Hacia una peligrosa legislatura
«El Gobierno controla a quienes deben controlarle y su intervención en la sociedad es cada vez más evidente»
Pedro Sánchez. | Alejandra Svriz
Todo hace prever que los acuerdos del bloque populista para investir a Pedro Sánchez están cerrados y que pronto tendremos un gobierno en plenitud de funciones. Si esta legislatura dura cuatro años, y las circunstancias no lo impiden, veremos cambios sorprendentes.
En efecto, desde 2018 se ha sustituido una democracia parlamentaria por una democracia mayoritaria de tendencia presidencialista con una sistemática vulneración de la división de poderes. Mucho me temo que en los próximos años se puede dar un paso más: el Gobierno procederá a ocupar en lo que pueda las instituciones de la sociedad civil. ¿Al modo polaco, húngaro, venezolano… catalán? Pues más o menos por ahí se andará la cosa.
Una evolución parecida la he vivido en Cataluña durante los años 80 y 90. Fueron los años de la «construcción nacional» de Pujol, una expresión de la que se burlaba Tarradellas: «¿Construcción nacional? Vaya tontería! La nación ya está construida, ahora lo que se debe hacer es gobernarla». Pues no, antes que gobernarla había que «moldearla»: Pujol sabía lo que se hacía.
En las manifestaciones a favor del Estatut, a fines de los setenta, los convergentes coreaban: «Avui paciència, demà independència«. Había que tener paciencia en esta grisácea época estatutaria para después dar el salto a la plenitud nacional, a la independencia. Lo prioritario era entonces construir la nación catalana, es decir, educar a los catalanes en el nacionalismo identitario, construir la nación era construir una identidad colectiva mediante una ideología transversal y común cuya finalidad principal consistía en considerar a Cataluña como una nación distinta y opuesta al resto de España: en lengua, en historia, en intereses, en costumbres y en manera de ser. De acuerdo con una expresión habitual en aquellos tiempos se debía «catalanizar Cataluña», una redundancia contraria a las ideas liberales, a los valores de libertad e igualdad.
Pujol, además, construyó con facilidad las instituciones políticas, las creó de la nada interpretando el Estatuto a su manera para poder manejarlas a su antojo. Se beneficiaba, claro, de la inexistencia de una oposición inteligente: la izquierda, socialistas y comunistas, estaban acomplejados, sólo pendientes de que Pujol y los suyos no les acusaran de anticatalanes. Convergencia ocupó las instituciones autonómicas y se convirtió, visto desde España, en el único partido que representaba a Cataluña. Así se lo reconocieron tácitamente el PSOE y el PP cuando le necesitaron para la gobernabilidad de España: «Démosles lo que pidan, hay que tener contentos a los catalanes». Un grave error.
Al mismo tiempo, Pujol se preocupó de ir penetrando en las instituciones de la sociedad civil: en los consejos escolares para que determinaran que el catalán debía ser la única lengua a utilizar en la escuela; en los medios de comunicación privados para neutralizar sus críticas, a pesar de que los públicos estaban en sus manos y han sido y siguen siendo el principal instrumento de «catalanización»; en las instituciones económicas para controlar a las empresas y crear un clientelismo que pronto degeneró en corruptelas varias; por supuesto, en el mundo de la cultura con ayudas y subvenciones que la politizaron de inmediato y, sobre todo, rebajaron su calidad.
En resumen, controlando a la sociedad en su conjunto para extender el miedo y crear una espiral del silencio que evitara toda crítica social. Lo consiguió y todo ello está en la base del llamado procés que se inicia a principios de este siglo.
