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José Rosiñol

Por qué mantener vivo el 'caso Pegasus'

« Lo cierto es que por dejación (o quizás por otras consideraciones), el Gobierno Sánchez está poniendo en una situación imposible a nuestras instituciones»

Opinión
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Por qué mantener vivo el ‘caso Pegasus’

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. | Europa Press

Antes de nada, quiero hacer una afirmación que, como están las cosas hoy día en nuestro país, resultará revolucionaria, básicamente, por su normalidad, ahí va: lo que debería haber sido noticia y apertura de telediarios hubiese sido que los responsables de conocer e investigar a todos aquellos que querían acabar con el orden constitucional en 2017 no lo hubieran hecho. No me importa si es a través de Pegasus o su porquero, hay instituciones que están obligadas a saber quién y qué se está haciendo contra nuestra democracia y nuestro país. Y es que quizás aquí encontramos el nudo gordiano del porqué de mantener vivo el relato del caso Pegasus.

Que nadie se lleve a engaño porque el objetivo de este tipo de maniobras de desinformación e intoxicación son, precisamente, dichas instituciones. Con ello, quieren crear un marco mental de sospecha e incertidumbre social hacia los que defienden nuestros derechos y libertades. El punto de mira del populismo es la reputación de nuestros servicios de información, de los cuerpos y fuerzas de seguridad, de las fuerzas armadas… Saben bien que son el parapeto de las libertades y que, por obligación constitucional y ética, harán su labor y ello es un freno frente al alocado plan que pretende convertir a nuestro país en una especie de «república plurinacional» de corte chavista.

Que se haya publicado un informe preliminar por parte del Parlamento Europeo en el que, básicamente, dice que España fue cliente y usuario de Pegasus y que, presuntamente, hizo lo que tenía que hacer, utilizar esta herramienta tecnológica para investigar a los que preparaban un golpe contra nuestra democracia, demuestra algunas cosas. La primera es que, desde el Ministerio de Exteriores, se están haciendo muy mal las cosas, ya sea por acción o por omisión, no puede ser que estrategias y secretos oficiales se estén tratando alegremente en el Parlamento Europeo. Segundo, la estrategia de la «tinta de calamar» del Gobierno Sánchez cuando «destaparon» que el mismo presidente también fue espiado, solo ha servido para seguir cavando en el agujero del desprestigio de nuestras instituciones y de nuestro país.

«2023 tiene un calendario electoral endiablado que nos expone y debilita frente a los que pretenden socavar el poder de nuestro país y de nuestra democracia»

Si observamos los objetivos de este Frente Populista, que podríamos resumir en acabar con el sistema democrático del 78, con su clave de bóveda, esto es, acabar con la monarquía, ceder territorialmente todo lo que haya que ceder y crear esa «república plurinacional» que comentaba más arriba. Cabría preguntarse, ¿será coincidencia que haya aparecido, de la mano de una exministra, en el debate público la cuestión de la renuncia a parte del territorio nacional como son las dos ciudades autónomas? ¿Y la tournée del expresidente Zapatero por Marruecos (un expresidente que decía públicamente «…tenemos que hacer que China y ojalá la UE… pongan a Estados Unidos en una situación imposible, imposible»)? ¿Y la cesión ante el rey marroquí en el tema del Sáhara? ¿Y los incidentes de la valla de Melilla? ¿Y los presuntos autores de la infiltración en los móviles de ministros y de nuestro presidente?

¿Podríamos observar un triángulo de intereses y relaciones entre Marruecos, las ciudades autónomas y el separatismo catalán? Lo cierto es que por dejación (o quizás por otras consideraciones), el Gobierno Sánchez está poniendo en una situación imposible a nuestras instituciones, como prueba la muestra pública de debilidad demostrada con el caso Pegasus, nuestra posición frente a Marruecos o la connivencia con los separatismos, que solo derivan en un paulatino deterioro de nuestra democracia, de nuestro poder de acción como país y de nuestra imagen como sociedad. Esto podría ser parte de una estrategia que ya es muy habitual entre los revolucionarios 2.0: desgastar la reputación de las instituciones democráticas, azuzar las contradicciones que pueden encontrarse en cualquier país democrático, aprovechar los resquicios legales y paralegales para, finalmente, asaltar democráticamente el poder para acabar con la democracia, implementando esto que se ha denominado «democracia iliberal» que no es otra cosa que autoritarismo disfrazado con leves formas democráticas.

Finalmente, si existiese un programa que pretende erosionar a nuestras instituciones, en el cual participan agentes e intereses internos y externos, ¿qué grado de conocimiento tendría o debería tener nuestro Gobierno? ¿No debería trabajar por un gran acuerdo con los partidos nacionales (y que representan a la inmensa mayoría de ciudadanos) para acabar con este tipo de movimientos y empezar a reforzar nuestras instituciones? Hemos de recordar que, a esta situación de debilidad mostrada por el ejecutivo, debemos sumar un 2023 con un calendario electoral endiablado que nos expone y debilita aún más frente a los que pretenden socavar el poder de nuestro país y de nuestra democracia.

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