el maxilar superior, le cobraron unos 6.000 euros y desaparecieron. «En marzo me hicieron la última operación, me pusieron los implantes y me dieron cita para mayo para ponerme las prótesis». Sin embargo, esas prótesis nunca llegaron. La cita se la retrasaron hasta en cuatro ocasiones hasta que la clínica finalmente cerró el pasado junio dejando a la paciente con la boca totalmente desamparada. «Ahora no puedo comer, he perdido 10 kilos en sólo cinco meses y no puedo recibir los tratamientos adecuados para paliar mis enfermedades», relata emocionada Asunción quien asegura que le hicieron una «mini limpieza de boca» y ahora tiene las encías infectadas con el agravante que ningún dentista le quiere «meter mano» porque no dispone de los informes clínicos de iDental. Además, la afectada sigue pagando 117 euros al mes por un servicio que nunca llegó a recibir.

Por ello, la semana pasada unos 300 agentes de diferentes unidades registraron la sede de iDental en Rivas Vaciamadrid, así como otras 22 clínicas de iDental en diferentes provincias de España, en busca de pruebas de la posible comisión de un delito de fraude, así como para recuperar los historiales de las personas damnificadas para devolvérselos a los pacientes. Algo imprescindible para que los tratamientos que estos centros dejaron sin terminar puedan ser concluidos en otros lugares. «Yo lo único que quiero es tener mis dientes para poder comer y no seguir perdiendo peso», apunta Gutiérrez al otro lado del teléfono.

«Mi estado de ánimo era bajo, ahora me lo han dejado por los suelos»

Caso parecido es el de Javier Benito, de 53 años que, «aprovechando» que ya trabajaba para iDental desde 2015 «montando las clínicas» en las diferentes provincias donde se iba produciendo una apertura, decidió «arreglarse» los dientes superiores debido a que sufre una enfermedad periodontal. «Los dientes se me movían y se me iban a caer. Decidí ponerme una prótesis. Empecé el tratamiento en mayo de 2016, en junio de 2018 cerraron la clínica en Madrid y yo me quedé sin mi prótesis».

En la primera cita a Benito ni siquiera lo atendió un odontólogo sino un comercial que le prescribió lo que debía hacerse y, por supuesto, le ‘vendió’ un crédito vinculado de 2.600 euros que a día de hoy sigue pagando por una prótesis provisional rota que es lo que ahora mismo tiene. Y es que Javier sólo estuvo cuatro meses con la prótesis definitiva, porque después de este tiempo ésta se le rompió y tuvo que volver a usar la provisional. Tenía nueva cita para el 19 de junio, el 10 cerraron. Ahora se lamenta: «Mi estado de ánimo cuando decidí meterme en esto era bajo, ahora me lo han dejado por los suelos».

Así estafaba iDental

«Dentistas con corazón», rezaba el anuncio; «¿No puedes comer bien? ¿Te da vergüenza sonreír? ¿No te puedes permitir ir al dentista para solucionarlo? Ahora sí puedes. iDental destina un millón de euros en ayudas dentales privadas para que te puedas arreglar la boda desde sólo 28 euros al mes», mentía otro spot publicitario; «Implantes dentales desde 12,03 euros al mes», aún se puede leer en su página web.

Y así, con este modelo de funcionamiento basado en unas subvenciones inexistentes dirigido a personas con pocos recursos económicos es como este entramado empresarial fraudulento «movió en tres años unos 1.400 millones de euros«, señala a este periódico Óscar Castro Reina, presidente del Consejo de Dentistas de España, quien apunta cómo iDental estaba estructurado sobre sociedades mercantiles y de intermediación y no sobre sociedades profesionales.

De esta forma, evitaban el control deontológico de los colegios al no estar obligados a inscribirse en ellos y burlaban las leyes ya que, de este modo, «cualquier persona» puede abrir una clínica dental sin ser dentista. Y aquí radica el problema, porque los compradores o socios de estas clínicas eran meros empresarios que miraban por el bienestar de su economía y no por el de los pacientes. «Esto no ocurre, por ejemplo, a la hora de abrir una farmacia. Quien quiera hacerlo debe ser farmacéutico. Sin duda, la administración tiene que endurecer los criterios para abrir una clínica dental», apostilla Castro.

«Lo que pasa en este país es que tenemos muchas leyes pero pocas se aplican», continúa el presidente del consejo. «En ningún país de Europa se permite esta publicad tan agresiva, ni ves anuncios de clínicas dentales en televisión ni tratamientos con descuentos y ofertas, porque eso supone la mercantilización de la odontología. En ningún momento las autoridades han velado porque esos mensajes sean veraces», explica Castro, quien nos facilita una veintena de anuncios de varias clínicas dentales donde a cambio de unos empastes te regalan unos implantes, un viaje a Disneyland o incluso un Mc Menú Grande por una limpieza dental. «No puedes crear la necesidad», insiste, y asegura que desde hace tres años viene avisando a la administración de esta situación, ya que desde los colegios no pueden intervenir en un negocio privado. «Tenemos muchas limitaciones. Tenemos un cierto control sobre los colegiados, pero no podemos intervenir en un negocio privado», asegura.

