El Gobierno catalán quiere crear a lo largo de esta legislatura una compañía energética pública y lograr el «traspaso de todas las infraestructuras viarias, ferroviarias, portuarias y aeroportuarias del Estado en Cataluña», incluyendo el aeropuerto de El Prat.
En contexto: estos son dos de los objetivos de carácter económico más destacados del plan de Govern que el Ejecutivo, liderado por Pere Aragonès, ha aprobado este martes un documento que incluye más de 1.500 medidas.
El documento contiene viejas aspiraciones del Govern, como la de «culminar el proceso de solicitud de licencia bancaria» para el Institut Català de Finances (ICF), la entidad financiera pública de la Generalitat.
Iniciar las emisiones de bonos en el mercado, preferentemente bonos verdes, y reducir la dependencia del Fondo de Financiación de las comunidades puesto en marcha por el Estado son algunas de las prioridades en materia financiera, detalla el documento.
«Intensificar los tributos medioambientales existentes», reducir la carga fiscal a los contribuyentes con menor capacidad económica y reducir las desigualdades económicas y sociales aumentando el nivel de redistribución del sistema fiscal catalán son otras de las promesas incluidas por el Govern en el apartado de economía y finanzas.
Crear una oficina de gestión y control de la ejecución de los proyectos Next Generation, así como aprobar una ley catalana de contratación pública, son otros compromisos de esta área.
En un contexto energético marcado por la escalada del precio de la electricidad, el plan del Govern incluye la creación de una energética pública, una demanda incluida en una moción promovida por la CUP que el Parlamento catalán aprobó el pasado mes de julio.
En este punto, el documento contempla la «participación como administración en la propiedad de nuevas plantas de generación renovable», así como «entrar en la gestión pública de las centrales hidroeléctricas» cuyas concesiones caduquen.
En materia industrial, el Govern quiere aprobar «un nuevo pacto nacional por la industria», un plan de reindustrialización territorial, un plan Auto, crear un fondo estratégico de inversiones industriales o bien incrementar la participación pública en el tejido empresarial que ha recibido ayudas y apoyar a industrias emergentes a través de Avançsa.
El plan también incluye medidas específicas sobre turismo, un sector clave para la economía catalana, y en esta línea el Govern promete aprobar una nueva ley de turismo para mejorar la calidad del sector y actualizar el plan estratégico de turismo de Cataluña para reactivar esta actividad y recuperar los niveles de 2019.
En cuanto a las infraestructuras, se propone «lograr la gestión completa, con su correspondiente financiación, del Aeropuerto de Barcelona-El Prat», una instalación de cuya eventual ampliación no habla este documento.
Al mismo tiempo deja claro que pretende «conseguir el traspaso de todas las infraestructuras viarias, ferroviarias, portuarias y aeroportuarias del Estado a Cataluña», incluido tanto El Prat como las carreteras que ahora no gestiona la Generalitat.
