El Gobierno aprueba el plan de vivienda dotado con 7.000 millones que blindará las protegidas

El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, una de las principales apuestas del Ejecutivo para el tramo final de la legislatura. El programa llega con una dotación de hasta 7.000 millones de euros -el triple que el anterior- y con el objetivo de reforzar el parque público y facilitar el acceso a la vivienda, especialmente entre jóvenes y rentas medias.

La iniciativa, que no requiere convalidación parlamentaria, busca consolidarse como uno de los pilares de la política económica y social del Ejecutivo en un contexto marcado por el encarecimiento del alquiler y las dificultades de acceso a la vivienda. «Es un proyecto muy importante para el ministerio», ha asegurado la ministra de Vivienda Isabel Rodríguez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El plan recoge, según la ministra, dos prioridades: la creación de ese parque público blindando el carácter permanente público de las viviendas y la regulación para «frenar la especulación». Se trata de «un paso más, un paso importante en esta dirección». Entre las principales líneas del plan destaca el impulso a la vivienda protegida, a la que se destinará en torno al 40% de los recursos. La novedad clave es el blindaje permanente de estas promociones: aquellas financiadas con fondos públicos no podrán descalificarse ni pasar al mercado libre en el futuro, lo que pretende evitar la pérdida de parque público a largo plazo.

Rehabilitación, clave

«No valen parches y no hay varita mágica», ha añadido la ministra al defender este plan. El plan también contempla un fuerte componente de rehabilitación -alrededor del 30% del presupuesto- y un paquete de ayudas centrado en la emancipación juvenil, con incentivos tanto al alquiler como a la compra en zonas rurales o con riesgo de despoblación.

Además, el Ejecutivo, que asegura que el plan se ha elaborado en colaboración público-privada y con la colaboración de las comunidades autónomas, incluye una “cláusula antifraude” para reforzar la transparencia en la adjudicación de vivienda protegida, en respuesta a recientes polémicas. Esta exigirá procesos verificables y con control público como condición para recibir financiación estatal.

Tensión del mercado

La aprobación del plan llega en un momento de alta tensión en el mercado inmobiliario. El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas para los ciudadanos y en un eje central del debate político, con presión social para intervenir en los precios del alquiler. A ello se suma la incertidumbre sobre su aplicación efectiva, ya que el modelo exige la colaboración de las comunidades autónomas, que deberán cofinanciar hasta el 40% del programa.

«Este plan se suma a ese esfuerzo inversor de multiplicar por ocho los presupuestos del estado», ha defendido la ministra. La intención es que la vivienda protegida pase a ser un elemento estructural -y no coyuntural- del mercado inmobiliario español. «La mayor parte de los 7.000 millones va a ir destinado a aumentar el parque de vivienda pública a precios asequibles», según ha defendido Rodríguez.

La ministra, ha hecho referencia en varias ocasiones a las comunidades gobernadas por el PP, concretamente a Madrid y a su presidenta, Isabel Díaz Ayuso. «Ella cree que daña al Gobierno cuando no aplica la Ley, pero a quien está dañando es a un millón y medio de personas que viven de alquiler en la Comunidad de Madrid», ha asegurado, «que podrían tener desde hace dos años sus rentas congeladas si no fuera por el pataleo y sinrazón de su presidenta».