El Plan de Vivienda nace cojo: el sector alerta de que no aumentará la oferta lo suficiente

El recién aprobado Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 ha sido acogido con una mezcla de respaldo y escepticismo por parte del sector inmobiliario, que valora el aumento de la inversión y el impulso a la rehabilitación, pero advierte de que las medidas se quedan cortas para resolver la dimensión del problema de la falta de oferta en las zonas de mayor demanda. Con una dotación de 7.000 millones de euros, el plan refuerza el papel de la vivienda pública, introduce ayudas a la rehabilitación de hasta 20.500 euros y apuesta por facilitar el acceso, especialmente a jóvenes. Sin embargo, distintas voces del sector consultadas por THE OBJECTIVE coinciden en que el impacto dependerá más de su ejecución que de su diseño.

Las críticas más contundentes llegan desde el ámbito de las asociaciones inmobiliarias. La Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) considera que el plan nace con «importantes limitaciones» que comprometen su eficacia. Su presidente, José María Alfaro, señala que la principal debilidad es la ausencia de un enfoque decidido hacia las zonas con mayor presión de demanda, como grandes ciudades y áreas metropolitanas, donde el déficit de vivienda es más acusado.

Además, advierte de que la dotación económica podría no ser suficiente sin una base presupuestaria sólida, en un contexto marcado por la falta de Presupuestos Generales. «Existe el riesgo de que el plan se quede en una declaración de intenciones», apunta. Otro de los puntos críticos es la coordinación institucional. El modelo de cofinanciación con las comunidades autónomas, según FAI, puede dificultar la aplicación efectiva de las medidas y generar desigualdades territoriales. Por su parte, la Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña) considera que el «verdadero reto está en recuperar la seguridad jurídica y reducir las trabas administrativas para aumentar la producción de vivienda».

Insuficiente para el reto

A todo ello hay que añadir, según la asociación inmobiliaria, la falta de medidas estructurales para generar suelo finalista, uno de los principales cuellos de botella del mercado. A estas críticas se suma la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval), que considera el plan un avance, aunque claramente insuficiente en su alcance. «Valoramos la aprobación del nuevo Plan Estatal de Vivienda como un paso necesario para reforzar la política pública, pero será imprescindible analizar su redacción definitiva en el BOE para evaluar su impacto real».

La organización advierte de una ambición presupuestaria insuficiente ante un déficit estructural de vivienda que requiere un esfuerzo «sostenido y significativamente mayor» para converger con Europa. También considera incompleto el desarrollo del alquiler asequible incentivado, al que califica de positivo en su planteamiento, pero aún sin el «cambio de escala necesario». En su opinión, es clave avanzar hacia un modelo estable, previsible y alineado con el marco europeo de Servicios de Interés Económico General (SIEG), que amplíe el acceso no solo a colectivos vulnerables, sino también a rentas medias.

El problema no es el diseño, es la ejecución

Desde el ámbito del análisis de mercado, María Matos, directora de estudios de Fotocasa, asegura a THE OBJECTIVE que el plan es «un paso en la buena dirección», al reforzar líneas clave como la construcción, la vivienda pública y la rehabilitación. Sin embargo, introduce una advertencia de fondo: «No es la primera vez que se plantean estos objetivos y, sin embargo, no se ha logrado reducir la brecha de acceso».

A su juicio, el verdadero problema no está en el diseño, sino en los plazos de ejecución. La tramitación administrativa y los acuerdos con comunidades autónomas pueden retrasar durante años el impacto real de las medidas. «La clave está en acelerar la construcción. Sin un aumento sostenido de la oferta, cualquier política tendrá un impacto limitado», concluye. Una idea con la que coinciden con la Asprima. El director general de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid, Jorge Ginés, respalda el plan y destaca como positivo que el 40% de los fondos se destine a vivienda protegida, lo que puede impulsar su producción.

No obstante, introduce un elemento de urgencia, ya que «la aprobación llega con retraso respecto al calendario previsto». Por ello, los promotores madrileños creen que «es urgente que el Estado y las comunidades autónomas convenien de forma inmediata para evitar perder el ejercicio 2026». Al tiempo, recuerda que cualquier demora reduce el margen de actuación del plan.

Rehabilitación

Otro de los pilares del plan es la rehabilitación del parque inmobiliario, con ayudas de hasta 20.500 euros. Desde el sector se valora el enfoque, aunque con matices. Pablo Muñoz, CEO de Evalore y responsable de sostenibilidad en Grupo Gesvalt, considera que las ayudas van en la buena dirección, pero «son insuficientes por sí solas ante un parque envejecido, ya que entre el 45% y el 58% de los edificios en España son anteriores a 1980».

A su juicio, la rehabilitación ya no es una política opcional, sino estructural, vinculada a la eficiencia energética y la adaptación normativa. Sin embargo, advierte de frenos relevantes como la burocracia, la falta de mano de obra cualificada y el encarecimiento de materiales, que pueden limitar su despliegue. En materia de seguridad jurídica, la asociación advierte de que los mecanismos de protección previstos deben contar con financiación suficiente y estable. «En muchas ocasiones, los propietarios están asumiendo de facto una función de escudo social que debería corresponder al Estado», señalan, por lo que reclaman sistemas de compensación claros y equilibrados.