México en el banquillo: Estados Unidos acusa por narcotráfico al gobernador de Sinaloa

El miércoles 29 de abril marcó un punto de inflexión sin precedentes en la ya de por sí turbulenta relación bilateral entre México y Estados Unidos.

Por primera vez en la historia contemporánea, el Departamento de Justicia estadounidense ha presentado cargos criminales contra un gobernador mexicano en funciones, Rubén Rocha Moya, del estado de Sinaloa, y contra un senador también en ejercicio, Enrique Inzunza, perteneciente al mismo partido, el oficialista Morena.

Para una audiencia española, acostumbrada a los ecos lejanos pero constantes de la violencia del narcotráfico en América Latina, este suceso no debe leerse como una simple nota roja, sino como una sacudida tectónica en los cimientos del poder político en México y su compleja convivencia con el crimen organizado.

La acusación formal desmantela una red de supuesta complicidad al más alto nivel. Los cargos que enfrentan Rocha Moya e Inzunza no son menores; se les vincula con operaciones que habrían facilitado las actividades del cartel de Sinaloa, una organización criminal cuyas ramificaciones han marcado la política de seguridad global durante décadas. El hecho de que ambos señalados pertenezcan a Morena, el partido fundado por Andrés Manuel López Obrador y que hoy sustenta el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, coloca a la actual administración en una posición de extrema vulnerabilidad ética y política.

Lo que Washington está diciendo, en lenguaje jurídico pero con una carga diplomática demoledora, es que el corazón del poder en México está contaminado por la influencia de los capos.

Para entender cómo llegamos a este miércoles negro, es imprescindible retroceder al 25 de julio de 2024. Aquel día, el mundo despertó con la noticia cinematográfica de que Ismael El Mayo Zambada, el legendario y nunca antes capturado líder del cartel de Sinaloa, había sido trasladado a Estados Unidos en un avión privado desde un aeródromo cercano a Culiacán, la capital del estado y epicentro del narcotráfico mexicano. Sin embargo, las consecuencias de ese hecho no se limitaron a los tribunales. A partir del 8 de septiembre de 2024, apenas mes y medio después del secuestro de Zambada, se desató una guerra fratricida entre las dos facciones principales de la organización: los Chapitos (hijos de Joaquín El Chapo Guzmán) y la Mayiza (leales a Zambada).

Esta ruptura ha sumido a Sinaloa en su crisis de seguridad más profunda del siglo XXI; hasta principios de 2026, el conflicto ha dejado un saldo sangriento que supera los 2.000 homicidios dolosos y ha provocado más de 2.000 desapariciones forzadas, convirtiendo a Culiacán en un escenario de combate urbano permanente que ha paralizado la economía y la vida social de la región.

En el origen de este caos estuvo Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo, quien secuestró a Zambada —quien fuera socio de su padre— para entregarlo a la justicia estadounidense. El objetivo de este movimiento era claro: Guzmán López buscaba negociar acuerdos beneficiosos para él y para su hermano Ovidio, ya bajo custodia en Chicago.

Desde entonces, los procesos penales contra los tres —el viejo patriarca Zambada y los dos hijos del Chapo— han avanzado bajo un manto de relativo hermetismo en los tribunales de Nueva York y Chicago. Sin embargo, en el mundo de la justicia federal de Estados Unidos, los silencios suelen ser preludios de grandes tormentas.

Es casi una certeza técnica que el Departamento de Justicia ha logrado que los tres se conviertan en testigos cooperantes, y que en sus testimonios hayan aportado las pruebas necesarias para hundir a los políticos sinaloenses. La implicación es directa: la justicia estadounidense posee ahora evidencias que podrían demostrar que el gobernador Rocha Moya no solo conocía las actividades delictivas en su estado, sino que era parte del engranaje que las permitía.

El momento elegido por Washington para hacer públicos estos cargos no parece fruto del azar, sino una respuesta directa a una escalada de tensiones soberanistas en México. Apenas unos días antes de este anuncio, el Gobierno de Claudia Sheinbaum y figuras prominentes de Morena lanzaron una andanada de críticas contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, de la formación opositora PAN. ¿El motivo? La colaboración del Gobierno estatal de Chihuahua con la CIA para desmantelar un laboratorio de drogas sintéticas de dimensiones colosales en la sierra.

