De Ferraz a Sinaloa: la justicia como contrapoder o como escudo

Las democracias suelen medir su salud institucional no por la ausencia de escándalos en sus Gobiernos, sino por la capacidad real de sus sistemas judiciales para reaccionar ante ellos sin mirar las siglas del partido que ocupa el poder. 

Para la opinión pública española, sumergida en el ruido ensordecedor de la refriega partidista, los acontecimientos de este mes de mayo de 2026 suponen un terremoto político de primera magnitud. Ver a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional registrando el despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero e incautando un lote de joyas y relojes de una caja fuerte en el marco del caso Plus Ultra, o contemplar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil accediendo a la sede central del PSOE en la calle Ferraz por orden de la Audiencia Nacional en relación con el caso Leire Díez e imputando a la gerente del partido, Ana Fuentes, genera una lógica sensación de crisis institucional. 

Sin embargo, si elevamos la mirada y cruzamos el Atlántico, este escenario aparentemente caótico se convierte en el reflejo de un auténtico lujo democrático que hoy en día es una utopía absoluta en países como México: la verdadera independencia de los aparatos de justicia.

Observar la contundencia con la que operan los jueces y las fuerzas de seguridad en España sirve como el perfecto contrapunto para analizar la profunda degradación institucional que sufre México bajo el mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum y el movimiento oficialista conocido como Cuarta Transformación. Lo que en Madrid es el curso normal de un Estado de derecho que investiga las ramificaciones de la corrupción en el entorno del presidente Pedro Sánchez —alcanzando tanto a figuras históricas del socialismo como a la estructura operativa de Ferraz—, en el territorio mexicano sería una fantasía impensable. 

El lector puede imaginar el daño reputacional a España si la UCO y la UDEF, en lugar de investigar las tramas de corrupción en el entorno de Sánchez, apuntaran sus baterías a la oposición y evitaran que se investigara a los implicados en las tramas de corrupción. Eso es lo que ha pasado en México. La procuración y administración de justicia no operan como un contrapoder; por el contrario, han sido burdamente capturadas por el oficialismo para garantizar la impunidad de sus cuadros y desatar un hostigamiento selectivo contra los adversarios políticos.

La diferencia fundamental entre ambos ecosistemas radica en el origen y la naturaleza de los impulsos judiciales. Mientras que los señalamientos contra el entorno de Pedro Sánchez han surgido de las propias instituciones del Estado español, de las pesquisas de la Guardia Civil y de la determinación de magistrados independientes, las gravísimas acusaciones que acechan en México al gobernador con licencia del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a su círculo cercano no provienen de las fiscalías mexicanas, sino íntegramente del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. 

La justicia mexicana se ha mostrado completamente ciega y complaciente ante la descarada penetración del crimen organizado en las estructuras de los Gobiernos estatales del oficialismo, obligando a que sean las instancias extranjeras las que asuman el rol de persecución penal.

Los cargos de narcotráfico y colusión criminal formulados por Washington contra diez funcionarios y exfuncionarios sinaloenses de la Administración de Rocha Moya retratan un colapso ético total. La gravedad del caso es tal que su exsecretario de Seguridad, el general en retiro Gerardo Mérida, optó recientemente por entregarse de manera voluntaria a las autoridades judiciales estadounidenses en lugar de permanecer en suelo mexicano, cosa que también parece haber hecho su exsecretario de Finanzas, Enrique Díaz (aunque este aún no aparece en el listado de personas bajo proceso en Estados Unidos). 

Estos movimientos constituyen una tácita admisión de culpabilidad y un intento de buscar beneficios procesales en el extranjero ante la certeza de que en México jamás sería investigado. De hecho, Díaz adquirió de manera sistemática numerosos inmuebles de lujo en Sinaloa utilizando ingentes cantidades de dinero en efectivo, conducta que jamás encendió las alertas de las autoridades hacendarias mexicanas ni motivó la apertura de una carpeta de investigación por lavado de dinero. 

Esta flagrante inacción judicial en México se extiende a otros episodios igual de alarmantes que involucran al entorno de la llamada Cuarta Transformación. Durante las elecciones estatales de junio de 2021 —en las que Rubén Rocha Moya resultó electo gobernador—, la oposición presentó denuncias penales concretas por el secuestro masivo de sus representantes electorales a manos de comandos armados vinculados a los cárteles de la droga. Ninguna fiscalía ha movido un solo folio para esclarecer este atentado directo contra la democracia. 

