La Justicia española, en estado crítico

Hace ya bastantes años, un político andaluz – Pedro Pacheco – fue condenado por decir que “la Justicia española es un cachondeo”. Cachondeo o no, lo cierto es que el sistema judicial está en crisis; en una profunda crisis que requiere cuidados intensivos para salvarlo de una muerte anunciada que viene de lejos. Cada vez más desprestigiado entre los ciudadanos, son los propios miembros de la judicatura – jueces y fiscales – los que ahora han dicho basta y se han puesto en pie de guerra contra quienes no hacen nada por resolver la precariedad, la falta de independencia y las carencias de una administración que necesita una urgente reforma. El mensaje va dirigido al Gobierno, al ministro de Justicia, Rafael Catalá – piden su dimisión -, a los legisladores y al Consejo General del Poder Judicial.

pedimos la dimisión del ministro en la Sede del Ministerio pic.twitter.com/RzUesM6B2k

— Juezas y Jueces para la Democracia (@JpDemocracia) 4 de mayo de 2018

El malestar de los miembros de la carrera judicial viene de lejos, aseguran, y por eso han convocado una huelga para el 22 de mayo, tras protagonizar varios paros. Un malestar que comparten con gran parte de la sociedad – a tenor de manifestaciones y protestas recurrentes – que ve a la Administración de Justicia como un poder politizado, lento, ineficaz y alejado de la realidad. Sobre todo, cuando se producen sentencias como la del Tribunal de Navarra sobre ‘La Manada’, por poner el ejemplo más reciente de rechazo de la ciudadanía ante una decisión judicial, que ha reabierto el debate sobre la necesidad de modificar determinadas leyes.

The Objective ha hablado de todo esto con representantes de jueces y fiscales, unidos como nunca antes para lograr un solo objetivo: mejorar el sistema judicial. También con el Ministerio de Justicia, que no ve motivos para una huelga.

Acabar con la idea de que la Justicia está politizada no es tarea fácil. Casos de corrupción como Nóos, las tarjetas Black, la Gürtel o la familia Pujol no ayudan. Si la judicatura está cada vez peor vista, en el caso de la Fiscalía, la opinión mayoritaria no es mucho mejor. El hecho de que el fiscal general del Estado sea nombrado por el Gobierno pone en tela de juicio la capacidad del Ministerio Fiscal para actuar con independencia, principalmente, en los casos de corrupción.

“Nuestro común objetivo es reforzar la independencia judicial, la modernización de la Administración de Justicia, con un servicio público de calidad y eficaz que responda a las demandas de la sociedad española del siglo XXI, y una mejora de las condiciones profesionales de los miembros de las carrera judicial y fiscal”, explican jueces y fiscales en un documento conjunto firmado por la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional Independiente de Fiscales.

Estas demandas comenzaron el 5 de abril con varios paros y culminarán en una huelga ante la pasividad del Ministerio de Justicia y de los legisladores, aseguran. “Lamentablemente seguimos sin ver avances en la consecución de las propuestas de mejora de la Justicia que planteamos. La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) sigue estancada en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados y sigue sin atenderse la obligación prevista en la Ley 15/2003. Todo ello no nos hace sino insistir en nuestros planteamientos y anunciar que jueces, juezas y fiscales continuaremos con nuestro calendario de movilizaciones, con la huelga prevista para el próximo día 22 de mayo, en función de la marcha de las negociaciones”.

Tras la reunión mantenida en abril entre las asociaciones y Rafael Catalá, la conclusión no fue en absoluta satisfactoria. “El ministro no asume compromisos concretos en relación con la mayoría de las propuestas para la mejora de la Justicia y, en particular, se niega a impulsar la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para garantizar que se lleve a cabo una efectiva despolitización del sistema de elección de los 12 vocales, tal y como viene demandando en sucesivos informes el Consejo de Europa”, explica el Foro Judicial Independiente en su página web.

De entre todas las críticas que recibe la Justicia, es esa falta de independencia la que más se repite, la más preocupante, la que está dejando a este poder – el tercer pilar de una democracia junto con el Ejecutivo y el Legislativo – a la altura del betún, debido a una clara politización con la que el Gobierno de Rajoy parece sentirse muy a gusto.