«Su tarea en estos más de cinco años de gobierno ha sido ir eliminando la división de poderes, elemento básico del Estado de derecho, para evitar el control del Gobierno»
El PSOE de Pedro Sánchez lo ha tenido y lo tiene más complicado, pero la evolución no es muy distinta. Hasta ahora su tarea en estos más de cinco años de gobierno ha sido ir eliminando la división de poderes, elemento básico del Estado de derecho, para evitar el control del Gobierno. No se respetan las instituciones de control, ni siquiera el interno. La época de pandemia fue complicada y se salvó razonablemente bien en cuestiones sanitarias pero, a su vez, la improvisación y la urgencia razonables fue aprovechada para trastocar el sistema institucional y dar al gobierno unos poderes que solo podían justificarse en el período de pandemia. Incluso en los procedimientos internos, los informes necesarios para preparar debidamente las leyes y otras decisiones políticas, se han dejado de utilizar: prima la política, el nudo poder sin control alguno, para así proteger al Gobierno.
No digamos ya en los procedimientos parlamentarios. El Congreso y el Senado han estado al albur de las necesidades del Gobierno. Es sabido la proliferación nunca vista de decretos-ley, de leyes que se inician por parte de los grupos parlamentarios de los partidos gubernamentales para eludir los controles del Consejo de Estado y otros órganos de consulta. Sin ir más lejos, así se hará, sin producir escándalo, la proposición – que no proyecto – de ley de amnistía. O bien que el Letrado Mayor del Congreso que se nombra mañana haya ostentado el cargo de subsecretario hasta ahora mismo, además de su relación sentimental con otro muy alto cargo.
Cuando se pierden las formas se altera el fondo, en este caso el principio democrático. En la imparable degradación de estas formas – por tanto del fondo – este Gobierno parece no tener límites, la impunidad parece ser su estado natural. Todo ello, en último término, por la seguridad que le da el control del Tribunal Constitucional.
Las instituciones de control del gobierno se han subvertido como nunca y el sistema lo padece de forma evidente. Pero ahora parece que estamos entrando en una nueva fase: el control de la sociedad.
Hace un par de días, THE OBJECTIVE informaba del objetivo del Gobierno para adquirir importantes paquetes de acciones de las grandes compañías del Ibex. También se sabe que están presionando a asociaciones y fundaciones para que se sometan a las directrices del Gobierno. RTVE la han controlado en todo el período de gobiernos de Pedro Sánchez saltándose una ley apenas inaugurada. PRISA es considerada una empresa estratégica para evitar que entren en el accionariado grupos inversores extranjeros que podrían cambiar su orientación flagrantemente gubernamental.
Todo ello comienza a dar bastante miedo: el Gobierno controla a quienes deben controlarle y su intervención en la sociedad es cada vez más evidente. Pensábamos que el peligro populista provenía de Podemos pero ahora – una vez que el partido de Pablo Iglesias está en caída libre – nos damos cuenta que el populista es el PSOE con la ayuda de Sumar, que se define como partido (o Movimiento) instrumental. El nuevo Gobierno será pues de carácter populista, una especie de peronismo en fase de evolución hasta otras formas más peligrosas.
Mientras se mantenga firme la Unión Europea y sus miembros no evolucionen hacia el euroescepticismo propio de los nacionalistas, los riesgos de la política nacional son menores y la Constitución, más o menos, podrá mantenerse a salvo. En cierta manera al modo en que ha ido actuando hasta hace poco los órganos del Estado respecto a Cataluña.
Pero la UE puede entrar en una grave crisis política que ponga en cuestión su unidad. La situación de Alemania es inquietante por el ascenso comprensible de Iniciativa por Alemania y es posible, incluso probable, que la señora Le Pen sea la próxima presidenta de Francia. Nos encontraríamos con dos gobiernos, populistas y centrales en la construcción europea, que desearían reducir la Unión a un simple mercado común, no a una unidad política que debe preservar las instituciones democráticas y el Estado de Derecho. Entonces nuestra situación en España sería más que preocupante.
Prevenir es mejor que curar y no hemos sido suficientemente previsores. En la próxima legislatura nuestra democracia constitucional puede estar en peligro.
