El Gobierno inicia el proceso judicial contra el pin parental de Murcia
El Ejecutivo solicita «con carácter de urgencia» una medida cautelar que suspenda el veto de los padres al permiso parental
El Gobierno ha interpuesto este martes un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia contra la resolución de la Consejería de dicha comunidad sobre el «pin parental» o permiso de los padres para que sus hijos asistan a actividades escolares complementarias. Lo han informado a Efe fuentes del Ministerio de Educación, que han añadido que se ha solicitado «con carácter de urgencia» la adopción de una medida cautelar consistente en la suspensión de las instrucciones recurridas sobre dicho permiso.
El recurso se presenta después de que Murcia no haya respondido al requerimiento enviado el pasado 17 de enero por el departamento dirigido por Isabel Celaá para que retirara el pin parental. En los últimos días, el ejecutivo murciano ha asegurado que no suprimirán el permiso parental a menos que así lo exija una instancia judicial. El consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán, manifestó el lunes que tienen la «tranquilidad» de contar con avales jurídicos y de inspección para esa medida.
La «autorización familiar para actividades complementarias» cuenta «con el aval suficiente» de los informes de los servicios jurídicos y de inspección de la Consejería de Educación, por lo que el Gobierno murciano tiene «la tranquilidad» de que «las cosas se han hecho bien» y con ese respaldo. Y argumentó que la autorización de los padres «es un tema de convicción» y que «la libertad de los padres tiene que primar sobre todo», siempre de manera compatible con la ley.
Isabel Celaá ha insistido en varias declaraciones que no se pide permiso a los padres para «actividades voluntarias, sino actividades complementarias, que son materia curricular obligatoria y evaluable». Para la responsable de Educación, la instrucción del Gobierno murciano «es inventarse un problema que menoscaba la competencia de los centros escolares, de la comunidad educativa y que va contra la libertad de cátedra de los docentes». Celaá dio a Murcia, en enero, un mes de plazo para «restaurar la legalidad» y retirar el veto parental antes de recurrir a los tribunales, como finalmente ha ocurrido.
El polémico pin parental es una medida impulsada por Vox[contexto id=»381728″] en Murcia a cambio de apoyar al Gobierno del PP y Ciudadanos de dicha región y se alega que los padres deben dar su permiso para que sus hijos participen de actividades y charlas, en especial sobre las que tratan temas de diversidad y afectivo-sexuales.
Desde el principio ha contado con el rechazo del Gobierno central y de la gran mayoría de autonomías y la comunidad educativa. Andalucía y Madrid, comunidades donde Vox también quería implantar el permiso parental, se han desmarcado de la medida.
