P. S. y los nuevos españoles
«¿A quién se le ocurre que España pueda determinar de manera unilateral un asunto de tanto relieve sin notificarlo previamente a la Comisión Europea?»
Ilustración de Alejandra Svriz
«Ya tenemos Constitución y todo parece prometer que durará; pero en este mundo no hay nada seguro excepto la muerte y los impuestos», escribía a un amigo el padre fundador, Benjamín Franklin, quizá para señalar dos cosas: que los humanos somos de natural fungible y que estamos obligados con el Estado. Es una cláusula escéptica que, por un elemental ejercicio de prudencia, debemos suscribir en días como estos, en que se ha cerrado el plazo para la liquidación del IRPF y uno, las cosas como son, no es hermano del presidente del Gobierno para que la Agencia Tributaria le enseñe dónde tiene que domiciliarse para pagar menos impuestos; hasta ahí podíamos llegar. Dónde vivir es otra cosa.
O sea, que tenemos la muerte y los impuestos, además del Gobierno, que nos amenaza con la ley de los nietos, que en realidad, como bien ha dicho Bustos, debería llamarse la ley de los abuelos, un habilidoso enjuague mediante el cual el chamán de la Moncloa, ante la imposibilidad de hacerse con el amor de su pueblo, ha decidido que es más fácil para él cambiar de pueblo. El argumento es sencillo y parte de la famosa generalización de los derechos a la que tan aficionado es el Gobierno. En este caso, al de autodeterminación.
Si partimos de la base de que un ser humano puede decidir si es hombre o mujer a partir de la autopercepción y gracias al socialismo ya nunca más estará condenado a vivir preso en el cuerpo equivocado, a ver por qué no va a poder ser español si así le peta. Cualquiera de los españoles reales, usted mismo, amable lector, pensará que es una querencia rara la de ser español si con el mismo esfuerzo puede autodeterminarse danés, pongamos por caso.
Roberto Bodegas dirigió en el bajofranquismo, a mediados de los años setenta, una película titulada Los nuevos españoles, inscrita, como otras de la época (Españolas en París, Vida conyugal sana, etc.), en lo que se vino a llamar Tercera Vía del cine español, en la que José Luis Garci vino a ser el guionista antes de convertirse en uno de sus directores más característicos.
El caso es que vamos a tener 1,3 millones de nuevos españoles, calculando por lo bajo, aunque bien pudiera ser más, habida cuenta de las habilidades que ha venido demostrando Sánchez para alterar los censos: en las elecciones primarias del partido de 2016 o en las alteraciones señaladas por la UCO en las primarias de 2017 para favorecer a Sánchez frente a Susana Díaz y Patxi López.
Es un hecho más que notable que vayan a poder determinar las políticas a desarrollar en España estos nuevos españoles, que no conocen España, que no la han visitado y probablemente no la visitarán en el futuro y, sobre todo, que no han contribuido con sus impuestos; carecen de la certidumbre de Franklin sobre el tema. Pero estos nuevos votantes van a extender su autodeterminación electoral hasta el punto de poder elegir circunscripción, algo que nos está vedado a los españoles de siempre.
Por otra parte, la última estratagema del sanchismo podría entrar en colisión con las normas de la Unión Europea, más exactamente con el Pacto de Migración y Asilo. Los nuevos españoles van a tener abiertas de par en par las puertas de la Unión Europea y poder emigrar sin restricción alguna a decenas de países, algo que no podrían hacer con su nacionalidad de origen. Por otra parte, también van a tener acceso a coberturas sociales por ancianidad, asistencia sanitaria y acceso para sus hijos a la educación universitaria en Europa como ciudadanos comunitarios.
Varios dirigentes europeos le han afeado a Pedro Sánchez las maneras en unos términos que hasta el propio Sánchez habrá entendido y que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, explicó con tanta sencillez como eficacia: «Lo que haces afecta a otros países». ¿A quién se le ocurre que España pueda determinar de manera unilateral un asunto de tanto relieve sin notificarlo previamente a la Comisión Europea ni establecer coordinación alguna con otros Estados miembros? No parece que esto sea el deber de cooperación leal que exige el artículo 4.3 del Tratado de la Unión. Tengo la impresión de que a Pedro Sánchez tampoco le va a salir esta jugada.