Luisa Ortega Díaz, la fiscal chavista que se enfrentó a Maduro: «Soy una testigo de excepción contra Maduro en La Haya»

Luisa Ortega Díaz, la fiscal en el exilio, la más famosa disidente del chavismo, juega un papel clave en un proceso que se sigue contra Nicolás Maduro[contexto id=»381721″] y sus más estrechos colaboradores en la Corte Penal Internacional (CPI), de La Haya, Países Bajos.

Hoy se dice convencida de que este proceso preliminar, catalogado como «Venezuela I» en la CPI, es una oportunidad invaluable para unificar a la oposición venezolana en pos de un objetivo común: sacar del poder al “régimen criminal de Maduro”.

Poco después de ser destituida ilegalmente en 2017 como fiscal general de Venezuela por el régimen chavista del cual ella misma formaba parte, enfiló sus baterías internacionales contra Maduro y sus más cercanos colaboradores.

Tres años han pasado desde su iniciativa ante la CPI –endosada por otros demandantes, inclusive presidentes de varios países americanos, el Parlamento venezolano y varias ONG`s  que sumaron demandas- . Y ahora el complejo proceso parece encaminarse al alguna dirección cuando la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, dijo que hay “fundamentos razonables” para creer que en Venezuela se han cometido delitos competencia de la Corte.

Pero todavía no se ha iniciado ninguna investigación penal, resalta Ortega Díaz.

Este organismo de la justicia internacional juzga a los responsables de delitos de lesa humanidad, como genocidios, asesinatos, torturas y violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

Hasta ahora la CPI evalúa dos posibles casos penales sobre Venezuela, el segundo fue presentado por el propio régimen de Maduro. La fiscal recibió recientemente de manera formal al sustituto impuesto de Ortega Díaz, el chavista Tarek William Saab.

«Con respecto a la situación de Venezuela I, la Fiscal transmitió a la delegación que esta Fiscalía había concluido su evaluación de la materia y determinado que había una base razonable para creer que en Venezuela se habían cometido crímenes de la competencia de la Corte. A este respecto, la Fiscalía solicitó información sobre las actuaciones nacionales pertinentes y su conformidad con los requisitos del Estatuto de Roma», dijo la CPI en un comunicado.

La lista de la doctora Luisa

En esta entrevista por video Zoom con El Estímulo, desde Bogotá, Colombia, Ortega Díaz señala que “Maduro y su grupo criminal, entre ellos Tarek William Saab”, está haciendo grandes esfuerzos y desplegando todo un lobby «para persuadir a la Corte de que no inicie la investigación formal por la denuncia que yo hice el 16 de diciembre de 2017 y todas las ampliaciones de esas denuncias».

Nicolás Maduro, su ministro de la Defensa, Vladimir Padrino; el ex ministro del Interior y actual jefe de la policía política Sebin, general Gustavo González López; los también generales Antonio Benavides Torres (ex jefe de la Guardia Nacional); el capitán Diosdado Cabello, número dos del chavismo en el poder; el general Néstor Reverol, actual ministro de Energía Eléctrica y ex ministro del Interior, y el propio Tarek William Saab, están en el centro de estas denuncias “por crímenes de lesa humanidad, es decir violación sistemática y generalizada de los derechos humanos de los venezolanos”, explica.

«La fiscal Besouda se está refiriendo a lo que ha ocurrido en Venezuela y lo que propició que eso se iniciara fue la denuncia que yo formulé y que por cierto apoyaron también seis presidentes de la región”, dijo.

Se trata de un proceso complejo, la fiscalía de la CPI van a comenzar a conocer las demandas y decidirán si se inicia una investigación.

“Soy una testigo de excepción de todo lo que pasó en Venezuela, yo formulo la denuncia, como denunciante yo debo aportar, debo ponerme a disposición de la Corte para informar lo que yo señalo”

Expectativas

Ante la pregunta de si este proceso podría unificar a los distintos frentes de oposición contra Maduro y sus colaboradores para propiciar cambios políticos, la disidente ex funcionaria del chavismo dijo que en efecto esto es una oportunidad.