«La Administración es la que tiene la sartén por el mango»

Ante esta situación, a los más de 400.000 afectados lo único que les consuela es que sean indemnizados para poder retomar sus tratamientos en otros centros dentales. En este sentido, el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha asumido la investigación y, según cuenta a este diario Isabel Palomino, abogada de AFECADE, el proceso se encuentra en la fase de instrucción en el proceso penal. Una fase que será larga, ya que son más de 400.000 las personas afectadas y miles de documentos que recabar y estudiar.

Además, Palomino, junto al resto de colegas de la Plataforma, se encuentra luchando por paralizar los pagos a las financieras. Hay que recordar que iDental ofrecía un sistema de financiación a través de diversas entidades colaboradoras entre las que se encuentran algunos bancos y financieras, de forma que  percibía el abono íntegro anticipado del precio de los servicios contratados.«La mayoría de ellos eran créditos vinculados, por lo que al no recibir el servicio, los pacientes deben dejar de pagar ese préstamo», señala la abogada, y aquí mira de frente a las administraciones y se pregunta: «El número de quejas ante la administraciones se cuenta por miles, ¿nadie sospechó que estaban pasando cosas extrañas y que había que haber controlado y vigilado? Por supuesto que exigimos responsabilidad patrimonial al Estado».

Y eso mismo le hemos preguntado nosotros a la Consejería de Sanidad de la Generalitat valenciana, la comunidad con mayor número de afectados, unos 200.000, quienes nos ha asegurado que «las primeras reclamaciones de afectados en la Conselleria se registran entre finales de mayo y principios de junio de 2018», momento en el que empezaron a actuar «destinando los recursos humanos, materiales y económicos necesarios para custodiar y gestionar los historiales odontológicos de los pacientes». Además, también nos cuentan que están trabajando en el desarrollo de una norma autonómica que regule la publicidad sanitaria y que evite la difusión en situaciones como esta.

En cuanto a compensación o ayudas a los afectados, aseguran que «ese es un tema que no compete a la Conselleria de Sanitat».

Y los profesionales de iDental, ¿qué responsabilidad tienen?

Unos 800 dentistas trabajaron en iDental en las 24 clínicas que el entramado empresarial tenía distribuidas por toda España entre 2015 y 2018. La mayoría eran jóvenes recién licenciados, muchos con contrato de prácticas, que comenzaban a trabajar bajo la falsa promesa de másteres y cursos de posgrado para completar la oferta formativa y sin apenas formación ni experiencia. Esto llevaba a realizar malos diagnósticos y negligencias, ya que trabajaban «sin ninguna supervisión de un superior».

En este sentido, miles de personas son las que denuncian no sólo una estafa económica, sino mala praxis. Las reclamaciones van desde infecciones derivadas de los implantes, a rotura de mandíbula, fiebre y/o problemas para comer. En todo este tiempo, a más de un centenar de ellos, la mayoría con edades comprendidas entre los 23 y 26 años, se les ha abierto expedientes sancionadores. Sin embargo, para la abogada de AFECADE el máximo responsable son los jefes sanitarios de las clínicas, que son quienes tienen la responsabilidad última sobre todos los pacientes atendidos. Pero Palomino recuerda que «uno de los problemas de este entramado es que el paciente no era tratado por un solo profesional, sino por 15 ó 16. El poder determinar de una forma precisa quién ha sido el que exactamente ha producido esa situación es complicado».

En este sentido, Óscar Castro hace un inciso y destaca que para que una operación o intervención sea lo más cercana al éxito posible «hay que tener una buena formación, habilidades y buenos materiales». Y estas premisas no siempre se cumplían, ya que como se está demostrando los materiales no eran de buena calidad. «Los pobres hacían lo que podían», se lamenta el presidente del consejo, que bien aprovecha esta ocasión para denunciar la plétora profesional del sector en uno de los países europeos donde menos gente acude al dentista y donde más odontólogos hay, unos 36.000, según Castro; esto es, una crecida del 240% en los últimos 20 años. “Antes, cuando un dentista se licenciaba, se montaba una pequeña clínica en un piso, trabajaba todo lo que podía y a través del boca oreja se iba dando a conocer. Ahora esto es inimaginable”, apunta Castro, que concluye: «Ahora al dentista joven sólo le queda trabajar para un tercero por 600 o 700 euros».

En este sentido, y con uno de los mayores escándalos sanitarios de la historia de España sacudiendo la industria, la única solución, según los expertos, es poner límites al número de estudiantes de odontología, y regular y perseguir de forma más estricta el límite a la publicidad, el control del subempleo y las licencias de apertura de centros odontológicos.