¿Cómo afectará la ley Celáa a la educación de las futuras generaciones?

El pasado martes el Consejo de Ministros aprobó la LOMLOE, la reforma de la ley educativa conocida comúnmente como ley Celáa. Si se aprueba en el Congreso, el Gobierno de Pedro Sánchez cumplirá una de las promesas más reiteradas de los socialistas: derogar la LOMCE –o ley Wert– aprobada en 2013 durante el Gobierno de Mariano Rajoy. 

La ley Celáa ya había sido aprobada en febrero de 2019, el mismo día en que se anunció la repetición de las elecciones y se disolvieron las Cortes, lo que truncó su tramitación parlamentaria. La norma ha sido aprobada por segunda vez sin ningún cambio, a pesar de que el Gobierno es ahora uno de coalición con Unidas Podemos. 

Es la séptima ley educativa en 40 años. Después de la LGE, la Loece, Lode, Logse, Loce, LOE y Lomce. A leyes educativas y procesos electorales, no hay quien nos gane. Pero, ¿qué cabe esperar de la ley Celáa?

La ley que “no deja a nadie atrás” bajando el listón

La nueva ley incluye una serie de reformas para luchar contra el fracaso escolar. España es el país de la Unión Europea con un mayor índice de repetidores. Para reducir la tasa, la ley incluye una serie de medidas: 

Se podrá superar el Bachillerato y obtener el título con una asignatura suspensa. 

En la ESO, los que suspendan más de dos asignaturas podrán pasar de curso si así lo considera el equipo docente. En primaria solo se podrá repetir 2º, 4º y 6º curso.

Controversia con la concertada

Uno de cada cuatro niños españoles estudia en la escuela concertada. El hecho de que reciba financiación pública y privada lleva a muchos a alegar una competencia desleal con respecto a la pública. En muchos casos, esta doble financiación hace que estas escuelas tengan programas o medios que las hace más apetecibles para los padres, dejando a la escuela pública como la opción B. 

Hasta ahora, se tenía en cuenta la demanda que hubiese por parte de los padres a la hora de ofrecer nuevos puestos y abrir nuevas clases tanto en centros públicos como en concertados. La nueva ley elimina esa condición, conocida como demanda social, y da a las administraciones de cada comunidad el poder de abrir o cerrar puestos sin tener en cuenta las preferencias de los padres. 

Se ha eliminado este criterio, pero se han añadido otros. Por ejemplo, las comunidades repartirán a estudiantes con necesidades especiales o con pocos recursos económicos por distintos centros. Será otra condición a tener en cuenta, como puede ser la cercanía del domicilio o del lugar de trabajo. 

Según el Gobierno, el objetivo de esta medida es que no se segregue a los alumnos según su condición social y económica. Combatir los ‘colegios gueto’. 

Por otra parte, dentro de la educación concertada, los modelos de educación mixta tendrán prioridad a la hora de recibir las subvenciones, por delante de los que separan por sexos.

El camino tomado en la ESO no será irreversible

La ley Celáa suprime los ‘itinerarios’ de la LOMCE, un sistema por el que los alumnos en la ESO podían elegir, en 2º o 3º de la ESO, entre la vía académica (Bachillerato) o la aplicada (FP de grado medio).  

El Gobierno considera que este sistema pone barreras a la enseñanza básica. En palabras de Celáa: frente a la LOMCE, que «operaba a través de una canalización de talentos y barreras», «se va a establecer una ancha avenida con distintos caminos que llevan a una titulación única». Con esto, se quiere evitar que el camino tomado por un alumno a los 13 años no sea irreversible y que todos lleguen al mismo punto.

Todos los alumnos estudiarán lo mismo hasta el final de la educación obligatoria, es decir, hasta los 16 años. Los alumnos podrán obtener el título realizando unas “actividades personalizadas extraordinarias” relacionadas con las asignaturas suspensas.

