Las autonomías, atrapadas por los plazos imposibles del Plan de Vivienda 

Las comunidades autónomas han encontrado un enemigo inesperado en el nuevo impulso estatal a las políticas de vivienda: el calendario. Mientras el Gobierno central presenta planes millonarios para ampliar el parque público, rehabilitar inmuebles y facilitar ayudas al alquiler, varias autonomías advierten ya de que los plazos fijados para ejecutar los fondos son, en la práctica, casi imposibles de cumplir.

La tensión ahora no está tanto en la cuantía económica como en la capacidad administrativa para poner en marcha los proyectos dentro de los tiempos exigidos por el Ejecutivo. Detrás de cada anuncio político hay una cadena de trámites que las comunidades deben activar a contrarreloj, como modificar planes estratégicos de subvenciones, aprobar convenios, abrir convocatorias, fiscalizar expedientes y comprometer gasto antes de que cierre el ejercicio presupuestario.

«Esa es la trampa del plan. Para ellos puede resultar más sencillo porque ejecutan las actuaciones transfiriendo los fondos a las CCAA, pero para nosotros los plazos llegan muy ajustados», admiten fuentes de una comunidad autónoma consultadas por este diario. «Modificar un plan estratégico de subvenciones y, posteriormente, tramitar un convenio nos deja muy poco margen para poder comprometer gasto dentro de este ejercicio», añaden.

No hay tiempo

La queja se repite en distintos departamentos autonómicos vinculados a vivienda y urbanismo. Aunque el Gobierno central computa políticamente las partidas aprobadas y las transferencias realizadas, la ejecución efectiva recae sobre administraciones que deben adaptar su maquinaria burocrática en cuestión de semanas.

El problema afecta especialmente a las promociones de vivienda pública y a los programas de rehabilitación. En ambos casos, los tiempos administrativos y urbanísticos rara vez encajan con los calendarios políticos. Sacar adelante una promoción residencial exige licitaciones, cesiones de suelo, informes técnicos, autorizaciones municipales y procedimientos de contratación que pueden extenderse durante meses o incluso años.

Las autonomías sostienen que, en muchos casos, el dinero llega con exigencias temporales difíciles de asumir. La presión se concentra especialmente en el concepto de «compromiso de gasto», una fase administrativa indispensable para justificar la utilización de los fondos públicos. Si ese paso no se formaliza dentro del ejercicio establecido, parte de los recursos pueden quedar sin ejecutar o verse comprometidos.

Favorece al Gobierno

Fuentes autonómicas explican que el diseño del modelo favorece al Gobierno central, que puede presentar rápidamente cifras globales de inversión, mientras la carga técnica y los riesgos de ejecución recaen sobre las comunidades. «El anuncio político es inmediato, pero la administración no funciona a la misma velocidad», resumen.

El choque vuelve a poner sobre la mesa uno de los problemas estructurales de las políticas públicas de vivienda en España, como es la distancia entre los tiempos políticos y los tiempos administrativos. Los Gobiernos trabajan con calendarios electorales y anuncios de impacto inmediato, mientras que los procedimientos de contratación, urbanismo y subvenciones responden a ritmos mucho más lentos y garantistas.

Dudas del sector

En el sector inmobiliario existe además otra dificultad añadida, que es la escasez de suelo finalista y la falta de capacidad técnica en muchas administraciones para tramitar expedientes de gran volumen. Diversas comunidades reconocen que los departamentos de vivienda llevan años trabajando con plantillas limitadas y estructuras poco preparadas para absorber de golpe programas multimillonarios. La situación recuerda a algunos de los problemas detectados con la ejecución de fondos europeos, donde varias administraciones denunciaron que las exigencias temporales impuestas desde Bruselas y trasladadas después por el Gobierno dificultaban una gestión realista de los proyectos.

Pese a ello, el Ejecutivo defiende que los planes actuales buscan acelerar la creación de vivienda asequible y movilizar recursos en un contexto de fuerte presión sobre los precios del alquiler y compra. El Gobierno ha insistido en las últimas semanas en la necesidad de ampliar el parque público y aumentar la intervención pública en un mercado especialmente tensionado en grandes ciudades. Sin embargo, las comunidades advierten de que el verdadero cuello de botella no está únicamente en la financiación. La principal dificultad, sostienen, es transformar los anuncios presupuestarios en viviendas construidas o ayudas efectivamente concedidas.

Mercado en crisis

«No se trata solo de tener dinero disponible. Se trata de poder tramitarlo, adjudicarlo y ejecutarlo dentro de unos plazos razonables», explican fuentes autonómicas. La preocupación crece porque una ejecución insuficiente podría terminar alimentando un nuevo choque político entre administraciones. El Gobierno podría atribuir a las comunidades la incapacidad para gestionar los fondos, mientras las autonomías sostienen que los calendarios fijados desde el ejecutivo central nacen desconectados de la realidad administrativa.

Mientras los anuncios se suceden, las comunidades reconocen que buena parte de la batalla se libra lejos de los titulares, en expedientes, convenios y trámites administrativos que avanzan mucho más despacio de lo que exige la política, el acceso a la vivienda sigue complicándose, sobre todo para los colectivos más jóvenes.