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Economía

Galicia favorecerá la tramitación de parques eólicos que suministren energía a Alcoa

Las empresas Greenalia y Capital Energy tienen un preacuerdo de suministro cerrado con la planta de aluminio de San Cibrao (Lugo) a partir de 2024

Galicia favorecerá la tramitación de parques eólicos que suministren energía a Alcoa

Imagen de la fábrica de Alcoa en San Cibrao (Lugo). |Carlos Castro (Europa Press)

La Xunta de Galicia priorizará la tramitación de parques eólicos que destinen el 50% de su producción de energía al suministro de la industria a través de contratos a largo plazo con precios fijos (PPA en la jerga). Según el propio presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, la medida se pondrá en marcha a través de la instrucción de un artículo en la Ley de Áreas Empresariales.

Feijóo se lo ha trasladado así a la propia vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, escudándose en el impacto que están sufriendo las industrias electrointensivas e hiperelectrointensivas gallegas por los altos precios de la energía, aunque fuentes políticas señalan a THE OBJECTIVE que la iniciativa corresponde a un trato de favor a Greenalia y Capital Energy, que tienen un preacuerdo de suministro cerrado con la planta de Alcoa en San Cibrao a partir de 2024.

No obstante, hay que señalar que la Xunta también ha trasladado su predisposición al Ejecutivo para la firma de un PPA y que la planta de aluminio —la única que queda en España de estas características— se reactive «cuanto antes». En la misma línea, Ribera ha dicho que nada impide a Alcoa firmar un contrato de suministro con energía «producida muy lejos de Galicia» que asegure la cobertura de la instalación, como ha sucedido en otros casos.

Según informaron a finales de diciembre Alcoa y Greenalia, la factoría propiedad de la multinacional estadounidense se garantizará durante diez años «una tarifa estable», a 2.297 euros el gigavatio (GW) por cada año.  La energética ofrece hasta 18 proyectos eólicos, todos ellos en Galicia, con un potencial total de 895 megavatios (MW). Estos parques cuentan con acceso y conexión, han sido admitidos a trámite y ocho de ellos ya sacados a información pública.

En concreto, 584 MW se corresponden con proyectos en la provincia de Lugo, con acceso y conexión por parte de Red Eléctrica (REE) en la subestación eléctrica de Xove, junto a las instalaciones de Alcoa en Cervo. Una parte se está tramitando a través del Gobierno central y la otra a través de la Xunta.

De su lado, los términos del preacuerdo entre Alcoa y Capital Energy recogen que la energética se compromete a un suministro anual de 876.000 MWh anuales, equivalentes a una potencia en carga base de 100 MW, la cuarta parte del consumo eléctrico asociado a la producción de aluminio en San Cibrao.

Capital Energy tiene hasta 11 proyectos en desarrollo

El grupo de renovables fundado por Jesús Martín Buezas asumiría este compromiso gracias a la entrada en funcionamiento de un total de 11 instalaciones eólicas que está desarrollando en la actualidad en Galicia y que suman una capacidad instalada de 573 MW. La empresa está presente en Galicia desde 2009 y dispone de capacidad para triplicar la plantilla de su oficina de Santiago de Compostela —ahora con 13 personas— a medida que avanza la tramitación de los parques que tiene en desarrollo.

Asimismo, tramita por vía regional alrededor de 39 parques distribuidos entre las cuatro provincias y que suman una potencia conjunta que supera los 1.000 MW, cuyo desarrollo implicaría una inversión global de alrededor de 1.200 millones de euros y supondría la creación de casi 4.500 puestos de trabajo en entornos rurales, con una contribución al PIB cercana a los 350 millones de euros y un impacto fiscal de más de 30 millones de euros.

Alcoa y sindicatos han acordado parar las cubas de electrólisis hasta 2024 y la compañía asegura haber depositado ya los 103 millones de dólares (90 millones de euros) para la «viabilidad futura y crecimiento de la planta», incluido el reinicio de las cubas de electrólisis en 2024 tras una parada de dos años. Como garantía se constituirá un depósito restringido por la misma cuantía.

En cuanto al plan para los años 2022 y 2023, la empresa norteamericana ofrece garantía de facturación de las empresas auxiliares durante los dos primeros años, con contratos garantizados a tres años —de 2022 a 2024—de aquellas empresas externas directamente afectadas por el cese temporal. También habrá preferencia de contratación para las empresas de suministros y transportistas locales.

En cuanto a las inversiones en los dos primeros años, figuran unos 37 millones de euros para actuaciones como la reconstrucción de horno de cocción para ánodo grande; a lo que se unen más de cinco millones para un transformador nuevo (TRG) con ajustador de tensión, diseñado para 200.000 amperios; y un horno de homogeneizado (2,6 millones). Hay 31 millones reservados para el rearranque de las cubas en un proceso de seis meses a partir de 2024.

No habrá despidos colectivos en cuatro años

Igualmente, seguirá operativa la actividad en fundición y la planta de alúmina, con un plan comercial durante estos años, a razón de 65.000 toneladas anuales de tocho y previsión de venta de 25.000 toneladas anuales de placa. Los compromisos con los clientes no se verían afectados. En la planta de aluminio no se acometerán expedientes de despido colectivo durante cuatro años, hasta el 31 de diciembre de 2025.

Los trabajadores afectados seguirán su calendario habitual. La dirección de planta indicará las tareas a realizar, incluyendo formación, sustituciones o actividades de mantenimiento y limpieza de instalaciones. En caso de ausencia de trabajo, se facilitará permiso retribuido por el periodo correspondiente.

Además, se harán los contratos directos a fecha de 1 de enero de 2023 de todos aquellos empleos temporales que, durante el año 2021, hubieran tenido un contrato de puesta a disposición. Por su parte, habrá un convenio con vigencia de seis años, del 2020 al 2025, que recoge un incremento salarial del 2% anual, tanto en tablas como ayudas, pero sin cláusula de revisión del IPC.

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