Por otra parte, para la obtención de becas se eliminarán los requisitos académicos por encima del aprobado, dando más peso a los financieros.

Evaluaciones sin consecuencias académicas 

Por otra parte, se elimina la reválida –que nunca se llegó a aprobar– y se vuelve a los sistemas de control y evaluación de la LOE, que no tienen consecuencias académicas y que son competencia de cada comunidad. 

La religión tendrá menos peso

La de religión ya no será una materia específica en 1º y 2º de Bachillerato y su nota no computará para el acceso a la Universidad o a becas de estudio. 

Por otra parte, los alumnos que no escojan religión no tendrán que estudiar una materia alternativa, que hasta ahora era Valores.

Sin embargo, se ha incluido una asignatura obligatoria, Valores Cívicos y Éticos, en 5º o 6º de primaria y en 4º de la ESO. Una especie de Educación para la Ciudadanía renovada que incluye temas como igualdad de género, educación digital o sostenibilidad. Temáticas paralelas al avance de la sociedad, que para algunos son una respuesta al famoso pin parental.

El poder de las Comunidades Autónomas para decidir los contenidos

Las comunidades autónomas que tienen una lengua cooficial –Cataluña, Galicia, País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana y Baleares– decidirán sobre un 45% de los contenidos. El resto de comunidades, sobre un 35%. 

La LOMCE no empleaba porcentajes, si no que dividía las asignaturas en troncales –obligatorias y fijadas por el Estado– y de libre configuración. 

La nueva reforma deja en manos de las comunidades con lenguas cooficiales el que apliquen las medidas necesarias para que los alumnos adquieran un control perfecto tanto del castellano como la de la lengua de su comunidad. Sin embargo, no existe ningún mecanismo de control desde el Gobierno central que garantice que se están impartiendo un número determinado de contenidos en castellano. 

MIR para profesores

El Gobierno se ha comprometido a, en el plazo de un año, presentar un modelo para la formación de los docentes que más allá de la formación en las universidades. Desde el momento en que un profesor se incorpora a un centro, será acompañado por una especie de tutor durante el primer curso académico. Una especie de MIR docente en el que pasarán un año en una escuela como los médicos residentes en un hospital. Se formarán para educar por competencias. 

Un lavado de cara para la Formación Profesional

Se eliminan los requisitos de edad y se permite el acceso desde la enseñanza de régimen de educación especial. Además, se facilita que se compagine con la actividad laboral.

La misma educación infantil para todos y un mayor reconocimiento a la escuela rural

El gobierno central tendrá un papel más decisivo en la educación de 0 a 3 años, antes competencia de las Comunidades Autónomas. El objetivo es que haya una base común. 

En este apartado, la LOMLOE hace hincapié en la escuela rural y de las islas. Busca garantizar que tengan las mismas oportunidades que el resto de escuelas y, con ello, impulsar que los jóvenes permanezcan en ellas más allá de la enseñanza básica. 

El consenso entre partidos, la asignatura suspensa 

El problema con las leyes educativas en España, el motivo por el que son flor de un día, es que la educación se utiliza como arma arrojadiza de la política, y por lo tanto queda supeditada a sus caprichos. «Lo razonable habría sido buscar un consenso, no aprobar una ley con temas polarizantes sin haberlo trabajado», nos explica el político y economista Toni Roldán. «Las víctimas son los alumnos».

Desde la think tank asociada a Esade que dirige, han propuesto que, en lugar de intentar lanzar un proyecto que lo abarque todo, se apueste por una suma de acuerdos centrada en los puntos en los que sí hay consenso político. Algunos de esos puntos son el MIR académico, el sistema de evaluaciones, los cambios en la formación profesional o la lucha por reducir la tasa de repetidores.

«Se insiste en intentar hacer una ley con unos aspectos ideológicos no prioritarios que lo que hacen es que el resto de consensos se caigan», nos cuenta Roldán. Pone como ejemplo la cuestión de la religión o las limitaciones a la concertada.

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