Qué piden los jueces

Las demandas se aglutinan en torno a 14 puntos que se pueden resumir en tres peticiones. Una, de tipo profesional, que incluye el tema de las retribuciones. “No solo por el recorte que hubo con la crisis económica, que se nos bajó muchísimo el sueldo y no se ha actualizado”, explica a The Objective Raimundo Prado, portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria. También está el tema de los complementos que son “casi indignos”. Y es que en las guardias, los jueces cobran en torno a 60 céntimos la hora. “La gente cree que un juez magistrado tiene el sueldo de un magistrado del Tribunal Supremo, y eso no es así”. Los magistrados del Supremo tienen un sistema retributivo diferente. “No decimos que los sueldos de estos no sean adecuados, al contrario; los que nos son adecuados son los del resto”, puntualiza. Otra demanda dentro del capítulo retributivo afecta a las jubilaciones. “Nuestros ingresos son, sobre todo, por complementos, y eso luego a la hora de la jubilación se queda muy limitado”.

Cuestiones profesionales. Aquí, lo que piden es un trabajo que incida en la calidad de la Administración de Justicia. “Nosotros no sabemos qué es lo que tenemos que trabajar”. En muchos órganos “entra trabajo constantemente, y entra y entra…”. Por ejemplo, “tienes que poner señalamientos a un año y medio o dos años vista, y el día que te pones malo, esos señalamientos tienen que retrasarse”. Y añade: “Queremos saber qué es lo que tenemos que trabajar, cuánto y de qué manera y, sobre todo, cualquier empresa o administración tiene un plan de riesgos laborales, es decir, que cuando se excede en número de horas o se dan una serie de circunstancias, se aplica la prevención de riesgos laborales y saltan las alarmas, y se adoptan una serie de medidas para que el trabajador no tenga problemas de salud. Esto tampoco existe en el ámbito judicial y estamos expuestos, como ha pasado, a que a alguien le dé un infarto trabajando”.

Sobre vacaciones y permisos, están regulados por la Ley Orgánica del Poder Judicial. “Los funcionarios, como las tienen por decreto ley, se modificó la ley y han vuelto a tener las vacaciones que tenían antes del 2012. Nosotros tenemos esto regulado por ley orgánica y necesitamos una mayoría cualificada en el Parlamento para cambiarla, y los políticos no hacen más que dar largas a los jueces y en lugar de aprobar esa ley, que no cuesta nada al Estado, se han enredado y han empezado a meter enmiendas de 50 cosas que no tienen nada que ver y esa ley está ahí, y no sale”.

Hay un tercer grupo de demandas más general entre las que están la digitalización, que “es un desastre», se lamenta Raimundo Prado. «Se ha gastado muchísimo dinero, parece que todo es muy moderno pero se ralentiza muchísimo el trabajo”.

En este grupo de demandas destaca el espinoso tema de la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), “que venimos pidiendo desde hace mucho tiempo y que ningún partido quiere” modificar, salvo Ciudadanos “que ahora dice que sí pero supongo que es porque no gobierna”, comenta el portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria. “Cuando gobierne habrá que ver si lo hace o no”.

Cuando toca hablar de la independencia judicial, Prado habla claro: los vocales del CGPJ “deben cierta lealtad” a los políticos y “no nos sentimos representados” por el órgano de gobierno de los jueces. El caso del consejo no es único. Los nombramientos por afinidad se extienden al “presidente del Tribunal Superior de Justicia o a los presidentes de las Audiencias provinciales. Se llevan a jueces que puedan ser gobernados por ellos”, denuncia.

¿Qué proponen para la elección de los vocales del CGPJ? Porque si a los jueces no les convence que los elijan los partidos, tampoco a los ciudadanos les ofrece ninguna garantía de independencia. Prado contesta: “Que esos 12 jueces y magistrados sean elegidos por los propios jueces, por los miembros de la carrera judicial”. ¿Cómo?. “Nos pondremos de acuerdo sobre el sistema las diferentes asociaciones; no habría problema. Podría ser un sistema proporcional en el que de esos 12, cada asociación o cada persona pudiera votar quizá a cinco o seis con objeto de que salieran de todas las asociaciones y de todas las tenencias o de gente no asociada”.

