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Economía

El 53% de los pensionistas cobra por debajo del nuevo salario mínimo de mil euros

El porcentaje de pagas inferiores al SMI asciende al 63,8% en el caso de las mujeres y hasta el 78% en el colectivo de perceptores de prestaciones de viudedad

El 53% de los pensionistas cobra por debajo del nuevo salario mínimo de mil euros

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el de Seguridad Social, José Luis Escrivá. | Europa Press.

El 53% de los pensionistas cobra menos de mil euros, cota en la que se sitúa el salario mínimo interprofesional (SMI) después de la subida recientemente pactada por el Gobierno con los agentes sociales.

Según datos oficiales del Instituto Nacional de la Seguridad a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, un total de 4.787.705 pensionistas ingresan menos del SMI por sus pagas frente a los 4.207.449 que ingresan más de 1.000 euros de sus pensiones públicas.

Algunos de ellos reciben más de una pensión. De ahí que existan 8.995.154 pensionistas y 9.992.051 pensiones. Pero lo cierto es que incluyendo los casos de quienes perciben más de una paga un 53% de pensionistas sobre los 8.995.154 totales registrados en enero de este año ingresan cantidades inferiores al salario mínimo.

Antes de la subida del SMI acordada esta semana, un 51,4% de pensionistas estaban por debajo del umbral de 965 euros en que se encontraba el salario mínimo. La subida a 1.000 euros aflora 160.453 pensionistas más que no alcanzan el sueldo de los colectivos laborales más vulnerables, como los jóvenes, las mujeres y la fuerza de trabajo del sector primario y algunos ramos de los servicios.

Un 63,8% de las mujeres por debajo del SMI

El porcentaje de perceptores de ingresos por pensión inferiores al SMI sube al 63,8% en el caso de las mujeres, afectadas por varios factores.

Por un lado, las carreras de cotización interrumpidas con mayor frecuencia que las de los hombres, debido a las bajas por maternidad asimétricas que existían en el pasado.

Por otro, porque la brecha salarial soportada durante la vida laboral se traslada a la pensión, al haber cotizado por cantidades menores que sus homólogos laborales en el mismo puesto y rango, debido a la percepción de sueldos menores.

Y, por último, por la mayor incidencia de la viudedad como único ingreso en el colectivo de mujeres mayores que no participaron en el mercado laboral como en la actualidad.

De hecho, en el caso de la viudedad, el 78% de las pagas son inferiores a 1.000 euros. Y es que la pensión media de viudedad es de 774,26 euros, frente a los 1.245,90 promedio en las pensiones de jubilación, según los últimos datos de la Seguridad Social correspondientes a enero de este año.

Pensiones por debajo del SMI en 22 provincias

La pensión media del Sistema es de 1.082,98 euros, con distintos promedios en función del territorio, registrándose en 22 provincias pensiones medias inferiores al SMI. En concreto, en todas la provincias andaluzas -salvo Cádiz y Sevilla-, en Santa Cruz de Tenerife, en Ávila, Zamora, Albacete, Cuenca, Toledo, Lleida, Alicante, Castellón, Badajoz, Cáceres, las cuatro provincias gallegas y Murcia.

De ahí que los colectivos y plataformas que exigen un blindaje de las pensiones y pagas más dignas azuzen en sus manifestaciones la petición de un alza de las pensiones mínimas en consonancia con las que se apliquen al SMI. Algo que el Gobierno se ha comprometido a estudiar y llevar a cabo.

Así lo recoge el texto legal de la primera fase de la reforma de pensiones, aprobado a cierre del pasado ejercicio. En la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones, se recoge el citado compromiso adquirido por la cartera de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que dirige José Luis Escrivá.

Criterios para subir las pensiones mínimas

La Disposición Final Quinta recoge que «el Gobierno abordará en el marco del diálogo social una revisión de los criterios para la determinación de las cuantías de las pensiones mínimas con el fin de garantizar su suficiencia en cumplimiento del artículo 50 de la Constitución y del artículo 4 del Protocolo Adicional a la Carta Social Europea».

Y el Ejecutivo, en el citado precepto, se da el plazo máximo de un año para activar las modificaciones normativas necesarias para establecer reglas relativas a la evolución de las pensiones mínimas que tengan en cuenta la evolución del SMI, garantizando la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones.

Esa Carta Social Europea es la misma que hace valer Trabajo, bajo la batuta de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, para seguir subiendo el salario mínimo, al que le queda aún recorrido para alcanzar el nivel marcado, un límite borroso ya que no está definido qué retribución media se toma como referencia, si bruta, neta, con qué consideración de otros complementos o pagos en especie.

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