¡Qué par de presidentes!

Ayer, a la misma hora en que José Luis Rodríguez Zapatero comparecía ante el juez Calama para declarar sobre su presunta participación en el rescate de la compañía Plus Ultra, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se sometía a la sesión de control al Gobierno de los miércoles.

Sánchez estuvo en su ser al reprochar a Feijóo ponerse Savonarola cuando él fue designado «para tapar la corrupción de la señora Ayuso». Le faltó redondearlo acusando a la Fiscalía Anticorrupción y a la Fiscalía de la Unión Europea de haber cometido prevaricación por archivar la famosa causa del hermano. Y Sánchez lo ha repetido tres o cuatro veces en el Congreso. Cómo no le iba a gustar la fruta a la presidenta madrileña cuando lo oyó desde la tribuna de invitados. Hizo cumbre al ratificarse en que las elecciones serán en 2027 y los españoles compararán la España de 2027 con la de 2018 y la encontrarán mucho mejor. No sé si los españoles que van a votar serán mejores que los de 2018, pero sí que serán más, muchos más, gracias a la Ley de Nietos con la que va a adulterar gravemente el censo electoral.

Zapatero solo respondió al juez y se negó a dar respuestas a las preguntas de las acusaciones populares. Había tratado que el juez aplazara su declaración sobre las joyas encontradas por la UDEF en su despacho —quién les mandaría—; ya decía muy razonablemente el patriarca mayor de la corrupción en Cataluña: «¿Qué coño es eso de la UDEF?». Pero el juez no compartió esa razón y se negó a retrasar la cita. Zapatero alegó que necesitaba más tiempo para recabar documentación sobre el joyerío, palabra que no admite la Real, pero que sí recoge el Diccionario de Manuel Seco.

Tampoco le hacía falta. Le bastaba preguntar a los 61 testigos sincopados que están al cabo de la calle. Un suponer: Javier Ruiz, el sugar daddy de la tontita, que puso todo su empeño y el de sus colaboradores en dejar claro que las 103 piezas fueron un regalo de Arabia Saudí a Zapatero en el año 2007. ¿Y ellos cómo lo sabían? Cabe preguntarse. Elemental: por el entorno de Zapatero. Claro que estas confidencias solo debían ser un pourparler, porque para responder al juez necesita más tiempo: dónde habré puesto los papeles. Ruiz y los suyos sostenían que el presunto delito habría prescrito a los cinco años, diez si el valor del regalo fuera superior a los 600.000 euros. Y han pasado 19. Por otra parte, el entorno del receptor sostiene que en el momento en que las recibió no existía «legislación que prohibiera aquellos regalos, así que no se consideró que hubiera irregularidad».

Es mentira, claro. Dos años antes de recibir el regalo, el Gobierno de Zapatero había aprobado lo que pomposamente se llamó «Código de Buen Gobierno». Fue el 3 de marzo de 2005 y señalaba en su artículo 3.6 la obligatoriedad de rechazar cualquier regalo que vaya más allá de los usos habituales y de cortesía, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal.

«Primero eran las joyas de la abuela. Después terció su indigno portavoz diciendo que el valor de las piezas estaría entre 30.000 y 50.000 euros. Ahora tratan de establecer que es lícito aceptar regalos de 1.300.000 euros»

Unos años antes, la reforma del Código Penal que emprendió Juan Alberto Belloch en 1995 estableció en su artículo 422 que: «La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, admitiera, por sí o por persona interpuesta, dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su cargo o función, incurrirá en la pena de prisión de seis meses a un año y suspensión de empleo y cargo público de uno a tres años».

El asunto este de las joyas respira obscenidad por donde se mire. Los hooligans han ido adaptando a duras penas su versión a impulsos de la realidad. Primero eran las joyas de la abuela. Después terció su indigno portavoz diciendo que el valor de las piezas estaría entre 30.000 y 50.000 euros. Ahora tratan de establecer que es lícito aceptar regalos de 1.300.000 euros. Como temen que pueda no serlo, entonces no niegan que se haya cometido un ilícito penal y se conforman con decir que el delito está prescrito. El regalo se lo hizo el rey de Arabia Saudí, Abdalá bin Abdulaziz, cuando vino a recibir el Toisón de Oro de manos del rey Juan Carlos. Y si tal regalo hacía al presidente del Gobierno, ¿qué no haría al que le daba el Toisón?, pero esto no lo han aclarado. El caso es que Abdalá murió en 2015 y no se le puede preguntar. Los muertos le vienen muy bien al PSOE en estos lances. Acuérdense del finado Pedro Toledo a propósito del enjuague de Filesa, Malesa y Time Export.

El Gobierno negó 17 veces haber recibido los presentes. Debo reconocer que mi opinión sobre el entonces portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, subió varios enteros cuando dijo en el Congreso en mayo de 2010: «Ustedes están siendo opacos, no han devuelto ningún regalo ni han incorporado ningún regalo al patrimonio. Esto es un auténtico disparate, pero al final ustedes van a ser víctimas del disparate que han obligado a cometer a algunos». Quod erat demonstrandum.