La retórica oficialista se centró en denunciar una supuesta violación de la soberanía nacional, recordando que en 2020 se modificó la ley para restringir severamente la participación de agentes extranjeros en suelo mexicano. En medio de esta defensa del orgullo patrio, el oficialismo omitió deliberadamente la magnitud del laboratorio descubierto y la tragedia humana: dos agentes de la CIA y dos mexicanos fallecieron en un accidente tras el operativo. La decisión de la Fiscalía General de iniciar una investigación contra los responsables de la cooperación con Estados Unidos parece haber sido la gota que colmó el vaso en Washington. Ante la persecución mexicana de quienes ayudaban a combatir las drogas sintéticas, Washington parece haber respondido sacando a la luz sus cartas contra el gobernador y otros funcionarios.

La presión mediática también hizo su parte. Un par de días antes de la acusación, Los Angeles Times publicó un reportaje que funcionó como un aviso de lo que estaba por venir. En él se adelantaba que el Departamento de Justicia se alistaba para ir contra figuras de alto nivel del partido gobernante y se revelaba un dato que ya era una sentencia de muerte política: a Rubén Rocha Moya le habían revocado la visa estadounidense. En el mundo de la política mexicana, la pérdida del visado suele presagiar una orden de extradición.

La defensa de Rocha Moya ha sido, desde el inicio, errática. El expresidente López Obrador lo defendió siempre con el fervor de quien protege un proyecto personal, y la presidenta Sheinbaum ha mantenido esa línea de lealtad absoluta. Se le ha acusado insistentemente de haber estado presente en el lugar donde Zambada fue secuestrado aquel 25 de julio. Su coartada fue un viaje de último minuto a Los Ángeles (California) realizado ese mismo día. Sin embargo, a pesar del ruido mediático, el gobernador jamás ha presentado pruebas documentales sólidas —como registros migratorios o facturas verificables— que corroboren su presencia en suelo estadounidense en el momento del crimen.

Lo que sí se confirmó en esa fecha fue el asesinato de Héctor Melesio Cuén, diputado federal electo y exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, un personaje de enorme peso político y rival de Rocha Moya. La Fiscalía de Sinaloa intentó inicialmente desviar la atención con un vídeo que pretendía mostrar que Cuén había muerto en un asalto común en una gasolinera, pero el montaje fue tan burdo que la Fiscalía General de la República tuvo que atraer el caso, demostrando que la versión local era una falsedad absoluta destinada a encubrir los hechos reales vinculados a la caída de Zambada.

Ahora, Estados Unidos ha dado el paso más audaz al solicitar formalmente la extradición del gobernador sinaloense. Se trata de una petición insólita para un funcionario de su rango. La respuesta de la Cancillería mexicana ha sido, por el momento, una resistencia técnica, exigiendo que Estados Unidos presente pruebas exhaustivas antes de tramitar la solicitud, un requisito que no está contemplado en los términos del tratado bilateral de extradición.

Esta actitud de la presidenta Sheinbaum contrasta de forma aguda con su historial reciente; desde que asumió el cargo, ha entregado a cerca de un centenar de capos a la justicia estadounidense con una eficiencia notable. Sin embargo, cuando el dedo acusador señala a uno de los suyos, la agilidad se convierte en letargo.

No se puede ignorar que las sombras sobre Rocha Moya se remontan a su llegada al poder en junio de 2021. En aquel entonces, la oposición denunció una «narcoelección» en Sinaloa, asegurando que grupos criminales habían retenido y amenazado a operadores electorales contrarios a Morena durante la jornada de votación, liberándolos solo después de que se garantizó la victoria de Rocha.

Hoy, con la justicia federal estadounidense a la puerta y un Estado desangrado por la guerra interna del cartel, esa lealtad política se ha convertido en una carga de profundidad para la estabilidad del Estado mexicano. Para España y el resto del mundo, lo que ocurre en Sinaloa no es ya una guerra de bandas, sino una crisis de legitimidad donde la frontera entre el Gobierno y el crimen se ha vuelto peligrosamente invisible.