Administrar la urgencia

Hace casi medio siglo, el 2 de agosto de 1977, el entonces presidente José López Portillo pronunció una frase que quedaría grabada en el ADN de la tragicomedia política mexicana: «México tiene ahora un problema único en el mundo: la posibilidad de tener que acostumbrarse a administrar la abundancia». Eran los años del frenesí petrolero, del hallazgo del megayacimiento de Cantarell, en la Sonda de Campeche, y de una fe ciega en que el subsuelo resolvería, por decreto y sin esfuerzo, las carencias históricas de la nación. 

Hoy, en abril de 2026, la realidad nos ha devuelto un eco distorsionado y cruel de aquellas palabras. Los mexicanos no estamos administrando la abundancia —lejos de eso—, sino una urgencia desesperada, agravada por la ceguera ideológica y una gestión financiera que ha puesto a la principal empresa del país al borde del colapso técnico y operativo.

A lo largo de las últimas tres décadas, México logró una transformación estructural que muchos países envidiarían: dejó de ser una economía «petrolizada» para convertirse en una potencia manufacturera. Los hidrocarburos, que llegaron a representar casi el 40% de los ingresos públicos, cedieron su lugar a una compleja red de exportaciones industriales, automotrices y tecnológicas. 

Sin embargo, a partir de 2018, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador intentó girar el timón de la historia con una fuerte dosis de nostalgia. Bajo la premisa de la soberanía energética, se pretendió recuperar la condición de potencia petrolera que el agotamiento geológico de nuestros yacimientos ya no permitía sustentar. Se ordenó entonces a Pemex elevar la extracción a niveles irreales, ignorando que el complejo de Ku-Maloob-Zaap —que sustituyó a Cantarell y durante años aportó 40% de la producción nacional— estaba en su fase de declinación terminal.

El símbolo máximo de este empeño fue la construcción de la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, tierra natal de López Obrador. Lo que se proyectó como una obra estratégica de 8.000 millones de dólares (6.840 millones de euros) terminó convirtiéndose en un sumidero de recursos públicos, una obra faraónica cuyo costo final alcanza los 21.000 millones de dólares (17.960 millones de euros), casi tres veces lo programado originalmente. La tragedia no es sólo presupuestaria; la prisa política por inaugurar una planta inacabada ha pasado factura en la seguridad operativa. En semanas recientes, la refinería ha sido escenario de dos incendios críticos: el primero el 17 de marzo —que dejó cinco personas muertas— y el segundo el pasado 9 de abril, incidentes que evidencian las costuras rotas de una infraestructura forzada a operar bajo presiones electorales y técnicas insostenibles.

Mientras la atención se centraba en la refinería, el mantenimiento de las plataformas marinas y los ductos quedó en el olvido. En lo que va de 2026, Pemex ha sufrido una serie de derrames de crudo en el golfo de México que han puesto en jaque la biodiversidad de esa cuenca. 

Uno de ellos, de grandes dimensiones, comenzó a principios de febrero y consistió en el vertimiento de unas 900 toneladas de crudo en el mar, tras la ruptura de un ducto subacuático. La empresa y el Gobierno primero negaron los hechos, luego intentaron minimizarlos y, finalmente, luego de dos meses y ante los efectos innegables en la costa, admitieron que el derrame había sido culpa de Pemex, aunque sin explicar la causa. 

Estos desastres ambientales son el síntoma visible de una enfermedad financiera más profunda. La empresa, cargando con una deuda que supera los 100.000 millones de dólares, ha dejado reiteradamente de pagar a sus proveedores. La cadena de suministro está rota; pequeñas y medianas empresas que prestan servicios esenciales están quebrando mientras el gigante estatal se asfixia en su propia insolvencia, incapaz de cumplir con los compromisos más básicos.

En términos de política extractiva, el contraste es igual de agudo. Durante su mandato, López Obrador se opuso férreamente a la explotación de yacimientos no convencionales de hidrocarburos, como el llamado shale (esquisto), mediante técnicas de fracturación hidráulica, bajo un argumento ambientalista que chocaba frontalmente con su impulso al carbón y al combustóleo. 

Sin embargo, la realidad económica ha obligado a un viraje pragmático. Su sucesora, enfrentada a una caída libre en las reservas probadas y a la necesidad de alimentar el sistema de refinación nacional, ha decidido finalmente permitir un estudio que podría llevar a la explotación de estos recursos para, adicionalmente, aliviar la dependencia mexicana de las importaciones de gas estadounidense. Es un reconocimiento tardío de que los hidrocarburos «fáciles» de los años setenta se han terminado y que la supervivencia energética depende de fuentes que antes fueron satanizadas, incluyendo las limpias.

Este escenario interno cobra una relevancia crítica cuando levantamos la vista hacia el exterior. El mundo observa con horror la escalada de la guerra de Estados Unidos contra Irán, un conflicto que ha desestabilizado las rutas comerciales del estrecho de Ormuz y ha disparado los precios del crudo y sus derivados a niveles no vistos en años. 

En teoría, una potencia petrolera debería beneficiarse de estos precios altos, pero México se encuentra en la paradójica situación de ser un exportador neto de crudo que importa la mitad de sus gasolinas, una proporción menor a la de hace una década, pero todavía significativa. La ineficiencia operativa de Pemex y el retraso en la puesta en marcha real de Dos Bocas nos impiden capitalizar la coyuntura geopolítica; por el contrario, el alza en los combustibles importados presiona la inflación y golpea los bolsillos de las familias mexicanas.

Para evitar que los precios de los combustibles se disparen demasiado, el Gobierno usa un pivote fiscal mediante el que subsidia parte del costo, pero este ha ido drenando las finanzas públicas, ya de por sí presionadas por la falta de crecimiento económico del país en los siete años recientes y la expansión de los programas sociales, con los que Morena, el partido del Gobierno, ha conseguido su éxito electoral. La estrategia más reciente ha sido una suerte de control de precios, obligando a los expendedores de gasolina a no superar los 24 pesos por litro de gasolina regular y los 28 pesos por litro de diésel (1,18 y 1,38 euros, respectivamente).

Administrar la urgencia significa hoy tomar decisiones dolorosas que se postergaron por dogmatismo. La Administración actual se enfrenta al dilema de seguir inyectando capital a un pozo sin fondo o abrir definitivamente el sector a una inversión privada que Pemex ya no puede sustituir. La nostalgia por un pasado de abundancia nos ha dejado un presente de incendios, deudas y derrames. 

Si en 1977 el reto era qué hacer con tanto dinero, en 2026 el desafío es cómo evitar que el colapso de la industria petrolera arrastre consigo la estabilidad macroeconómica del país. El tiempo del petróleo como mito redentor ha terminado; lo que queda es la urgencia de construir una política energética basada en la realidad geológica y financiera, y no en los sueños de grandeza de un pasado que no volverá.