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Australia encarcelará a directivos de redes sociales que difundan violencia

Foto: Uncredited | AP Photo

El Parlamento australiano ha adoptado una controvertida legislación que prevé establecer penas de prisión para los dirigentes de las redes sociales que no retiren rápidamente los contenidos extremistas de sus plataformas. El texto obtuvo luz verde el miércoles en el senado, un día antes de que lo adoptara la Cámara de Representantes.

La norma castiga el hecho de que no se retiren imágenes de "actos terroristas", asesinatos, violaciones, torturas y secuestros, y enuncia las responsabilidades en la materia de las redes sociales y los proveedores de acceso, según informa Afp.

Plataformas como Facebook y YouTube se enfrentan, además, a multas por valor de un 10% de su volumen de negocios anual, lo que supondría miles de millones de dólares, si no proceden a "la retirada rápida" de los contenidos en cuestión. Sus dirigentes se enfrentan hasta tres años de prisión.

Las leyes llegan después del ataque contra dos mezquitas neozelandesas retransmitido en directo en Facebook por un supremacista blanco. El 15 de marzo Brenton Tarrant, de 28 años, mató a 50 fieles en dos mezquitas de Christchurch, gran ciudad de la Isla Sur de Nueva Zelanda, y difundió las imágenes en directo en Facebook, además de una suerte de manifiesto supremacista, según informó The New York Times.

Unas horas después de la matanza, el gigante tecnológico aseguró que había retirado "rápidamente" 1,5 millones de copias del video. Aunque los enlaces originales se eliminaron pronto, tanto al vídeo como al manifiesto, las copias no tardaron en correr por la red a pesar de la prohibición del Gobierno neozelandés.

El primer ministro australiano, el conservador Scott Morrison, que está en una posición delicada de cara a los próximos comicios, ha subrayado la responsabilidad de los gigantes de internet. El Partido Laborista, en la oposición, ha expresado sus reservas pero ha votado a favor del texto.

Morrison indicó el sábado, en una declaración conjunta con el fiscal general y su ministro de Comunicaciones, que "los grandes grupos de redes sociales tienen la responsabilidad de tomar todas las medidas posibles para garantizar que sus productos tecnológicos no son explotados por terroristas asesinos" y que "no se trata solo de hacer lo correcto, debería ser la ley".

Las críticas al nuevo texto, que ha superado el trámite parlamentario en un tiempo récord y cuyo futuro es incierto debido a las elecciones legislativas previstas para mayo, no se han hecho esperar por parte de empresas tecnológicas, expertos y abogados.

El Law Council, el colegio de abogados australiano, ha calificado la ley de "acto reflejo" y ha advertido en Twitter de que "una ley apresurada, es una mala ley". Su presidente, Arthur Moses, ha comentado que podría servir para acallar a los informantes y "conllevar una censura de los medios, lo que sería inaceptable".

"Las enmiendas propuestas a la legislación penal para lidiar con la retransmisión en directo de material violento en las redes sociales podrían tener consecuencias involuntarias graves y no se deberían llevar a cabo precipitadamente a través del Parlamento":

La ley también ha recibido críticas del sector tecnológico. Scott Faquhar, millonario australiano y CEO de Atlassian, ha expresado su rechazo vía Twitter desde que se anunció el sábado. Se queja de que la ley no distingue entre proveedores de servicio, servicios de contenido online y los servicios consistentes en albergar contenido, "no se trata de redes sociales. Son, literalmente, todas las webs con contenido generado por el usuario".

"A partir de hoy, toda persona que trabaje en cualquier compañía (globalmente) que permita a los usuarios subir vídeos o imágenes podría ir a la cárcel. Culpable hasta que se demuestre su inocencia. Necesitan violar la privacidad de los usuarios para controlar esto. Los denunciantes que destacan los abusos contra los derechos humanos no están excluidos".

Atlassian es una compañía de creación de herramientas de gestión online para equipos de trabajo bajo cuya propiedad se encuentran servicios web como Trello o Confluence.