Más apreturas a Sánchez
«El Congreso puede votar lo que sus señorías consideran que deberían hacer Netanyahu o Trump, pero no pueden exigir al presidente que convoque elecciones»
Imagen creada con inteligencia artificial.
La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, declaró ayer durante la sobremesa. Había sido citada por el PP para que depusiera en la Comisión de Investigación del llamado caso Koldo, pero ella declinó gentilmente la invitación y dijo que mejor lo hacía en la Comisión de Interior. Y por qué, se preguntarán ustedes, qué más dará. Pues resulta que sí da. Mentir en una comisión de investigación es delito y hacerlo en la Comisión de Interior no lo es. No sé si la razón de tal distingo es que ya había mentido toda la cadena jerárquica de la que Mercedes es un meritorio eslabón. Había mentido su superior inmediato, el ministro del Interior, al negar que ella hubiera tenido contacto con la Fontanera, que presumía de que la directora de la Benemérita era persona de su confianza y que Marlasca no. Y había mentido el jefe máximo, siempre y en todo lugar, con o sin necesidad.
Sin embargo, en lo que toca al ministro del Interior no queda más remedio que comprenderla. Fernando Grande Marlasca tampoco es persona de mi confianza. Una semana después de haber negado los encuentros y después de que la directora los hubiese admitido paladinamente —dos, según explicó, a lo que la UCO replicó como Groucho Marx al camarero de Una noche en la ópera: «En lugar de dos, pon tres»—, uno de ellos de oca, debía de pensar Marlasca al decir que su negativa se refería a que no había habido encuentros en los que Mercedes hablara con Leire sobre los hechos que son objeto de la trama, «o donde se hubiera hablado directa o indirectamente de la misma». O sea, que si habían quedado para hablar de sus cosas era otro asunto.
Esta es la segunda mujer que accede a la cúpula de la Guardia Civil. Tanto ella como su antecesora fueron nombradas por Grande Marlasca, pero no puede decirse que fueran dos aciertos de casting. María Gámez dimitió al haber sido imputado por corrupción su marido, Juan Carlos Martínez, que tenía una biografía tras haber sido jefe de prensa de Bernat Soria y jefe de gabinete de Gaspar Zarrías; no diré más.
El PP, por boca de Miguel Tellado, calificaba a Mercedes González de indigna de ocupar la dirección de la Guardia Civil por permitir desde su cargo la persecución de agentes de la UCO y que quien la nombró debería caer con ella.
Y después de la directora general, hoy tenemos a un expresidente declarando ante el juez. José Luis Rodríguez Zapatero debe declarar hoy y mañana, aunque ha pedido al juez que suspenda su declaración por la pieza separada que José Luis Calama abrió a partir del encuentro por la UDEF de un centenar de joyas en la caja fuerte del expresidente con un valor superior al millón trescientos mil euros. Sería el segundo aplazamiento, ya que la comparecencia estaba inicialmente prevista para el 2 de junio, pero el juez instructor dice en su auto que el mantenimiento de la cita para hoy y mañana no supone «ninguna merma real en su derecho de defensa».
La semana se cerrará con la comparecencia en el Senado de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, que deberá declarar sobre las reuniones mantenidas por la Fontanera con el abogado Jacobo Teijelo, el abogado de Santos Cerdán —Super Santos Cerdán, como decía un gozoso Zapatero antes de que le encontrasen el joyamen— y el número dos de G.ª Ortiz en la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe.
Mientras tanto, la socialista balear que detenta la Presidencia del Congreso de los Diputados paró en la Mesa la iniciativa de Junts para obligar al presidente del Gobierno a un adelanto electoral. La representación socialista y de Sumar en la Mesa del Congreso suma cinco de los nueve puestos y han resuelto que lo que propone Junts y apoya el PP es una usurpación de funciones que recogen en la moción de confianza, atribución exclusiva del presidente del Gobierno.
Es decir, que el Congreso de los Diputados de España puede votar lo que sus señorías consideran que deberían hacer Netanyahu o Donald Trump, pero no pueden exigir al presidente del Gobierno español que convoque elecciones cuando llevan tres años no ya sin aprobar presupuestos, ni siquiera sin presentarlos en el Congreso. Así las cosas, a nadie puede extrañar que el presidente español cediera el Sáhara a Marruecos sin informar siquiera de ello al Congreso de los Diputados.
Ya queda menos, tic tac, tic tac.