Una medida de la UE por Irán abre una lluvia de litigios contra las petroleras por los ecologistas

La Comisión Europea está tratando de diseñar un plan que permita sortear parcialmente el reglamento europeo de emisiones de metano (EUMR, por sus siglas en inglés), que obligará a los importadores de petróleo y gas de la Unión Europea a cumplir, a partir de enero de 2027, con requisitos mínimos de reporte y verificación de las emisiones de metano asociadas a sus compras. No obstante, una mayoría de productores ha admitido a los importadores que no están en disposición de cumplir los requisitos. Un escenario que pone en jaque, según un estudio de la consultora Wood Mackenzie, el 87% de las importaciones de crudo. Todo ello ocurre en medio de la incertidumbre por la guerra en Irán.

Según la agencia de noticias Reuters, la Comisión Europea ha elaborado un plan para permitir que las compañías de petróleo y gas eviten sanciones por infringir la ley de emisiones de metano de la Unión Europea (UE), un borrador que llega tras la presión de la industria y del gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, fuentes solventes del sector petrolero afirman que esta medida sigue sin ser adecuada porque deja la pelota en el campo de cada estado miembro y, además, el no pagar una multa no evita que una empresa esté incumpliendo un precepto legal.

Esta situación abre la puerta a que asociaciones ecologistas puedan litigar si no se cumple la medida aprobada. De hecho, algunas asociaciones —como Greenpeace— están muy pendientes de los efectos que está teniendo la guerra: «Mientras la ciudadanía paga el coste de la crisis energética derivada del conflicto de Irán, las petroleras europeas siguen enriqueciéndose y repitiendo un patrón de bonanza que ya se produjo con la invasión rusa de Ucrania en 2022. Así lo hemos denunciado tras conocerse los beneficios de las principales petroleras europeas durante el primer trimestre de 2026».

Existe cierto consenso en el sector petrolero en reducir las emisiones de metano. Las empresas coinciden con el compromiso marcado para ir reduciendo este gas de efecto invernadero. Sin embargo, las fuentes consultadas señalan que esta normativa es «imposible» de cumplir y que pondría en peligro el suministro y, para más inri, en este momento de tensión por la guerra. Además, remarcan que nuevamente Europa se ha autoimpuesto objetivos «no realistas». Bruselas argumenta que no hay tiempo para modificar su reglamento y menos para que lo apruebe el Parlamento Europeo.

El Gobierno de EEUU también ha exigido que la UE exima al petróleo y al gas estadounidenses de estas normas. En un borrador de directrices para las autoridades nacionales de los países de la UE, la Comisión afirma que los miembros podrían optar por no aplicar sanciones por incumplir las normas durante una crisis de suministro energético. «Las sanciones deberían posponerse hasta que la situación se estabilice y reanudarse si la infracción persiste y el riesgo para la seguridad del suministro ya no existe». Por otro lado, el documento indica que las empresas también podrían quedar exentas de las sanciones previstas en la ley, incluso si no existe una crisis de suministro, pero se considera que la aplicación de dichas sanciones pondría en peligro el suministro de energía.

La legislación europea sobre el metano exige que, a partir de enero de 2027, el gas importado cumpla con normas de control y verificación equivalentes a las europeas. Las sanciones por incumplimiento incluyen multas de hasta el 20% de la facturación anual de la empresa. Estados Unidos se ha convertido en el mayor proveedor de gas natural licuado de la UE, en un contexto de competencia entre el bloque por sustituir el gas ruso. El borrador de las directrices de la Comisión no modificaría la ley, sino que otorgaría a las autoridades nacionales mayor margen de maniobra en su aplicación.

La consultora Wood Mackenzie señaló que el EUMR podría poner en peligro hasta el 43% de las importaciones de gas de la UE y el 87% de las importaciones de crudo a partir de 2027. «Grandes volúmenes de petróleo y gas disponibles a nivel mundial y que, de otro modo, serían accesibles para Europa, corren el riesgo de ser considerados no conformes, exponiendo a los importadores a importantes riesgos de sanciones. Además, los volúmenes limitados que cumplen con la normativa y son accesibles al mercado de la UE serían insuficientes para cubrir la demanda, lo que podría desencadenar un significativo déficit de suministro, acompañado de graves impactos en el mercado. Incluso en un escenario más flexible en el que 10 países proveedores clave para la UE sean considerados ‘equivalentes’, los volúmenes que cumplen seguirían siendo insuficientes para satisfacer la demanda de la UE».

Unos episodios que no son novedosos. A finales de 2024, el ministro de Energía de Qatar y presidente y CEO del gigante energético estatal QatarEnergy, Saad Sherida al-Kaabi, amenazó en un foro en Doha con poner en jaque las exportaciones de GNL (gas natural líquido) hacia la UE por la existencia de una normativa verde que les perjudicaba. En concreto, se trataba de una directiva exigente sobre la sostenibilidad de las empresas que más tarde se suavizó por parte de los reguladores europeos.