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Foto: Javier Lizon | EFE

Lo único que se antojaba seguro en la sede de Cs es que su plana mayor compondría, mano sobre mano, una de esas piñas (en almíbar) que estallan en alborozo. Como a los borrachos del cántico futbolero, el resultado les daba igual. Los 7 escaños logrados en el PE (tan sólo 1 más que los que sumaron UPyD y Cs en 2014) quedaban muy lejos de las previsiones de la mayoría de sus dirigentes, pero la euforia contumaz, prescriptiva, que rige la vida pública de Cs no se para en barras. No hace ni dos meses, el núcleo duro se mostraba convencido de que obtendrían 12 eurodiputados, y huelga decir que el irresistible ascenso naranja había de llevar aparejada la muerte súbita del Partido Popular, al que, tras las elecciones del 28-A, Albert Rivera invitaba a reflexionar acerca del abandono de cuadros tan “válidos” como Ángel Garrido. La estrategia pergeñada por el Comité Permanente pasaba por que Cs fuera percibido como un frente transversal; la casa común, proclamaba Rivera, del constitucionalismo, según la expresión que acuñara en los ochenta el socialdemócrata Enrique Curiel, y en la que se inspiraría Artur Mas para su ‘casa gran del catalanisme’. Se trataba, en cierto modo, de revitalizar España Ciudadana, la plataforma con la que Cs pretendió, en mayo de 2018, desatar una ola de entusiasmo que llevara a Rivera a la presidencia del Gobierno. Tan sólo diez días después, la moción de censura promovida por Pedro Sánchez frustró la tentativa. A falta de adhesiones, digamos, naturales, Cs resolvió fomentar el transfuguismo, con maniobras tan trapaceras como el pucherazo en Castilla y León, orquestado, para más inri, contra uno de los diputados de mayor prestigio de la formación, Francisco Igea. Hechas las cuentas, el casal que había proyectadoRivera sólo captó a personajes que habían caído en desgracia en sus respectivos partidos, como el propio Garrido, Soraya Rodríguez o José Ramón Bauzá. ‘Política de fichajes’ fue el lema con el que la Secretaría de Comunicación del partido trató de embellecer la operación, que en verdad no tenía otro propósito que el control de la agenda mediática durante la campaña, y que se saldó con un descenso de cuatro puntos respecto a las generales de abril. El sorpasso, que lo hubo, no fue al PP sino a Podemos, cuyo descalabro ha maquillado, por comparación, el pinchazo de la lista que encabezaba Luis Garicano. Mas no hay cuidado: tanto él como el resto de los candidatos se exhibieron ante las cámaras descoyuntándose de gozo.

Entretanto, en el hotel Gallery, en el corazón del Ensanche barcelonés, Manuel Valls admitía el fracaso sin circunloquio ninguno. La obtención de 22.000 sufragios más que en las municipales de 2015, con el consiguiente aumento de 5 a 6 regidores, era, en efecto, un magro consuelo, y el primero que lo reconoció, encarando la evidencia como es de rigor en adultos, fue Valls. A nadie sorprendió que entre quienes acudieron a arroparle no se hallara ninguno de los cuadros de Cs: ni Arrimadas, ni Carrizosa, ni Roldán, ni Alonso, ni Cañas… Salvo por tres subalternos, nadie. El desistimiento del alcaldable rendía así un enésimo episodio, acaso el más grotesco de todos por cuanto revelaba el pavor de los dirigentes de Cs a dejarse ver con un vencido. El balance de Valls, en cualquier caso, es equiparable al de los 6 regidores de Valencia (los mismos que en 2015, que le dejan en tercer lugar), los 4 de Palma (igual que en 2015, terceros), los 4 de Sevilla (uno más, cuartos), los 3 de Lérida (uno menos, cuartos) o los 2 de Málaga (uno menos, últimos). Por lo demás, se halla en sintonía con el dato de Cataluña, donde resulta obligado proyectar la ausencia de candidaturas de Cs en el 78% de las localidades (aunque el propio partido alardeara en su web un alcance en la provincia de Barcelona del 90% de la población). Sea como sea, los 1.109.000 votos que cosechó Arrimadas en las autonómicas de 2017, y que ya se redujeron a la mitad el 26-A, han pasado (promedio de europeas y municipales) a 288.000.

En el plano autonómico, Cs ha logrado arañar una cuota (real) de poder en las comunidades de Madrid, Castilla-León, Aragón y Murcia, aunque sin superar en ninguna de ellas al PP y aún menos al PSOE. De cómo administre Rivera y su pinyol su condición de árbitro dependerá la pervivencia de un proyecto al que, hoy por hoy, aún le aguardan años en el banquillo.

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