La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha anunciado que el Gobierno impulsará una Ley de Tiempo Corresponsable para garantizar el derecho a la conciliación y al trabajo en condiciones de igualdad.
Por qué es importante: en pleno siglo veintiuno, tanto la pobreza como los cuidados siguen teniendo rostro de mujer. Una cuestión que se ha hecho todavía más evidente con la llegada de la pandemia. Montero reclama el derecho de los hombres a cuidar sin ser juzgados o menospreciados por ello y el de las mujeres a no tener que renunciar a su desarrollo personal y/o laboral por asumir una carga de cuidados desproporcionada.
Montero, durante su comparecencia ante la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados, ha avanzado que Igualdad y Trabajo serán los ministerios encargados de esta ley y ha reiterado que se procederá a la regulación del teletrabajo con perspectiva de género para evitar que sea «una trampa para las mujeres» y que se dificulten sus opciones de promoción y responsabilidad.
«Nuestro país necesita cuidar, sin cuidados no se puede vivir, lo que conocemos como economía productiva no funciona», ha aseverado Montero en este discurso en el que aboga por políticas públicas que saquen de la invisibilidad, la precariedad y la desigualdad las tareas de cuidados, pues no se hacen «por arte de magia», añade. La titular de Igualdad, además, propone un «pacto nacional por los cuidados» que ponga en marcha un sistema público de cuidados después de que la crisis del coronavirus [contexto id=»460724″] haya hecho «saltar por los aires» las estructuras de conciliación en España.
Montero incide en que la red cuidados en España es frágil y está feminizada. La pandemia ha incrementado -para las mujeres– el tiempo dedicado a la atención de menores, mayores y personas dependientes, además de la realización de tareas del hogar. «Con sus casas y los cuerpos de los suyos a cuestas», haciendo jornadas dobles y triples. Por ello, Montero ha solicitado que, tanto el Parlamento como el sector privado y los sindicatos se impliquen en el impulso de un pacto de Estado por los cuidados que alcance la relevancia del Pacto contra la Violencia de Género.
«O se hacen políticas públicas que tengan en cuenta los cuidados como eje central de desarrollo democrático y económico o seguirán recayendo en los hombros de las mujeres y aumentando las brechas», ha subrayado la ministra de Igualdad.
