México: el retorno del Leviatán y el candado de la hegemonía

La transición democrática mexicana, un proceso que costó décadas de movilización social, reformas legales y vidas humanas, asiste hoy a su propio desmantelamiento. Lo que alguna vez se construyó como un andamiaje institucional para transitar de la «dictadura perfecta» a un sistema competitivo de partidos está siendo devorado por la pulsión autoritaria de un régimen que confunde la legitimidad en las urnas con el derecho a extinguir el disenso. México experimenta una regresión histórica de proporciones mayúsculas, una involución que busca reimponer el viejo modelo de partido de Estado, pero bajo un ropaje ideológico distinto y con herramientas de control mucho más sofisticadas y punitivas.

Para comprender la magnitud de la crisis democrática actual, es indispensable mirar por el espejo retrovisor. Durante gran parte del siglo XX, el país vivió bajo el yugo del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Era el imperio del «carro completo», un sistema donde las elecciones no eran un mecanismo de competencia, sino una liturgia de ratificación del poder presidencial. El Gobierno organizaba los comicios, el Gobierno contaba los votos y el Gobierno calificaba la validez de la elección a través de colegios electorales dominados por el propio partido oficial. La oposición era una figura puramente testimonial, permitida solo para simular un pluralismo inexistente ante la comunidad internacional.

La ruptura de ese monólogo autoritario fue el fruto de una larga y dolorosa lucha por la democracia. Desde la controvertida elección de 1988 —que muchos tachan de fraudulenta— y la subsecuente insurgencia civil, la sociedad mexicana empujó una serie de reformas políticas destinadas a arrancar el control de las elecciones de las manos de la Secretaría de Gobernación, el Ministerio del Interior.

Así nació el Instituto Federal Electoral (IFE) —posteriormente transformado en el Instituto Nacional Electoral (INE)— como un organismo ciudadano y autónomo, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como la última instancia jurisdiccional para dirimir las controversias bajo el imperio de la ley. Estas instituciones fueron los pilares de la alternancia pacífica del año 2000, un hito que demostró que el voto ciudadano realmente podía cambiar el rumbo del país.

Sin embargo, el triunfo electoral de Morena en 2018 marcó el inicio de una sistemática campaña de asfixia institucional. Lejos de consolidar la democracia que le permitió llegar al poder, la nueva élite gobernante inició un proceso de captura de los contrapesos del Estado. A través del ahogo presupuestal, la descalificación retórica diaria desde el púlpito presidencial y la designación estratégica de perfiles incondicionales en la cúpula gobernante, el INE y el Tribunal Electoral terminaron perdiendo la fisonomía independiente que los caracterizaba. La neutralidad de los árbitros fue sustituida por una militancia pasiva, transformando a los guardianes del voto en espectadores dóciles, o incluso cómplices teóricos, del avance oficialista.

El clímax de esta captura institucional se materializó en el asalto al Poder Legislativo, operado en 2024 mediante un fraude constitucional flagrante. Para consolidar el control absoluto y avanzar en las reformas que alteraron el régimen constitucional, el oficialismo recurrió a una tramposa interpretación de los márgenes de sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados. Al diluir su votación real a través de las siglas de partidos satélites, la coalición gobernante se adjudicó una mayoría calificada que el electorado no le otorgó en las urnas. En el Senado, donde la aritmética no les favorecía, el mecanismo fue aún más burdo: la extorsión política y la compra descarada de senadores electos bajo las siglas de la oposición, que traicionaron a sus votantes para sumarse al bloque oficialista a cambio de impunidad o prebendas.

Eso ha permitido a la coalición oficialista modificar la Constitución a su antojo, incluida una reforma a medida del Poder Judicial para cambiar a todos los juzgadores del país, incluida la alineación completa de la Suprema Corte. Y a esa reforma se le acaba de añadir un cambio que autoriza que los actuales magistrados del Tribunal Electoral, que han sido absolutamente complacientes con el oficialismo, prolonguen sus periodos hasta completar dieciocho años. Un auténtico regalazo para pagar favores pasados y futuros.

Con el Legislativo sometido y el árbitro electoral domesticado, el diseño original del partido de Estado quedó prácticamente restituido. Es en este contexto de concentración absoluta del poder donde debe leerse la inquietante iniciativa de ley que prevé la anulación de las elecciones en caso de acreditarse «injerencia» o «intervención» extranjeras. Lejos de tratarse de una legítima defensa de la soberanía nacional, esta reforma representa el freno de emergencia que el oficialismo ha instalado en el sistema para blindar su permanencia frente a cualquier contingencia futura. En un escenario donde el descontento social o el desgaste natural del ejercicio de gobierno pudieran amenazar el control territorial y electoral de Morena, la ambigüedad conceptual de términos como «injerencia» se convierte en un arma letal para el pluralismo.

¿Qué califica exactamente como intervención extranjera en la retórica del régimen actual? La experiencia reciente demuestra que el oficialismo tiende a catalogar como intromisión foránea cualquier declaración de organismos internacionales de derechos humanos, cualquier informe financiero de agencias de desarrollo, la cobertura crítica de la prensa internacional o incluso el análisis técnico de observadores extranjeros. Bajo la redacción de esta iniciativa, bastaría con que un actor político de la oposición reciba un espaldarazo internacional o que un medio de comunicación extranjero publique un reportaje de investigación que afecte al partido oficial en plena campaña para que el Tribunal Electoral, hoy colonizado, active la cláusula de nulidad.

Este candado legislativo despoja por completo al ciudadano de su derecho fundamental a elegir. Si el pueblo decide votar por una opción distinta a la dictada por el régimen, el Estado tiene ahora la facultad legal de borrar el resultado electoral argumentando una contaminación externa del proceso. Se trata de una aberración jurídica que premia al autoritarismo: si el oficialismo pierde una elección, puede anularla; si la gana, la validará ignorando sus propias violaciones de las leyes electorales locales, como el ya descarado uso de las campañas adelantadas, específicamente prohibidas, y una financiación del proselitismo con orígenes oscurísimos.

La instauración de este mecanismo de anulación es el último eslabón de una cadena diseñada para asegurar la perpetuidad de un proyecto político por encima de la voluntad popular. México ha completado el círculo perfecto de su trágica parábola política. Del PRI hegemónico que organizaba elecciones falsas para simular que jugaba hemos transitado a un régimen que permite elecciones reales, pero solo bajo la condición innegociable de que no puede perderlas.

Al capturar las instituciones que hacían posible la alternancia y colocar un candado de anulación arbitraria ante cualquier amenaza a su hegemonía, Morena no solo ha edificado un nuevo partido de Estado, sino que ha sepultado la noción misma de la democracia mexicana, obligando a los gobernados a habitar de nuevo el laberinto de un autoritarismo que se pensaba que había quedado atrás.