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Disonancias democráticas

Foto: Tribunal Supremo | EFE

No puedo evitar pensar que cuando se habla de Juego de Tronos como el fenómeno televisivo de la temporada, se está siendo injusto con el juez Marchena. El veterano magistrado nos está proporcionando momentos de entretenimiento insuperables. Un entretenimiento quizá menos sofisticado, pues se parece demasiado al regocijo que uno siente cuando alguien (¡por fin!) pone en su sitio al niño insufrible. Sí, la retransmisión del juicio nos trae también algo terrible: la constatación de cuánta gente vive atrapada en ese hiato entra la niñez y la vida adulta que es la adolescencia. El magistrado Marchena convertido, por imperativo legal, en profe de secundaria, obligado a reiterar a cada testigo que un juicio no es un juego de campamento. Obligado, en definitiva, a recordar, una y otra vez, que la vida va en serio.

A pesar de todo, en defensa de los acusados y de sus testigos, diré que entiendo su desconcierto: existe una disonancia alarmante entre los distintos órganos del Estado, y uno no sabe qué esperar cuando se sienta frente a uno de sus representantes. Lamentablemente, la firmeza de Marchena y su respeto hacia la institución que representa no se ven correspondidos por los otros poderes, que poco menos que rinden pleitesía a las venialidades de los traviesos. Estas disonancias recrean un clima de arbitrariedad inaceptable en una democracia, donde todos los poderes del Estado deberían obrar, con independencia, sí, pero en base a una misma lógica. No es difícil constatar que el juez Marchena es la excepción. La ingenuidad de la democracia española, es decir, la irresponsabilidad de sus líderes, es pavorosa. Basta con observar cómo se está actuando en la etapa post-procés: en lugar de poner rejas en las ventanas tras el asalto, algunos consideran que es mejor dejarlas abiertas, para demostrar una voluntad dialogante.

El ejemplo más reciente: personas procesadas por delitos graves, y en prisión preventiva o en busca y captura, pueden presentarse a unas elecciones. Evidentemente, nada se ha podido hacer para que no sucediera, pero sí se puede evitar que pase de nuevo. Lo mismo podemos decir respecto a los hechos juzgados. Todo código penal es heredero de una historia. El nuestro nos protegía de posibles Tejeros, pero las democracias necesitan actualizarse al mismo ritmo que sus amenazas: hay que hacer caso al Presidente del Gobierno, o a Pedro Sánchez, y actualizar el delito de rebelión. Asimismo, ahora que las elecciones europeas están a la vuelta de la esquina, ¿no sería buen momento para abrir un debate en Bruselas sobre las famosas euroórdenes? La lista es interminable: la ley de referéndum, las embajadas catalanas, los medios de comunicación públicos, las fuerzas del orden…. En definitiva: ¿qué estamos haciendo para que no vuelva a suceder o para reaccionar adecuadamente si la amenaza se repite? Las hipérboles de un 155 indefinido no ayudan: el 155 sirve para remediar una anomalía; el problema de Cataluña es la anormalidad asumida durante décadas.

Esta dejación de funciones está detrás de los rostros ojipláticos de unos testigos que a buen seguro pensarán: «Todo es un cachondeo y este Marchena se hace el serio». Y tienen razón. Nuestras disonancias democráticas comienzan a ser ensordecedoras.

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