La pregunta siguiente es si ese sistema de elección daría más independencia al órgano de gobierno de los jueces. “Por lo menos daría más apariencia de independencia”, contesta el portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria. “Si nosotros nombramos a un representante nuestro, lo podrá hacer bien o mal, pero no le debe nada a ningún político. Se lo deberá a los jueces que luego lo volverán a votar o no, porque estos son cargos de cinco años”. El problema ha quedado claro ahora. “Si a Carlos Lesmes – presidente del CGPJ y del TS – lo ha nombrado el Partido Popular y quiere ir en un futuro al Tribunal Constitucional, tendrá que portarse bien con el PP y cuando digo Lesmes, digo desde él hasta abajo; o los que ha nombrado el PSOE, o las cuotas con los partidos, que en CGPJ siempre hay alguien que lo ha nombrado el grupo vasco o el grupo catalán”. En este punto, Prado se pregunta por qué sigue vigente ese sistema. «¿De qué tienen miedo?».

«Si a Carlos Lesmes, presidente del CGPJ y del TS, lo ha nombrado el Partido Popular y quiere ir en un futuro al TC, tendrá que portarse bien con el PP»

La relación de las asociaciones de jueces con el actual ministro de Justicia, Rafael Catalá, pasan por uno de sus peores momentos, con petición de dimisión incluida. Con este departamento es con el que se está abordando el tema de las retribuciones pero no hay avances. “Lleva mareando la perdiz, diciendo que, al final, todo depende del Ministerio de Hacienda”, critica Raimundo Prado, cuya asociación optó por levantarse de la reunión. La urgencia de negociar las demandas retributivas obedece a que tienen que incluirse en los Presupuestos Generales del Estado de 2018, que están en trámite parlamentario.

Pero no todo es culpa de Catalá. Hay otras demandas que no dependen del ministro, dependen del propio Parlamento. ¿Y qué les dicen los grupos? “Llevamos dos años o tres hablando con ellos, pero es como la película de Buñuel (El Ángel Exterminador). No hay manera. El PSOE, con el tema de los vocales del CGPJ se niega porque perdería representación, y el PP lo dice con la boca chica y, por supuesto, Podemos, nada; y Ciudadanos dice que sí, pero claro, si dice que nos apoya pero no les apoya nadie…como hay que hacerlo por ley orgánica, pues nada”. Y, mientras, añade Prado, “el CGPJ ha estado con los brazos cruzados durante cuatro años y lo único que ha hecho ahora es un documento sobre cargas (de trabajo) porque le hemos insistido. Ahora que se va a ir en diciembre es cuando ha empezado a trabajar y seguro que no le va a dar tiempo a sacarlo. Un desastre”.

La huelga tiene como finalidad, más allá de las reivindicaciones concretas, mejorar la Administración de Justicia y que la sociedad entienda que los miembros de la carrera judicial, los jueces y fiscales que trabajan a diario no son el Consejo General del Poder Judicial. “Ellos son vocales, que no tienen nada que ver con la Justicia, no ponen la sentencias”, subraya Prado. “Y es más”, añade, “los nombramientos de mujeres, normalmente están relacionados con la ideología de los que los ponen, me da igual si es un hombre o una mujer, se tiene que poner al más antiguo, el que lleva más tiempo poniendo sentencias, al que quieran sus compañeros, no a una mujer o a un hombre, porque las mujeres que se están poniendo ahora están en la cuerda de los vocales. Se trata de poner a los jueces que los propios jueces queramos”.

“Gracias a las asociaciones”, concluye, “podemos dar un poco de voz a los jueces, en condiciones que no son las justas, estamos en desigualdad de condiciones frente al ciudadano y lo que quiero transmitir es que los jueces estamos súper inmersos en la sociedad. La gente es muy joven, moderna, muy preparada en todos los sentidos, y en la carrera ya hay un 70% de mujeres, ¿qué es eso del patriarcado? ¿qué chorrada es esa?”.

Qué piden los fiscales

“Esto no es una cuestión que haya surgido hoy, ni hace tres meses. Llevamos mucho tiempo reclamando mejores medios, tanto personales como materiales; reclamando también una Justicia de calidad, una mayor separación de la Fiscalía, en nuestro caso, del Ministerio de Justicia. Necesitamos una autonomía real del Ministerio de Justicia, y eso requiere como paso previo una autonomía presupuestaria y que podamos regirnos a nosotros mismos, es decir, una autonomía de gestión y de funcionamiento interno”, explica a The Objective Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales.

