El juez Pedraz procesa a los líderes de Ausbanc y Manos Limpias por extorsiones

El juez Santiago Pedraz ha decidido procesar a 14 personas al finalizar la instrucción del caso Ausbanc y Manos Limpias. Entre ellas se encuentra el presidente de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), Luis Pineda y el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, y la abogada Virginia López Negrete.

Se les acusa de delitos de estafa, extorsión, amenazas, administración desleal, fraude en las subvenciones y pertenencia a organización criminal y el juez describe conductas de presión a entidades contra las cuales “debería luchar para lograr una protección efectiva de los consumidores”.

Entre las extorsiones por las que se procesa a los acusados, Pedraz concluye que Pineda intentó negociar la retirada de la acusación contra la Infanta Cristina en el ‘caso Nóos’ “a cambio de un acuerdo que les beneficie económicamente, en concreto entre dos y tres millones de euros”.

El dinero que recaudaba Ausbanc procedía principalmente de las entidades financieras con las que firmaba acuerdos económicos enmascarados como “convenios publicitarios”, mientras que otra parte procedía de las subvenciones que recibía por ser una organización sin ánimo de lucro. Además, el juez explica que llegó a utilizar al sindicato Manos Limpias “para reforzar esas coacciones”.

La investigación ha demostrado “la existencia de una organización criminal dirigida por Luis Pineda a través de la supuesta asociación sin ánimo de lucro Ausbanc”, explica el juez en la resolución que resume los dos años de investigación sobre este caso. Asegura que la finalidad de Ausbanc era “la obtención de un beneficio económico ilícito de sus miembros”.

Tanto Bernad como Pineda contaban con el apoyo de Virginia López Negrete, explica el juez en la resolución, y esta colaboración destaca en al menos ocho procesos juidicoales, como el ‘caso Palma’, el ‘caso Sabadell’ o el ‘caso Volkswagen’.

Pedraz ha acordado el sobreseimiento provisional respecto a uno de los hasta ahora acusados, el abogado José María Gómez de León. El magistrado da a la Fiscalía y a las acusaciones un plazo de diez días “para que soliciten la apertura de un juicio oral o en su caso pidan el sobreseimiento de la causa”.