Francia, indignada por el asesinato de una niña de 11 años a manos de un hombre denunciado

La indignación se apodera de Francia. El asesinato de Lyhanna Rameau Bernard, una niña de 11 años hallada muerta el pasado jueves, ha desatado un auténtico enfado nacional, con marchas silenciosas y un intenso debate sobre los fallos del sistema judicial y de protección a la infancia. La razón: el presunto asesino acumulaba múltiples denuncias y señalamientos por agresiones sexuales a menores sin que se adoptaran medidas preventivas efectivas.

Lyhanna desapareció el 29 de mayo de 2026 en Fleurance, una localidad de unos 6.000 habitantes en el departamento de Gers, en el suroeste de Francia. Fue vista por última vez saliendo del colegio y subiéndose a un coche gris que pertenecía a Jérôme Barella, de 41 años, padre de una de sus amigas y conocido de la familia.

Barella fue detenido poco después. En sus primeras declaraciones negó haberla recogido, pero luego admitió haberlo hecho y aseguró que la dejó en la piscina municipal, que estaba cerrada ese día. Las incoherencias en su testimonio afianzaron las sospechas de los investigadores.

Tras días de intensas búsquedas con gendarmes, voluntarios y medios aéreos, el cuerpo de Lyhanna fue hallado el pasado jueves 4 de junio en un silo de grano abandonado, a unos 15 kilómetros del lugar de la desaparición. La autopsia confirmó su identidad, aunque por el momento no se han hecho públicas las causas de la muerte ni si fue víctima de una agresión sexual. Barella se encuentra en prisión preventiva. Él ha negado ser el autor del asesinato.

Un historial de denuncias archivadas

Barella, trabajador en una cooperativa agrícola, acumulaba un historial alarmante. Según han publicado numerosos medios franceses, en 2017 una madre le denunció por mantener relaciones sexuales con su hija de 17 años. La denuncia fue archivada al considerar que las relaciones fueron consentidas.

Posteriormente, fue expulsado de un instituto por «conducta inapropiada» con una menor. En 2022 afrontó una denuncia por violación a una menor por hechos ocurridos en 2020, cuando la víctima tenía entre 7 y 10 años, que también fue archivada por falta de pruebas.

En agosto de 2025, otra madre denunció la violación de su hija, de entre 10 y 12 años, en casa del sospechoso. La menor fue escuchada, pero Barella nunca fue interrogado pese a los indicios existentes. La causa pasó entre las fiscalías de Toulouse y Auch y sufrió retrasos significativos.

Estas denuncias previas, junto a otras que han surgido tras el caso, han alimentado el debate sobre los fallos del sistema judicial francés en la protección de los menores. Tras el caso de Lyhanna han surgido nuevas denuncias, entre ellas, al menos, dos de niñas de 11 años y otras procedentes de distintas zonas. Las autoridades han reconocido errores como la lentitud en las investigaciones, la falta de seguimiento a las denuncias de menores y la sobrecarga de los servicios. También se ha apuntado a una posible infravaloración de la palabra de los niños.

El presidente Emmanuel Macron habló de «fallos» y de «responsabilidades colectivas sistémicas». El primer ministro convocó un gabinete de urgencia y se ordenó una investigación interministerial entre Justicia y Gendarmería, con resultados esperados en unas dos semanas. El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, admitió que la situación era «inaceptable» y convocó a fiscales generales. Además, se anunció una revisión de miles de expedientes de delitos contra menores.

Los franceses toman la calle

El pasado domingo, miles de personas participaron en una marcha blanca silenciosa en Fleurance, encabezada por los padres de Lyhanna —Martial Bernard y Charly Rameau— y otros familiares, con mensajes como «Lyhanna, perdón» y «Nunca más». Los padres expresaron su dolor y pidieron perdón por lo que su hija vivió.

El caso ha reabierto el debate sobre la protección a menores en Francia, marcado por el alto número de denuncias archivadas —alrededor del 73% en casos de violaciones a menores, según algunas asociaciones— debido a la falta de pruebas o de medios, la lentitud procesal y la necesidad de más recursos y formación.

Políticos de distintos espectros han coincidido en criticar el sistema. También se han convocado protestas ante tribunales y frente al Ministerio de Justicia. Este caso se produce en un contexto de aumento de desapariciones inquietantes de menores —más de 1.600 en 2025, con cifras al alza— y otras alertas sobre abusos en entornos escolares.

El caso Lyhanna sigue abierto y representa, según las autoridades y buena parte de la sociedad francesa, no solo una tragedia individual, sino un «fracaso colectivo».