En la misma tónica de protección absoluta, la Fiscalía General de la República (FGR) ha evitado sistemáticamente llamar a testificar al influyente senador Adán Augusto López Hernández, quien en su etapa como gobernador de Tabasco nombró como secretario de Seguridad Pública a Hernán Bermúdez, personaje posteriormente identificado por reportes de inteligencia militar como el líder operativo de La Barredora, el principal grupo criminal de ese estado del golfo de México. A pesar de que el hoy senador manifestó públicamente su disposición a declarar si era requerido, el aparato de justicia del oficialismo ha preferido no molestarle ni como testigo.

Frente a la solicitud formal de extradición de estos funcionarios y exfuncionarios implicados por parte de la justicia de los Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum ha decidido utilizar el aparato del Estado no para indagar la corrupción interna, sino para construir un escudo político. En una reciente conferencia de prensa en el Palacio Nacional, la mandataria mexicana desplegó una cortina de humo diplomática al revelar que, entre el 1 de enero de 2018 y el 13 de mayo de 2026, México ha formulado 269 requerimientos de extradición a Washington sin que se haya concedido ninguno. Sheinbaum utilizó este dato para exigir una estricta «reciprocidad» bilateral, convirtiendo una demanda técnica de pruebas adicionales por parte de los tribunales estadounidenses en un pretexto político para frenar la entrega de sus correligionarios y amparar la inacción de sus propias fiscalías.

La parcialidad del sistema judicial mexicano se evidencia al comparar el trato de seda que recibe el oficialismo con el trato punitivo que se dispensa a la oposición. Mientras que a Rubén Rocha Moya la FGR solo le ha citado para una cómoda «entrevista» como testigo —haciendo a un lado la persistente versión de que estuvo presente en el predio Huertos del Pedregal, en la capital estatal, el mismo día del secuestro del capo Ismael El Mayo Zambada y el asesinato de su rival político Héctor Melesio Cuén—, el Gobierno federal despliega toda su agresividad contra la gobernadora de Chihuahua, la opositora Maru Campos. A la mandataria chihuahuense se la hostiga judicialmente mediante una investigación exprés por haber permitido supuestamente la presencia de agentes de la CIA en una operación antinarcóticos en su territorio.

Es verdaderamente increíble la asimetría con la que la fiscalía mexicana enfoca sus prioridades. El aparato de procuración de justicia vuelca sus recursos humanos y materiales en perseguir penalmente la supuesta intromisión de agentes extranjeros en Chihuahua, pero congela por completo las investigaciones sobre tragedias humanas locales ligadas al poder oficialista. El ejemplo más doloroso es el caso de la desaparición del joven Carlos Emilio Galván Valenzuela, visto por última vez mientras cenaba con sus primas en un restaurante-bar del puerto sinaloense de Mazatlán, donde estaba vacacionando, y que pertenece precisamente a quien se desempeñaba como secretario de Economía en el gabinete del gobernador sinaloense Rocha Moya. 

La FGR ha evitado llamar a declarar a los testigos clave de este entorno político, demostrando que en el México de la Cuarta Transformación los criterios partidistas pesan muchísimo más que la urgencia humanitaria de localizar a los 130.000 desaparecidos del país. La única vía legítima que posee el Gobierno de México para disipar las fundadas sospechas internacionales de que protege a sus miembros vinculados con las redes del narcotráfico y la corrupción es permitir que las fiscalías realicen su trabajo de forma transparente, autónoma y sin consignas políticas desde el Palacio Nacional. 

Para el ciudadano español, lógicamente exhausto ante las portadas de los periódicos que desgranan las investigaciones sobre las finanzas del PSOE en Ferraz o los registros en el despacho de su antiguo líder, el espejo mexicano debe servir como una seria advertencia. La tormenta política que sacude a España es la prueba de que el cuerpo institucional del país aún conserva anticuerpos democráticos activos y que la ley se aplica de forma generalizada. El drama mexicano, por el contrario, representa la fase terminal de una democracia donde la justicia penal ha sido completamente confiscada por el poder de turno para convertirla en un mero instrumento de impunidad gubernamental.