Se lamenta de la falta de repuesta por parte de las instituciones. “Son reclamaciones que no se nos reconocen y que cuanto más se reclaman parece que menos se atienden. Llega un momento en que la situación resulta insostenible porque aunque se habla de un Pacto de Justicia Nacional luego resulta que ese pacto no llega y se rompe; se anuncia un nuevo Estatuto del Ministerio Fiscal que nunca llega; y estamos siempre en el mismo punto donde estábamos».

Cuenta Dexeus que llegó hace 30 años a la carrera «y ya se hablaba de entregar la investigación al fiscal. Mire lo que ha llovido y seguimos exactamente igual, en el mismo punto, no avanzamos».

Además, hay unas reclamaciones salariales. «A nosotros, en el momento más álgido de la crisis, igual que al resto de la función pública, se nos recortaron los sueldos pero en nuestro caso con mayor ahínco que en otros cargos de nuestra categoría en la función pública; queremos recobrar esa diferencia». Y en el caso de las guardias de los fiscales más jóvenes, «una guardia semanal está pagada con 57 euros, durante una semana. Eso no es digno. Eso se ha de mejorar necesariamente».

Después está el tema del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que «es como una china en el zapato», en el que se dice que el fiscal debe de estar pendiente de los plazo de la instrucción, pero el problema es que «el fiscal no tiene la instrucción de las causas y, por tanto, ¿cómo voy a saber cómo está la causa que tiene un funcionario en un juzgado dentro de un cajón?¿Cómo lo puedo hacer? Pues con mucha voluntad», añade Cristina Dexeus. «Pero se me pueden escapar una o 21 causas porque yo no tengo ni siquiera físicamente esa causa en mi poder, ni tengo por qué conocer de ella en ocasiones. Imaginemos que viene inhibida de otro juzgado y yo eso no lo sé. Yo puedo llevar al día lo que sé que está en mi juzgado pero lo que llega de otro puedo no saberlo, pues han pasado los seis meses…». «A ver, es absurdo, incoherente con el propio sistema procedimental español», añade.

¿Cuáles es la solución? «La solución es que o me cambia el sistema y me da la investigación a mí, entonces sí tengo la obligación de velar por unos plazos para que se cumplan, más realistas, por cierto, o le confiere esa responsabilidad a otro, pero no a mí. Es incompatible. ¿Qué quiere, que no funcione el sistema? Pues si es así, dígamelo”, añade la presienta de la Asociación de Fiscales.

En cuanto a la independencia, desde el momento en que al fiscal general del Estado lo nombra el Gobierno, la impresión desde fuera es que no cabe una gran independencia de actuación sobre según qué temas. “También sobre esto hay mucho que hablar y debatir, sobre la forma de nombramiento del fiscal general del Estado». Dexeus plantea lo siguiente: «Sí puede mantenerse esta forma pero ayudada con otros módulos para que no sea una cosa tan directa, o incluso que el periodo de mandato del fiscal general no coincida con el del Gobierno, que no cese cuando el Gobierno cesa; las causas de cese son las que también hay que tener muy, muy bien controladas para que no haya ninguna causa que pueda ser un cajón de sastre, de modo que no se le pueda cesar en un momento determinado cuando no hace lo que el Gobierno pudiera querer».

A esto añade que «todas las comunicaciones entre Gobierno y fiscal general deben ser por escrito. Yo no veo que un fiscal general del Estado vaya a dar explicaciones a un Consejo de Ministros, y eso está ahora en el Estatuto». Esto no ayuda, reconoce la fiscal, que deja claro a continuación que «en mis 30 años de carrera nunca he tenido interferencias políticas o presiones políticas del fiscal general en ninguno de los asuntos que he llevado, pero ciertamente, es verdad que la forma de designación, esa forma de actuación sin presupuesto propio, sin posibilidad de que nosotros dictemos nuestras propias resoluciones, sin posibilidad de que nosotros dictemos nuestros propios reglamentos, y que todo eso tenga que pasar por el Ministerio de Justicia, da esa sensación de participación del Gobierno en la actuación del Ministerio Fiscal que es difícil defender ante la ciudadanía la autonomía».

«La verdad es que la forma o la apariencia también es importante», admite.

