Un informe documenta que la Mezquita de Córdoba "nunca" fue de la Iglesia

El informe de la comisión de expertos sobre la Mezquita de Córdoba, encargado por el Ayuntamiento de la ciudad andaluza, defiende que el templo «nunca» fue propiedad de la Iglesia y plantea recurrir al Tribunal Constitucional (TC) la inmatriculación del monumento que se llevó a cabo en el 2006.

Según el informe, presentado este sábado en el Consistorio, el análisis histórico realizado por la comisión «demuestra» que la Iglesia «no tiene, ni puede tener, título de propiedad alguno» sobre la Mezquita-Catedral y, a pesar de ello, el Obispado de Córdoba «inmatriculó a su nombre la ‘Santa Iglesia Catedral'» en el 2006.

Por su parte, el Cabildo catedralicio ha manifestado que «numerosas instancias judiciales y de la Administración» han reconocido que el Conjunto Monumental Mezquita-Catedral «es propiedad de la iglesia desde 1236».

Tras una «primera lectura», la representación de la Iglesia ha señalado que en 2014 la Dirección General de Patrimonio del Ministerio de Hacienda confirmó que este conjunto monumental «no consta en el inventario de Bienes y Derechos del Estado».

La alcaldesa de la ciudad, Isabel Ambrosio (PSOE), ha afirmado que elevará al Gobierno central y a la Junta de Andalucía el informe presentado . Además, el texto dado a conocer por el consistorio, considera «injusta» la situación actual y «lesiva para los intereses de la ciudadanía» y propone una serie de actuaciones para «solucionar el conflicto planteado» tras la inmatriculación.

El informe ha sido elaborado por el ex director general de la Unesco Federico Mayor Zaragoza, los historiadores Alejandro García San Juan y Juan Bautista Carpio, y la actual vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, quien no firma el documento al dejar la comisión tras su nombramiento.

Según Mayor Zaragoza, el Cabildo «no tiene ningún documento» en su Archivo Histórico «que demuestre que el bien es de su propiedad» y el Ayuntamiento está en su «perfecto derecho» y tiene razones «históricas» para reclamar que sea de titularidad pública.

Por último, ha recomendado recabar los apoyos parlamentarios necesarios para presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional que «anule» la inmatriculación en 2006.