“La denuncia sobre la cual se basa el futuro inicio de las investigaciones es la que yo presenté. Ojala otros fueran protagonistas de eso. Estoy segura de que hay muchísima gente de muchos méritos en esto, que se merece estar ahí en la Corte trabajando en función de este objetivo. El llamado mío es que a que todos trabajemos en función de esto, si tenemos esa posibilidad, un hecho concreto para trabar unidos, vamos a hacerlo”, insiste.

Señala que de iniciarse la investigación el proceso va a requerir del concurso de muchos juristas conocedores de esta materia, de muchas opiniones y mantener una seguimiento permanente en la CPI para que esto no se detenga. Eso incluirá facilitar las entrevistas de los testigos, a las victimas, las indagaciones y esclarecer los casos.

También se requerirán “muchos expertos para los protocolos de autopsias que nosotros consignamos. Esto no puede ser de una persona o dos personas ni de un equipo de cinco, sino de un gran equipo”.

Una práctica de Estado

La actuación de la CPI en casos de crímenes de lesa humanidad se refiere a “violaciones de los derechos humanos de manera sistemática y generalizada”, explica.

“No basta un solo hecho, tiene que probarse que la actuación del Estado ha sido sistemática y generalizada, no casos aislados”

Ortega Díaz señala que consignó ante la Corte más de 8.000 casos de “venezolanos pobres ejecutados a manos de los cuerpos de seguridad del Estado Venezolano durante los años 2015, 2016 y 2017. Te demuestra que fue generalizado y sistemático”.

Esos delitos tuvieron su expresión máxima en las llamadas OLP, las redadas de diferentes cuerpos policiales en barriadas pobres en busca de delincuentes, pero donde a menudo caían víctimas inocentes o simples sospechosos habituales.

Hoy ese trabajo sucio lo hace la Faes, la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional, cuya disolución ha sido demandada hasta por la alta comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos, la ex presidenta de Chile Michelle Bachelet. Ella también ha denunciado los sistemáticos asesinatos extrajudiciales en Venezuela.

La demanda «Venezuela I» también señala “torturas sistemáticas y asesinatos” como el caso de Oscar Pérez, un policía rebelde que fue ejecutado junto a su grupo después que estaban rendidos y pidiendo negociar. Esta “masacre del Junquito” fue transmitida en tiempo real por el propio insurgente a través de la red social Instagram.

El proceso contra Maduro y compañía también documenta torturas como las que fue víctima el capitán de la Armada Acosta Arévalo.

Las protestas del 2017

“También lo que ocurrió durante las manifestaciones en el 2017, donde perdieron la vida 131 venezolanos a manos de los cuerpos de seguridad”, está en el expediente en la CPI.

La mayor parte de estas víctimas fueron jóvenes estudiantes universitarios abatidos con certeros disparos al torso o a la cabeza.

Uno de los últimos casos de Luisa Ortega Díaz como fiscal en ejercicio fue la denuncia del asesinato del estudiante de la Universidad Metropolitana Juan Pablo Pernalete, abatido por guardias nacionales con una bomba lacrimógena disparada a quema ropa contra su pecho.

La tesis del gobierno, desmontada por Ortega Díaz en una acosada rueda de prensa, fue que Pernalete había muerto por una “pistola de perno”, accionada por otro estudiante.

 

«Estoy convencida de que el gobierno no va a lograr frenar la investigación. Junto a mi equipo de trabajo y otros expertos hemos venido monitoreando de cerca cual es el progreso del caso y seguimos velando por el buen curso», dijo Ortega Díaz.

Afirma que la deriva de la denuncia ante La Haya es «un logro de todos los venezolanos, un éxito para los venezolanos. Invito a que trabajemos juntos para lograr que la Corte Penal efectivamente inicie la investigación. Si todos apuntamos hacia ese mismo objetivo le damos fuerza. Con seguridad estamos avanzando hacia el rescate de la democracia, de la libertad y que se sancionen a los responsables de las violaciones a los derechos humanos», recalca.