El ocaso del «socialismo del siglo XXI»

La estrepitosa caída de los liderazgos que alguna vez conformaron el eje bolivariano en América Latina dibuja un mapa de decadencia institucional y desmitificación política. El romanticismo ideológico de la autoproclamada «patria grande» se ha disuelto por completo entre densos expedientes judiciales, acusaciones criminales de alta gravedad y el crudo peso de la realidad.

El capítulo más reciente es el de Evo Morales en Bolivia. En este mayo de 2026, el país se encuentra sumido en una profunda crisis social, con decenas de rutas bloqueadas, desabasto extendido y un saldo de víctimas fatales por manifestaciones contra el Gobierno del presidente Rodrigo Paz, cuya renuncia es exigida por huestes evistas en las calles.

Mientras la tensión social escala con marchas y bloqueos estratégicos, Morales alienta las protestas atrincherado en su feudo cocalero del Chapare, donde permanece prófugo de la Justicia por no presentarse a declarar en una causa por presunto abuso de una menor; un expediente que acaba de sumar una nueva orden de aprehensión en su contra. El heraldo del indigenismo prefiere hoy enviar a sus Ponchos Rojos a incendiar su propia nación antes que rendir cuentas ante los tribunales. Es su «yo o el diluvio».

Incluso figuras históricas que parecían blindadas por el paso del tiempo y el aislamiento político hoy enfrentan el brazo de la Justicia internacional. Raúl Castro, el longevo mandamás del régimen cubano, ve cómo se cierne sobre él la Justicia estadounidense, que busca procesarlo formalmente por su responsabilidad directa en el derribo de las avionetas de la organización Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996. Este crimen, que costó la vida a cuatro pilotos civiles, vuelve a la palestra judicial, demostrando que el transcurso de las décadas no diluye la exigencia de rendición de cuentas para quienes convirtieron el aparato estatal en un arma de opresión discrecional.

Al descender por el continente, el panorama no es menos desolador para la vieja guardia izquierdista del bloque. En Argentina, Cristina Fernández de Kirchner arrastra el estigma de sus condenas por corrupción, encontrándose formalmente en la cárcel para purgar sus deudas con la Justicia, en un ocaso político marcado por el decomiso de bienes y la pérdida de su influencia. La expresidenta fue condenada y acusada formalmente por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La Justicia determinó que durante sus Gobiernos (2007-2015) lideró un sistema para direccionar de manera irregular contratos de obras viales en la provincia de Santa Cruz, beneficiando a un empresario allegado.

Por su parte, en Ecuador, la fórmula que prometía una revolución perpetua ha quedado desmantelada por completo: el expresidente Rafael Correa sobrevive en el exilio evadiendo a los tribunales de su país, mientras que su otrora todopoderoso vicepresidente, Jorge Glas, permanece tras las rejas purgando condenas tras protagonizar una de las crisis diplomáticas más severas de los últimos tiempos.

El escenario peruano ofrece otro ejemplo contundente de este colapso institucional con el expresidente Pedro Castillo, quien se encuentra en prisión luego de su fallido intento de autogolpe de Estado. Por su parte, su ex jefa de gabinete, Betssy Chávez, ha corrido una suerte distinta pero igualmente sintomática de este derrumbe, al encontrarse actualmente asilada en la residencia de la Embajada de México en Lima, protegida por el Gobierno de ese país mientras los tribunales locales exigen su entrega.

Ambos pretendieron disolver los poderes en un burdo intento de quebrar el orden constitucional que terminó devorándolos por completo, divididos hoy entre una celda y el encierro diplomático por haber creído que el poder temporal les otorgaba inmunidad eterna sobre las leyes.

Pero, sin duda, el colmo de este sainete se materializa en Nicolás Maduro. El hombre que rigió los destinos de Venezuela con mano de hierro se encuentra hoy encarcelado en Nueva York, despojado del aparato militar que lo sostenía y enfrentando un severo proceso por narcoterrorismo en suelo estadounidense tras una sorpresiva operación de captura que cambió por completo el tablero geopolítico regional.

Existe una característica común, profunda e innegable en las trayectorias de todos estos gobernantes: el uso estratégico del sistema democrático para su posterior destrucción. Todos ellos —representantes del autonombrado «socialismo del siglo XXI»— ascendieron a las más altas magistraturas de sus respectivas naciones, arropados por el fervor popular y legitimados por el voto libre y soberano de los ciudadanos. No obstante, una vez instalados en la cima de las instituciones, dedicaron sus mayores esfuerzos a erosionar los contrapesos constitucionales, capturar los tribunales y perseguir con ferocidad a la disidencia. Actuaron con la deliberada e histórica paradoja de atentar abiertamente contra la democracia, pretendiendo destruir la escalera que les había permitido llegar al poder para consolidar unos regímenes autocráticos disfrazados de voluntad popular.

Este fenómeno de degradación y abuso, que ha devastado el tejido institucional sudamericano durante años, comienza ahora a asomar sus primeros síntomas en México. La reciente sacudida política y judicial en el país, que incluye solicitudes de captura e investigaciones de alto nivel que apuntan directamente a un gobernador, un alcalde y a un senador, enciende todas las alarmas sobre el grado de descomposición que puede alcanzar un proyecto político cuando se subordinan las leyes a los intereses criminales o de grupo.

La historia reciente de Latinoamérica nos demuestra de forma tajante que ningún gobernante, por más mesiánico que sea o por más respaldado por las urnas que se sienta, está por encima de la rendición de cuentas a largo plazo. Cuando se dinamitan de manera sistemática las bases del Estado de derecho para asegurar la impunidad, el colapso deja de ser una posibilidad lejana para convertirse en un destino inevitable.