Díaz defiende reforzar el control del Estado en Telefónica frente a los «intereses extranjeros»

La líder de Sumar y vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, ha propuesto reforzar el control del Estado en Telefónica y Celsa, empresas que han vendido buena parte de su capital a inversores de otros países, para contrarrestar estos «intereses extranjeros», a los que considera «difícilmente compatibles» con los de España. Ha sido durante la reunión con el grupo parlamentario de Sumar en el Congreso donde Díaz ha deslizado las líneas generales de su hoja de ruta económica de cara a un futurible Gobierno de coalición con el PSOE.

En clave de actualidad ha explicado sus propuestas ante la posible entrada de inversores extranjeros en empresas estratégicas, como Telefónica y Celsa –entidad que de la que depende de la planta de Celsa Atlantic de A Laracha–. Y es que, recientemente el grupo de telecomunicaciones saudí STC se hizo con el 9,9% del capital de Telefónica por unos 2.100 millones de euros. De su lado, el Juzgado mercantil dos de Barcelona dio el visto bueno al plan de reestructuración que los fondos acreedores, con Deutsche Bank Anchorage, Capital Group y Attesor Capital a la cabeza, presentaron para tomar el control de Celsa. No obstante, sobre estos dos casos el Gobierno finalmente tendrá que dar el visto el bueno.

En primer lugar, Yolanda Díaz quiere condicionar la entrada de capital extranjero a que estos inversores no puedan formar parte del consejo y que tampoco puedan ejercer su derecho a voto ni cederlo, sino que simplemente se limite a una inversión «que busque rentabilidad financiera».

La ministra de Trabajo en funciones también ha defendido reforzar «legalmente» el escudo ‘antiopas’, una medida temporal que se desplegó con motivo de la pandemia, y también ha apostado por impulsar el papel de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en empresas estratégicas, mediante participaciones de control. A renglón seguido ha remarcado la importancia de desplegar la ‘golden share‘ o ‘acción de oro’, con la que el Gobierno tendría la última palabras en determinadas decisiones del consejo.

Defender con «audacia» los intereses del país

La vicepresidenta segunda en funciones contextualiza todas estas medidas en un acto de defender con «audacia» los intereses de España frente a otros extranjeros que son «difícilmente compatibles», en referencia a los saudíes y los grandes fondos de inversión.

También ha tenido tiempo para retomar el cruce de declaraciones con motivo de Telefónica con la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos en funciones, Nadia Calviño, quien aseveró que España es un «país serio» y defenderá su interés general ante el desembarco de los saudíes.

Díaz ha replicado diciendo que para ser un país «serio» es necesario impulsar una nueva industrialización «que tome en serio sus sectores estratégicos» y que los proteja de los intereses extranjeros. Sobre todo, ha dicho, teniendo en cuenta la «incertidumbre» que trabajadores de empresas como Telefónica o Celsa viven por los movimientos en su accionariado. «Ha llegado el momento de activar todos los resortes para garantizar la autonomía estratégica de nuestro aparato productivo, asegurar la independencia y sobre todo, nuestro futuro. De esto va también la política», ha subrayado en su intervención.

La líder de Sumar considera que la prioridad del Gobierno tiene que pasar por la «preservación de la autonomía» y del empleo en las empresas estratégicas, que Díaz ve «fundamentales» para el empleo de calidad; emprender e impulsar un crecimiento económico sostenible y que vaya de la mano de la transición ecológica y de prestar servicios esenciales para la ciudadanía.

Subir salarios y reducir la jornada

Ya fuera de lo que es la entrada del capital extranjero en empresas estratégicas, Yolanda Díaz ha enfatizado la importancia de que los salarios sigan subiendo durante esta legislatura y en la reducción de la jornada laboral. Sobre este último asunto, Díaz ha explicado que entre 2008 y 2013 el tiempo de la jornada semanal se redujo de 38 a 36 horas, pero a partir de entonces la reducción se estancó.

También ha dedicado unas palabras a la «crisis de precios» y en especial a la inflación en algunos alimentos como el aceite, que cree que está «imposible». Por ello, Díaz ve necesario «actuar» ante el que considera un bien «fundamental» para las familias españolas. Siguiendo con los precios ha defendido tomar medidas para atemperar la subida de las hipotecas en el país, que a su juicio han sido provocadas por una «errática» y «antieconómica» política del Banco Central Europeo (BCE).