Todas las comunicaciones entre el Gobierno y el fiscal general deben ser por escrito 

Sentencias e interferencias políticas no ayudan nada a una independencia judicial que es fundamental para un sistema democrático. En ese sentido van dirigidas algunas de las demandas de los fiscales. “Hacia una independencia judicial real y visible que la gente pueda apreciar y es verdad que necesitamos hacer mucha pedagogía sobre las instituciones del Estado, sobre el funcionamiento, sobre las normas que nos rigen y cómo actuamos, porque es verdad que existe un gran desconocimiento por parte de la sociedad que, en parte, también es debido a que nosotros no hablamos, ni explicamos muchas veces cuál es nuestra intervención”.

Sobre las reuniones con el ministro, Dexeus no cree que sea posible desconvocar la huelga. “De momento no lo veo. Sí que ha habido unas reuniones iniciales donde no íbamos a ninguna parte; el otro día se nos dijo que, en principio, se nos aplicarían las mismas reformas salariales que se hagan para la función pública. ¡Sólo faltaría! Porque también somos parte de la función pública, si lo somos para lo malo también para lo bueno. Más allá de eso, se habla de pequeñas cosas pero no se concretan en absolutamente nada. Y además, no en las demandas esenciales. Se dice ‘tendríamos que mejorar el pago de las guardias’; pues claro, es que hace mucho tiempo que lo pedimos».

En su opinión, lo que tiene que hacer el Gobierno es presentar una propuesta alternativa. «En ocasiones es un poco un diálogo de besugos». ¿Y los grupos parlamentarios, qué dicen? Se ríe. “Todos hablan mucho, a todos les interesamos mucho últimamente pero lo cierto es que el Pacto por la Justicia se ha roto, y no hay posibilidad de recomponerlo por lo que parece, por lo que nos explican. Con lo cual, está muy bien que te reciban, que te hagan la foto y que te cuenten y que les expliques, pero lo cierto es que esto no va de eso. Esto va de que se pongan a trabajar de nuevo en el diseño de Justicia del siglo XXI para España. Cada uno tendrá que ceder lo que tenga que ceder y tendrán que ponerse de acuerdo necesariamente, porque la Justicia es uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho. No puede ser que nuestros legisladores sean incapaces de llegar a un acuerdo».

¿No interesa? “La sensación, en ocasiones es esa», añade Cristina Dexeus. “Para que la Justicia funcione, mejore, se rehabilite, es necesario un sistema independiente, fuerte”, pero en estos momentos la Justicia “está bastante deteriorada, y además, por parte de los responsables políticos que debieran ayudar también en esa labor, no sólo no ayudan sino que nos echan la mano al cuello. Los responsables políticos también deberían medir bien las palabras y hacer una labor de pedagogía, con todas las críticas que se puedan hacer a resoluciones judiciales, por supuesto que en un Estado de derecho la crítica es súper sana, pero desde un punto de vista razonable y sabiendo a dónde vamos y dónde queremos ir. No vale arrojar la piedra, criticando, y luego no hacer nada. Es un momento complicado«, concluye.

Qué dice el Ministerio de Justicia

Desde el departamento que dirige Rafael Catalá, la respuesta que ofrece a The Objective es que no hay motivo para la huelga y que algunas demandas que ya están en marcha.

«El Gobierno tiene voluntad de escuchar y analizar las demandas de los colectivos de la Administración de Justicia y prueba de ello son las reuniones que de forma periódica se mantienen con los diferentes colectivos». Así, recuerda que «para buscar posibles soluciones a esas reivindicaciones es necesario aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2018 para poder dotar de más recursos a la Justicia, así como aprobar las reformas legislativas que se encuentran en trámite parlamentario».

En concreto, «los presupuestos para este año recogen un incremento del 3,1% del gasto público en Justicia, lo que permitirá aumentar un 2,5% el capítulo de gastos de personal, se podrán convocar nuevas plazas para 300 jueces y fiscales, invertir 132 millones de euros en transformación digital de la Justicia, e incrementar el gasto social en áreas de especial sensibilidad para el ciudadano en un 31%. Además, esas cuentas contemplan una subida salarial acordada ya entre Gobierno y sindicatos del 1,75 % que afecta a jueces, fiscales y funcionarios», asegura Justicia.

Respecto a las demandas, responde que «de las 14 propuestas para la mejora de la Justicia que las asociaciones de jueces y fiscales han presentado, 10 ya están en trámite y en proceso de aprobación, el resto de estas medidas están siendo objeto de estudio igualmente». Según Catalá, «no hace falta una huelga para sentarse a negociar con jueces y fiscales puesto que ya se está negociando con ellos».