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Transporte

ADIF se niega a explicar los cambios en el portal de contratación tras el accidente de Adamuz

Días después del siniestro se modificaron los archivos del contrato de licitación de las obras del AVE Madrid-Sevilla

ADIF se niega a explicar los cambios en el portal de contratación tras el accidente de Adamuz

Sede de ADIF. | EFE

ADIF, la entidad pública empresarial en España encargada de la gestión de la infraestructura ferroviaria, se niega a explicar los motivos por los que se modificaron archivos del portal de contratación entre el 26 y el 28 de enero de 2026, ocho días más tarde del accidente de tren en Adamuz (Córdoba) que se cobró la vida de 46 personas. Así lo ha podido saber THE OBJECTIVE en exclusiva, a través de una resolución del Portal de Transparencia. Este medio requería información relativa a las obras de renovación del tramo C de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla a la altura de la localidad donde aconteció el siniestro.

En concreto, este periódico solicitó al organismo el detalle completo de todos los cambios realizados en los expedientes en las fechas indicadas, incluyendo los registros sobre qué documentos fueron añadidos, eliminados, movidos, renombrados o sometidos a restricciones de acceso; el motivo exacto de dichas modificaciones y las resoluciones internas que las justificaron; una copia íntegra de las versiones anteriores y posteriores de los archivos afectados; información sobre si se había iniciado algún procedimiento interno, auditoría o medida correctora; aclaraciones sobre la posible relación de dichos expedientes con el accidente ferroviario ocurrido en la localidad cordobesa y sobre si las modificaciones afectaban a la validez o ejecución de los contratos ya adjudicados; y, por último, la confirmación de que toda la documentación actualmente publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público cumple íntegramente con lo dispuesto en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público.

En respuesta, el ente público inadmitió el acceso a la información solicitada al considerar que las peticiones formuladas se refieren a actuaciones materiales que no se encuentran comprendidas en el objeto del derecho de acceso reconocido en la Ley de Transparencia. Sostiene que dicho derecho se proyecta exclusivamente sobre información ya existente y contenida en documentos, y no sobre la trazabilidad de operaciones internas, reconstrucciones explicativas o certificaciones ad hoc relativas a la forma en que la Administración ordena, modifica o gestiona sus documentos. Por ello, concluye que lo solicitado constituiría actividad interna de gestión y no un contenido documental propiamente dicho, al no poder satisfacerse mediante la entrega de información preexistente, sino que requeriría la elaboración de un informe específico creado exclusivamente para atender la solicitud.

Modificación de los archivos

Tal y como adelantó en exclusiva el diario El Debate diez días más tarde del accidente, esa misma semana se borraron y modificaron archivos del contrato de licitación de las obras de mejora y mantenimiento de la línea de Alta Velocidad (AVE) entre Sevilla y Madrid en la Plataforma de Contratación del Estado. En concreto, los documentos que variaron fueron algunos relacionados con el tramo C, correspondiente a la ruta Guadálmez-Córdoba, en el lugar donde ocurrió la tragedia, tanto en el expediente relativo a los desvíos del eje principal del trazado, el 3.23/20810.0040, como en el correspondiente al proyecto matriz de intervención, el 3.21/20810.0052.

Según pudo comprobar dicho medio, en el primero de los casos aparecieron dos nuevos informes —la documentación del proyecto técnico y el contrato de adjudicación de la obra— que hasta el 27 de enero habían permanecido ocultos. Respecto al segundo, los archivos —dos carpetas con las licitaciones de explanamiento y limpieza de la acometida previa— desaparecieron temporalmente de la plataforma, remitiendo un «acceso denegado» en el enlace habitual y en los derivados. La explicación de estas maniobras, según fuentes cercanas a ADIF, sería la protección de la corporación frente a posibles filtraciones perjudiciales para la misma; es decir, se buscaba blindar una eventual y futura defensa legal de Transportes en un caso que, en aquel entonces, ya estaba judicializado.

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