BBVA, socio significativo de Tubos Reunidos, se desmarca «totalmente» del 'caso SEPI'
El banco ni siquiera conocía el contrato laboral que la compañía firmó con el expresidente de la sociedad pública

Sede de BBVA. | EP
BBVA se desmarca totalmente de la red de corrupción creada por la fontanera del PSOE, Leire Díez, el ex número tres de los socialistas Santos Cerdán y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, que están siendo investigados por supuestos amaños y cobro de comisiones. La entidad, en concreto, se desliga de cualquier implicación o conocimiento de los asuntos que la Justicia está analizando en relación al rescate de Tubos Reunidos, la empresa vasca que recibió 112,8 millones de euros en 2021.
Por entonces, BBVA tenía un representante en el consejo de administración y su 14,7% del capital le hacía un socio significativo de la siderúrgica alavesa. El máximo responsable de la filial española de la entidad, Peio Belausteguigoitia, aseguró este miércoles que «[desconocía] totalmente» las presiones, las ventajas concedidas y las presuntas comisiones, durante su participación en unas jornadas organizadas por Apie y la Universidad Menéndez Pelayo.
Otras fuentes del banco se distancian por completo del caso y llegan incluso a asegurar que ni siquiera conocían que el expresidente de la SEPI había sido contratado por Tubos Reunidos para una serie de labores, después de haberse aprobado la ayuda estatal a la compañía por parte del Consejo de Ministros.
En el consejo de administración
Algunas de las cuestiones, como un aplazamiento posterior de la deuda contraída que se refleja en los informes de la investigación judicial a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, tenían que ser tratadas por el órgano rector de la tubera para su aprobación, una vez obtenido el plácet de la sociedad pública de participaciones industriales.
BBVA, tras el rescate, vendió buena parte de sus acciones, pero aún conserva el 5,21% del capital. Fue en 2023 cuando hizo el movimiento ante la mejora de la situación bursátil y del negocio. Sin embargo, a día de hoy se encuentra atrapado al ser su mayor acreedor tras la SEPI.
50 millones en peligro
La exposición que tiene la entidad, además de las acciones, suma unos 50 millones de euros. Tubos Reunidos le debe unos 48 por créditos ordinarios, que vencen, a priori, en 2028, aunque está garantizado con inmuebles y acciones de la propia compañía. Además, tiene contratada una línea de circulante para facturas de hasta dos millones al año.
Otros bancos nacionales se desprendieron con fuertes rebajas de los préstamos. En 2022, tanto el Santander como el Sabadell vendieron toda la financiación concedida a Tubos Reunidos, y Caixabank una parte significativa a fondos, con recortes sobre el nominal que alcanzaron el 90% al considerar que no se iban a recuperar, a pesar del rescate.
Operativa de la red de corrupción
Los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil muestran los tejemanejes de la trama en relación a este caso y apuntan a presiones que alcanzaron al PNV, partido que gobierna en el País Vasco y que estaba muy interesado en que la compañía no quebrara, al tiempo que es socio del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
En los papeles se da cuenta de un contrato con Fernández, partícipe de la red, y Tubos Reunidos para llevar a cabo un trabajo consistente en conseguir una disminución de los intereses de la ayuda pública o un aplazamiento de los pagos a la SEPI, además de seguir como asesor para otras cuestiones.
Aplazamiento del rescate y pagos a la trama
La firma alavesa finalmente recibió el visto bueno para no tener que pagar diez millones a su debido tiempo. La UCO ha hallado pruebas de que la trama de la SEPI recibió un total de 247.459 euros de la acecera, incluyendo las mediaciones realizadas para la concesión del rescate.
Tubos Reunidos se enfrenta no solo a este caso, sino que atraviesa una situación financiera extrema. Se ha declarado en concurso de acreedores, por lo que BBVA se arriesga a perder una parte o toda la financiación dada, de no ser exitoso. La Justicia ya ha activado la venta de la compañía para evitar su liquidación. Por el momento, la SEPI se niega a una quita de la deuda, porque supondría reconocer que ese rescate no cumplía las condiciones exigidas y sus responsables se arriesgarían a una condena por malversación de caudales públicos.
La empresa vasca solicitó el concurso voluntario de acreedores en mayo ante el riesgo de «insolvencia inminente» tras perder 118,8 millones de euros en 2025. Su deuda total asciende a 263 millones. La siderúrgica tiene como accionistas, además de a BBVA, a familias vascas como Zorrilla Lequerica, Gómez de Olea Mendaro e Ybarra Aznar.
