PP y PSOE aprueban el reparto de 7.000 millones del Plan Estatal de Vivienda
Acuerdo unánime entre el Gobierno y las comunidades del PP pese a las críticas de estas
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.
El Gobierno y las comunidades autónomas -la mayoría gobernadas por el PP-, han sacado adelante el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 que contempla la movilización de hasta 7.000 millones de euros para ampliar el parque público de vivienda. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha celebrado este jueves, al inicio de la Conferencia Sectorial, que administraciones «de distinto color político» hayan sido capaces de acercar posiciones en torno a una cuestión que calificó de prioritaria para la ciudadanía.
«Lo importante es alcanzar ese acuerdo», afirmó Rodríguez, quien insistió en que la vivienda requiere «respuestas eficaces» y consensos institucionales para afrontar los problemas de acceso residencial. La ministra ha asegurado que el nuevo plan es fruto de «muchos meses de trabajo y diálogo» con comunidades autónomas, ayuntamientos, entidades sociales y representantes del sector, tras cerca de una treintena de reuniones celebradas en distintos formatos.
Rodríguez ha defendido además que el consenso alcanzado es relevante no solo por las medidas incluidas, sino también por el mensaje político que traslada. «Distintas administraciones, de distinto color, nos estamos poniendo de acuerdo», subrayó. El plan, previsiblemente saldrá adelante con la posición favorable de la mayoría de las comunidades pese a algunas discrepancias en cuanto al reparto y otras cuestiones.
Madrid estudia recurrir
A pesar de votar a favor del plan, la Comunidad de Madrid estudia recurrir ante el Tribunal Supremo el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 al considerar que invade competencias autonómicas e impone «el modelo ideológico del Gobierno». Antes de la Conferencia Sectorial de Vivienda, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras acusó al Ejecutivo central de haber elaborado el plan «sin consenso, sin diálogo real y utilizando la financiación estatal como instrumento de presión política». Aun así, avanzó que Madrid votará a favor del reparto de fondos «por responsabilidad», aunque se reserva la presentación de recursos contra el contenido del plan.
El Ejecutivo madrileño criticó que el Ministerio no haya incorporado ninguna de las alegaciones presentadas por la Comunidad y denunció que el Gobierno pretende condicionar las políticas autonómicas incentivando la declaración de zonas tensionadas. «Si quieres financiación, primero tienes que pasar por caja ideológica», afirmó el consejero, quien sostuvo además que el propio Consejo de Estado ha advertido de posibles vulneraciones de la autonomía financiera de las comunidades autónomas y ha cuestionado algunas medidas incluidas en el plan.
Madrid también cargó contra el diseño financiero del programa y el retraso en su puesta en marcha. Según el Gobierno regional, mientras el Estado «pone el titular», las autonomías deben asumir gran parte del esfuerzo económico. Además, advirtió de que la demora del Ministerio y la falta de convenios dificultan la ejecución de políticas de vivienda ya previstas por la Comunidad. «Madrid planifica y el Gobierno improvisa. Madrid prepara presupuesto y el Ministerio prepara excusas», resumió el consejero.
Blindaje de viviendas
El nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 contempla triplicar la inversión pública respecto al anterior programa y estará financiado en un 60% por el Estado y en un 40% por las comunidades autónomas. Entre las principales líneas del plan figura la ampliación del parque público de vivienda, al que se destinará al menos el 40% de los fondos previstos. El Ejecutivo pretende además blindar de forma permanente las viviendas protegidas financiadas con dinero público para evitar que pasen al mercado libre con el paso de los años.
El programa también incluye ayudas al alquiler para jóvenes, subvenciones para rehabilitación residencial y medidas para movilizar vivienda vacía hacia el alquiler asequible. Entre ellas destacan ayudas de hasta 300 euros mensuales para jóvenes inquilinos y subvenciones para reformar viviendas desocupadas que se incorporen posteriormente al mercado del alquiler asequible. Además, el plan incorpora medidas para actuar en zonas tensionadas, mejorar la eficiencia energética y la accesibilidad de las viviendas, así como incentivos específicos para municipios rurales y en riesgo demográfico.