La jueza archiva la causa del 8M al no ver indicios de delito contra Franco

La jueza que investigaba al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por un posible delito de prevaricación por no prohibir la manifestación del 8M ha decidido archivarla provisionalmente al no ver suficientes indicios de delito.

Lo más importante: José Manuel Franco fue acusado por un abogado, que presentó una denuncia a los juzgados de Plaza de Castilla, de prevaricación por permitir las manifestaciones del 8M a pesar de conocer el riesgo de contagio. La prevaricación administrativa se pena con entre 9 y 15 años de inhabilitación, pero finalmente la jueza ha decidido archivar la causa por no encontrar indicios de que Franco conociera realmente el riesgo que suponía la marcha feminista. 

La jueza concluye tras las diligencias de investigación practicadas que Franco «no tuvo un conocimiento cierto, objetivo y técnico del riesgo que para la salud de las personas entrañaba la realización de manifestaciones y concentraciones» entre el 5 y el 14 de marzo.

La resolución establece también que «ninguna persona física o jurídica, pública o privada, instó del delegado del Gobierno en Madrid que prohibiera o restringiera de alguna forma la celebración de concentraciones o manifestaciones por razón del COVID-19». La magistrada, no obstante, deniega el sobreseimiento libre solicitado por la Abogacía del Estado y acuerda el sobreseimiento provisional, lo que significa que las diligencias pueden ser reabiertas en caso de que aparezcan nuevos indicios.

Este auto puede ser recurrido en reforma, ante el propio órgano judicial, y/o en apelación, ante la Audiencia Provincial de Madrid.