Censura moral al PSOE
«Los actos de dudosa ética democrática (la mentira, el desprecio a la separación de poderes) pueden penalizar a un candidato tanto como un delito tipificado»
Erich Gordon
El Partido Popular se ve gobernando España a finales de agosto. Y la visión no es un delirio: los resultados del 28-M y casi todas las encuestas lo señalan como futuro más probable. Si hace dos años un viajero en el tiempo nos hubiera soplado que habría elecciones generales en julio del 23, y que el PP se disponía a arrasar al PSOE tras haberlo arrasado en las municipales y autonómicas, hubiéramos imaginado una crisis económica como catalizador del cambio. De hecho, se decía que el PP esperaba ansioso ese escenario que le permitiría ejecutar su estrategia predilecta: estarse quieto y esperar a que el PSOE se hundiera en las encuestas al mismo ritmo al que se hundía el PIB. Y después, avistado el primer número rojo, a canturrear el estribillo: «La izquierda quiebra la economía y la derecha viene a cuadrar las cuentas».
Quizá lo más extravagante de la probable victoria del PP en las generales es que se daría contra un Gobierno socialista en números negros, porque España crece y crea empleo. Las nefastas previsiones electorales del PSOE contrastan sus buenas previsiones económicas. En el PSOE hay incredulidad y en el PP cunde el desconcierto: están tan acostumbrados a presentarse como reacción a la ruina económica que les está costando articular un mensaje alternativo.
«Los votantes censuran comportamientos inmorales, sobre todo aquellos que erosionan la credibilidad del candidato»
Dejando a un lado las estrategias electorales, ambos partidos deben anotar que el cambio de gobierno, de producirse, no lo procurará un reproche económico, sino un reproche moral. El escenario no es nuevo. Recordarán que en 2018, tras años de recesión y recortes, la España gobernada por Mariano Rajoy crecía y creaba empleo. Sin embargo, poco antes de la moción de censura, las encuestas colocaban a Ciudadanos como primera fuerza política. La recuperación económica no bastó para contrarrestar la indignación ciudadana por el goteo constante de casos de corrupción. Y en las elecciones de 2019, el PP perdió 71 diputados.
Los delitos del PP de entonces y los pecados del PSOE de Pedro Sánchez no son comparables desde el punto de vista legal, pero el juicio ciudadano es más moral que legalista. Los actos de dudosa ética democrática (la mentira, la colonización institucional, el desprecio a la separación de poderes) pueden penalizar a un candidato tanto como un delito tipificado. Sabemos que es así: los votantes censuran comportamientos inmorales, sobre todo aquellos que erosionan la credibilidad del candidato. Es evidente que la gravedad de la transgresión depende de la percepción pública, y que tanto la lealtad al partido como la disponibilidad de alternativas viables pueden influir en la respuesta de los votantes. Pero incluso aquellos votantes dispuestos a priorizar la gestión o las siglas sobre las conductas tienen sus límites. Seguro que en Ferraz, a esta hora, hay fieles que lamentan la injusticia que vaticinan las encuestas, mientras Dolores Delgado toma posesión como fiscal de Memoria Democrática.
